Diversos criterios se expusieron en la sesión 303 del Pleno por parte de los legisladores de distintas bancadas legislativas quienes al presentar sus aportes al proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, consideraron que la normativa debe ajustarse a la realidad que vive el país en esta materia, tomando en cuenta no solo la serie de accidentes que se producen a nivel nacional, sino que se garantice los derechos del pueblo ecuatoriano.
En el debate, el legislador Esteban Melo señaló que la Agencia Nacional de Tránsito deber ser el organismo que regule la capacitación y formación de los conductores. Llamó a los ecuatorianos a la reflexión ya que la mayor parte de accidentes no son consecuencia de asuntos mecánicos.
Esperanza Galván propuso que las operadoras de transporte público mantengan una caja común para los ingresos producto de sus actividades debidamente autorizadas.
Por su parte, el asambleísta Paco Fierro expresó que en el Ecuador los accidentes de tránsito se incrementaron en el 18.1% entre el año 2012 y 2013, y la imprudencia y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes de tránsito, por ello, dijo que es necesario dictar normas para reducir esos altos índices de accidentalidad.
El legislador Mauro Andino indicó que en el año 2014 se registraron 32.186 accidentes de tránsito especialmente en Pichincha, Guayas, Tungurahua y Azuay, por tanto, precisó que urge que se cumpla la ley para evitar accidentes de tránsito.
El asambleísta Gabriel Rivera dijo que no se puede garantizar el negocio privado de escuelas de conducción, cuya capacitación la pueden asumir universidades y el Secap. Propuso que los agentes civiles cuenten con facultad de sancionar.
Entre tanto, Ricardo Moncayo expresó la preocupación por las vallas de seguridad ubicadas al borde las carreteras, mismas que no son firmes. Dijo que el Estado no debe monopolizar la emisión de pólizas de seguro.
La vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, la legisladora Lídice Larrea, señaló que urge recuperar el espíritu de los seguros a favor de las víctimas de accidentes de tránsito, por lo que propuso la creación del sistema público para el pago de accidentes de tránsito en reemplazo del SOAT y que es necesario reformular la visión sobre atención a víctimas de accidentes de tránsito.
En cambio, Rodrigo Reyes, alterno de la legisladora Soledad Buendía, precisó que existe un vacío legal sobre la presencia de transporte ilegal. Subrayó que es necesario reforzar la regulación de la homologación vehicular, por ello, propuso una reforma al artículo 86 que determina que los medios de transporte empleados en cualquier servicio establecido en la Ley de Tránsito deberán contar obligatoriamente con el certificado de homologación conferido por la Agencia Nacional de Tránsito como requisito obligatorio, previo al ingreso al país y su comercialización, de acuerdo con el reglamento específico que deberá prever las acciones de control y sanción sobre quienes no acaten esta disposición.
El parlamentario Fausto Cayambe pidió que la Agencia Nacional de Tránsito, en el plazo de 360 días, defina la naturaleza jurídica de las operadoras de transporte que pueden tener la condición de cooperativas y compañías.
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