El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Carlos Velasco, presentó el proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Drogas y Uso y Consumo de Sustancias Catalogadas sujetas a fiscalización, por el cual se establece el marco institucional para estas, así como determinar las obligaciones de los sujetos de control y los efectos de sus incumplimientos.
El documento contiene 25 artículos relacionados con el régimen institucional, facultades, obligaciones, faltas y sanciones administrativas, procedimiento.
Para efectos de prevención y atención integral de uso y consumo, se entenderá por drogas todas las bebidas con contenido alcohólico; cigarrillos y otros productos derivados del tabaco; sustancias estupefacientes, psicotrópicas y medicamentos que los contengan; sustancias de síntesis; y, sustancias de uso industrial y diverso como pegantes, colas y otros que son usados a modo de inhalantes.
Carlos Velasco propone declarar de interés nacional la política pública encaminada al abordaje del fenómeno social de las drogas, así como los planes, programas proyectos y actividades que adopten o ejecuten los organismos competentes, precautelando los derechos humanos y las libertades fundamentales, mediante la participación social y la responsabilidad pública y privada, en procura del desarrollo humano dentro del marco del buen vivir o sumak kawsay.
Según la propuesta, las personas naturales y jurídicas calificadas mantendrán un registro actualizado de la siembra, cultivo, importación, exportación, producción, comercialización, almacenamiento, transporte, utilización, prestación de servicios y reciclaje de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, debiendo reportar a la Secretaría Técnica los datos reales sobre su elaboración, existencia y venta, dentro del plazo de los diez primeros días del mes siguiente.
El incumplimiento de esta obligación será sancionado con multa de uno a tres salarios básicos unificados del trabajador en general.
El legislador advirtió que el uso y consumo de drogas se ha convertido en un motivo de preocupación por sus consecuencias económicas, sociales y fundamentalmente sanitarias, puesto que han cambiado las motivaciones de las personas para usarlas o consumirlas.
Explicó que la manera en la que se regula y controla las drogas y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización es una demostración de que en el Ecuador no es posible continuar respondiendo a esta problemática con el enfoque tradicional, que propende al encarcelamiento del consumidor de drogas y que solo ha logrado ocultar los problemas con una lógica segregativa y de exclusión social a una parte vulnerable de la población.
Aseveró que su proyecto comienza con la transformación de la institucionalidad acorde con la nueva organización del Estado a partir de la misma Constitución, permitiendo fortalecer y asegurar un marco de políticas más justas, humanas y eficaces, un mejor acceso a un sinnúmero de derechos y servicios que suelen ser vulnerados, así como también un mejor control sobre las sustancias cultivadas, producidas, distribuidas, comercializadas y consumidas en el país.
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