A fin de dar una solución al problema de transporte y atender la necesidad social de servicio público, el ex director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Tránsito, Guillermo Ramos, señaló la necesidad de que se establezca un sistema integrado en el sector del transporte terrestre, con políticas claras, planes generales preparados por la Función Ejecutiva para ser aplicados a nivel nacional, que permitan alcanzar el buen vivir de las personas.El ex funcionario, quien acudió a la Comisión de Desarrollo Económico, indicó que las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial debe ajustarse a la normativa constitucional, que establece las competencias para los organismos descentralizados en lo que tiene que ver con la planificación, regulación y control del tránsito y transporte público dentro de su territorio cantonal, incluyendo la forma cómo se organiza a los transeúntes, conductores y medios de transporte para que fluyan en la vía pública, ajustándose a un conjunto de reglas de control y seguridad vial.
Hay que definir las facultades que aún no han sido reglamentadas para su transferencia y aplicación, por lo que consideró de vital importancia las reformas a la Ley de Tránsito en las que deben constar claramente estos aspectos, lo que implica desmantelar al organismo nacional de regulación y control, retirándole las competencias que constitucionalmente ya no le pertenecen, para otorgarlas a los organismos autónomos descentralizados. Para cumplir con estas responsabilidades, la Ley ha de definir cuáles serán las funciones que del Concejo Municipal y cuáles las del alcalde.
Explicó que en el país no existen políticas públicas a nivel nacional, hecho que ha derivado en la proliferación de varias formas o modalidades de transporte, que han ido apareciendo de acuerdo con las necesidades de las personas y, con ello, la duplicidad de la informalidad amparándose en el derecho al trabajo, lo cual debe ser regulado, a fin de poner límites al crecimiento irregular sin planificación e impedir el deterioro de la calidad del servicio.
Consideró que la normativa de tránsito tiene que articularse con el Código Territorial, en materia de tránsito y transporte terrestre.
En esta sesión de trabajo, Guillermo Ramos subrayó que el transporte es un bien público que no puede ser descuidado por el Estado ni tratado como una actividad secundaria ni manejada como un bien privado, sujeta a las leyes del mercado y a las manos invisibles de las mafias que lo controlan, a fin de terminar con la corrupción existente en esta materia.
Para ello, hay que regular el transporte terrestre, determinar una planificación de rutas y frecuencias con políticas nacionales, clarificar y determinar las modalidades de transporte, establecer el financiamiento para la Comisión Nacional de Tránsito, definiendo el presupuesto que se obtiene por matriculación, licencias, multas. Para conocer datos reales sobre estos ingresos, la Comisión solicitará información sobre los mismos a los organismos competentes.
JLVN/eg
