El Director Nacional de Tránsito, coronel Pedro Calero, aseguró que existe negligencia de los jueces para despachar las contravenciones de tránsito, pues de las 880 mil contravenciones registradas en el sistema de datos de la Policía, apenas 47 mil han sido despachadas, provocando de esta manera una pérdida para el Estado de 33 millones de dólares. En estos datos no se incluye los de la Comisión de Tránsito del Guayas, dijo.Este criterio fue expuesto en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Saruka Rodríguez, a donde fue invitado el alto oficial para que informe sobre las contravenciones de tránsito, delitos, multas y sanciones.
Luego de un intenso debate con los integrantes del organismo legislativo sobre los motivos del represamiento de los juicios de tránsito, llegaron a la conclusión que existe ineficiencia de los jueces para despachar de manera ágil las contravenciones de tránsito, a pesar del trabajo realizado por los agentes de tránsito de velar por la seguridad de las personas. Al no existir una sentencia en firme, más de 11. 400 conductores siguen en las carreteras con 0 puntos en sus licencias; y, 1.400 con licencias revocadas, dando lugar a una corrupción generalizada, subrayó.
Explicó que los juzgados no dan el tratamiento adecuado a los problemas de tránsito, por ello las licencias con 0 puntos ni las revocadas no pueden ser retiradas, es decir, no cumplen su misión, ya que lamentablemente lo único que hacen es archivar las boletas que son emitidas por los policías de tránsito.
Para dar una solución a esta problemática, pidió que se le devuelva al agente de tránsito la facultad para sancionar directamente infracciones leves, a la vez que sugirió que en las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que analiza la Comisión 4, se establezcan claramente las funciones de la Dirección Nacional de Tránsito y el procedimiento para la transferencia de competencias a los organismos descentralizados que deberán asumir el control y regulación de tránsito sin seguir los trámites respectivos, pues el Municipio requiere del apoyo de la Policía y si no está regulado en la Ley, no existirá la eficiencia esperada, es decir, que se determine que el órgano rector es el Municipio y la Policía tiene que acatar las políticas y ordenanzas del mismo.
Con la finalidad de investigar estos hechos denunciados por el Director Nacional de Tránsito sobre el sistema de administración de justicia, el asambleísta Rafael Dávila solicitó a la presidenta del organismo legislativo, convoque para el próximo miércoles 2 de junio al Presidente de la Comisión Nacional de Tránsito, a los jueces de contravenciones de Pichincha y al representante del Consejo Nacional de la Judicatura.
Dávila señaló que los 33 millones de dólares que no se recaudan por multas deben servir para financiar el proceso de juzgamiento y para dar un mejor servicio y agilidad a los procesos, es por ello que conviene citar a los funcionarios para que expliquen las razones por las cuales no se ha mejorado el sistema de administración de justicia, a la vez que pidió al coronel Pedro Calero entregue el detalle de la recaudación de multas.
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