La Comisión de Educación, presidida por la asambleísta Ximena Ponce, resolvió, por unanimidad, que el proyecto de reforma a la Ley de Educación Intercultural (LOEI) propuesta por el legislador Wilson Chicaiza, se incorpore como insumo a una posible reforma integral a la referida normativa, hecho que se notificará al Consejo de Administración Legislativa.
La modificación al artículo 134 de la LOEI establece que “los estudiantes no serán separados definitivamente de la institución educativa a la que pertenecen cuando los actos de protesta se hayan producido ejerciendo el derecho a la resistencia conforme lo dispone la Constitución vigente, lo que conllevaría a que el estudiante luego de la amonestación recibida continúe en su misma institución educativa”.
El parlamentario Chichaiza sostuvo que el artículo 98 de la Carta Política garantiza a los colectivos e individuos el derecho a la resistencia, al recordar que muchos estudiantes, el año pasado, especialmente del Colegio Mejía, salieron a las calles, ejerciendo el derecho a expresarse, en rechazo al anuncio del incremento del precio de pasajes del transporte, pero fueron tratados como vándalos.
Aseveró a unos se les suspendió, a otros se les expulsó de la institución. 26 de ellos procedieron a retirarse de los estudios y 26 siguen en el sistema.
Ricardo Moncayo respaldó la iniciativa, al enfatizar que está sustentada en la norma constitucional.
Entre tanto, Gastón Gagliardo, Raúl Abad, Pilar Almeida y Herman Moya concidieron en expresar que efectivamente la Constitución garantiza el derecho a la resistencia siempre que no afecte los bienes públicos y privados y, lo que es más, el derecho de los demás a una convivencia pacífica.
En los gobiernos neoliberales sin mayor análisis se expulsaba a los alumnos que desarrollaban jornadas de protesta, mientras en la actualidad se pone en marcha un proceso de investigación y en caso de sanción y separación de la entidad se da lugar a la reubicación en otro plantel, enfatizaron.
MG/pv
