En la continuación del primer debate del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales Rurales, los asambleístas al resaltar que la Ley beneficiará al sector campesino del país, reiteraron la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria para las futuras generaciones.
La asambleísta Isabel Mosquera destacó que con la Ley se busca crear una nueva estructura en materia agraria rural y que se trabaja en la construcción de una ley que sea equitativa y saque al pueblo montubio del subdesarrollo.
Es necesario que la nueva Ley de Tierras obligue al organismo rector para que en cada nueva adjudicación que haga a cooperativas agrícolas, asociaciones, corporaciones y más gremios, se destine un área para vivienda rural con la coordinación de las autoridades competentes.
De su lado, Ángel Rivero dijo que la Ley de Tierras es un homenaje a los indígenas que por exigir condiciones justas fueron asesinados y que ha llegado el momento histórico para poner fin a la concentración de la tierra y democratizar ese medio de producción.
La ley recoge la aspiración histórica de los campesinos, especialmente de los pequeños agricultores, sustentada en bases fundamentales como la transferencia de tecnología, proceso de valor agregado a la pequeña y mediana producción, infraestructura de riego, así como una adecuada comercialización. Propuso que en la norma se fije un costo referencial, costo social de la tierra para poder acceder.
Para Magaly Orellana la ley debe considerar un conocimiento profundo de la realidad que vive el campesino ecuatoriano. “No se debe proteger al que más dinero tiene para aplastar al que no tiene, al que con esfuerzo y trabajo tiene su pedacito de tierra”, dijo.
Alberto Zambrano expresó que después de 50 años de legislación agraria persiste la enorme brecha entre ricos y pobres. Además que Ecuador siendo uno de los países más pequeños de América del Sur, mantiene el índice más alto de inequidad en acceso a la tierra.
Aseveró que el 95% de los campesinos de la provincia de Orellana tienen fincas de 75 y 80 hectáreas, no hay ningún campesino que tenga más de 100 hectáreas.
Armando Aguilar recordó que la Ley de Tierras prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra; señaló que en el centro del país se concentran propiedades de hasta 5 hectáreas, de donde sale la mayor parte de producción para soberanía alimentaria. Es urgente una revolución agraria del país, basada en la entrega de tierra, aseveró.
Propuso la suspensión de procesos de remates de propiedades rurales que se dedican a la agricultura familiar.
Hoy iniciamos el debate de una verdadera revolución agraria y alimentaria dijo Mary Verduga, al precisar que la Ley de Tierras es absolutamente necesaria para reconocer el trabajo del campesino.
Marisol Peñafiel sostuvo que se debe considerar la perspectiva de género y generacional en las leyes y avanzar en la revolución agraria, al tiempo que precisó que es invisibilizada la tarea agrícola que realizan mujeres.
Miguel Moreta aseveró que para fomentar la revolución agraria se debe pensar en las alianzas estratégicas, mejorar los trámites de titularización de tierra y democratizar el crédito. Ramiro Vela expresó que solo el 5% de la tierra tiene niveles altos de fertilidad, por tanto se debe tratar con responsabilidad ésta norma fundamental para el país.
René Yandún solicitó analizar competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente los provinciales, en función del sector productivo y plantea que en causales de expropiación conste el cultivo ilegal de plantas que producen sustancias estupefacientes.
María Augusta Calle invocó a reconceptualizar lo que significa la estructura de la agricultura familiar campesina; precisó la necesidad de revalorizar el papel de la mujer en la agricultura campesina y que la redistribución de tierras es una necesidad, afirmó.
Mientras tanto Pamela Falconí manifestó que hablar de tierras, es hablar de soberanía alimentaria, ambiente y acceso con real planificación. Se debe ponderar la protección a la naturaleza en la ley, dijo.
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