La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, en la sesión 197, resolvió convocar para el próximo 11 de marzo, a partir de las 09:00, al Fiscal General, Galo Chiriboga; a los ministros de Justicia, Ledy Zúñiga y de Cultura, Francisco Borja, así como al director del Registro Civil, Jorge Troya.
Dichos funcionaros deberán responder por el incumplimiento a la solicitud de información de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, en torno a sus responsabilidades establecidas en la Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.
Mauro Andino indicó que el 6 de marzo se procederá a la correspondiente notificación a las autoridades con las preguntas formuladas, oportunamente, por escrito, por la titular del Legislativo y de los comisionados, los que tendrán también la oportunidad de realizar inquietudes de manera verbal, sobre la temática, al enfatizar que el evento se desarrollará en el salón de los expresidentes (segundo piso de la sede legislativa).
Reformulan proyecto
En otro ámbito, el organismo parlamentario recibió al viceministro de Negociación, Integración y Defensa Comercial, Genaro Baldeón, quien presentó oficialmente una nueva propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, tendente a normar los derechos de propiedad intelectual, que fue trabajada por el Ministerio de Comercio Exterior, la SENESCYT y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.
Concretamente, la reforma determina la necesidad de tipificar como delito penal, no solo como simple contravención, la falsificación dolosa de marcas y la piratería lesiva de derechos de autor, lo que implicaría el decomiso y la confiscación de mercancías que violan los derechos de propiedad intelectual, explicó, tras solicitar que la iniciativa sea tratada como prioritaria, a fin de responder a los compromisos adquiridos por el país dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Acuerdo con la Unión Europea.
Mencionó que “la persona que fabrique o comercialice a escala comercial mercancías, o su envoltorio que sin la debida autorización lleven puesta una marca idéntica a la válidamente protegida para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, será sancionada con pena privativa de libertad de 31 a 45 días y una multa…”
MG/pv
