La delegación ecuatoriana de alto nivel, conformada por representantes de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, expuso ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos los resultados de la aplicación de políticas públicas y normativa legal, con miras a consolidar al Ecuador como un país igualitario y equitativo.
La Vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, asambleísta Gina Godoy Andrade, fue parte de esta delegación en representación de la Asamblea Nacional.
Esta víspera se realizó la presentación del informe octavo y noveno de Ecuador ante el Comité para Eliminación de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
La delegación ecuatoriana estuvo conformada por Cecilia Vaca, ministra Coordinadora de Desarrollo Social; Alexandra Jaramillo, viceministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; Gina Godoy, vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional; Yina Quintana, presidenta del Consejo para la Igualdad de Género y Karina Peralta, vocal principal del Consejo de la Judicatura.
El informe destacó los avances alcanzados por el Estado ecuatoriano gracias a la decisión política del Gobierno Nacional en materia de derechos, entre ellos los derechos de la mujer, niñez y adolescencia a vivir libres de toda forma de violencia, así como el trabajo efectuado para cambiar los patrones culturales y la generación de una nueva normativa penal que establece sanciones para los delitos de violencia de género e intrafamiliar.
Respecto de la igualdad y no discriminación, se expuso que Ecuador priorizó la atención a las mujeres que enfrentan algún tipo de exclusión e incluye políticas públicas y leyes orientadas a eliminar las brechas entre hombres y mujeres. Además, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), tipifica los delitos de odio en razón de sexo, género y orientación sexual y sanciona el femicidio, que es la expresión de violencia más extrema contra una mujer por su condición de género.
Se destacó también la institucionalización de los Consejos de Igualdad, entidades orientadas a la observancia y seguimiento de la aplicación y transversalización de los mecanismos que buscan el adelanto de las mujeres, así como la creación de unidades judiciales especializadas en violencia contra la mujer y la familia a escala nacional que articulan de forma integral las denuncias de violencia de género e intrafamiliar, garantiza la reparación a la víctima, sanciona al infractor y aporta a la lucha contra la impunidad.
Sobre el acceso de la mujer a los servicios de educación, salud y trabajo, los indicadores señalaron que el Ecuador ha alcanzado la universalización de la educación básica, con un 96%. Además de la erradicación del analfabetismo, cerca de 200 mil mujeres han sido alfabetizadas. En acceso a la educación superior, el 47% de becas se asignó a mujeres.
El Estado prioriza y garantiza servicios de planificación familiar, salud sexual y reproductiva a toda la población, a través de la ampliación de los servicios gratuitos.
En relación al trabajo, a través de la Ley Orgánica de Servicio Público, el Estado aseguró la presencia paritaria de hombres y mujeres en los cargos de nominación y designación. Actualmente, se encuentra en debate la Ley para la Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en el Hogar.
Por su parte, las expertas que conforman la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), por sus siglas en inglés, destacaron los avances alcanzados por el Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos y en particular de los derechos de la mujer.
"Felicitamos las exposiciones sobresalientes de la comitiva ecuatoriana por la aplicación de medidas de acción afirmativas, el acceso a espacios públicos y participación política, así como la tipificación de los delitos de violencia contra la mujer en el nuevo Código Penal", aseveró una de las expertas de CEDAW.
El informe presentado por el Ecuador, en Ginebra, destacó los mecanismos para el adelanto de la mujer, situación de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, participación pública y política, salud, empleo, educación, igualdad ante la ley, entre otros, ejes basados en los artículos de Cedaw.
