Una nutrida delegación de la Federación Nacional de Operadoras de Transportes de Taxi del Ecuador, Fedotaxi, acudió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, para solicitar que se formalice como una modalidad de contratación la entrega de un porcentaje de la producción económica diaria como remuneración del conductor y que el horario para la jornada nocturna de trabajo y la vigencia de la tarifa nocturna para los taxis inicie a las 19:00 y concluya a las 06:00 horas del siguiente día.
La comisión, después de escuchar al representante de este gremio, resolvió convocar a la Directora Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito, María Belén Noboa, a fin de que emita sus criterios al respecto.
También solicitará el criterio técnico la Agencia Nacional de Tránsito sobre la jornada y la tarifa nocturna del taxismo ecuatoriano.
Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transportes de Taxi del Ecuador, Fedotaxi, al indicar el gremio agrupa a 60 mil taxistas, exhortó para que se incorpore un párrafo que aclare el tipo de contrato por el cual el trabajador tiene acceso a la repartición de utilidades; que los propietarios de taxis autorizados puedan realizar contratos de trabajo de participación con sus conductores que serán choferes profesionales, para que trabajen en determinadas horas o días, a cambio de la entrega de un porcentaje de la producción económica diaria como remuneración.
Propuso, además, que se declare como trabajadores autónomos a los transportistas terrestres que sean propietarios de las unidades, socios o accionistas de las operadoras autorizadas, de modo que puedan acceder al Seguro Social General, como afiliados voluntarios, a la vez que aseveró que de esa manera se busca dar estabilidad al chofer en el trabajo.
La presidenta de la comisión, Betty Carrillo, informó que en el tema de la jornada nocturna ya existe una resolución del Ministerio de Trabajo, misma que debería ser considerada en la ley.
Seguridad privada
Así mismo los trabajadores de seguridad privada de las empresas SENAPRO CIA LTDA e ICSSE LTDA, prestadoras de servicios a Petroamazonas EP y Petroecuador EP de las provincias de Sucumbíos y Orellana, sostuvieron que están violando los derechos constitucionales, consagrados en el artículo 66 literal 3 que establece que los trabajadores tienen la libertad de formar organizaciones, al argumentar que son despedidos por intentar organizarse a nivel de sindicatos y comités de empresa.
Jesús Callachi y Wilson Muñoz, de Senapro e ICCSE respectivamente, sostuvieron que por ser dirigentes son despedidos y solicitaron una fiscalización en las áreas petroleras donde prestan los servicios complementarios las empresas.
Sobre este caso la Comisión, pedirá información a Petroecuador, Petroamazonas y al Ministerio de Trabajo
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