Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral de Drogas y Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas de Fiscalización.
El tráfico de droga no ocurre en un vacío, sino que se interrelaciona con otros delitos en un entorno altamente complejo, de está forma se vincula con otros hechos ílicitos como el lavado de activos, la trata de personas y contrabando, entre otros (Barranquero, 2001: 598). La importancia de enfrentar el problema de los delitos económicos yace en que esto no solo contribuye a su erradicación, sino también contribuye al debilitamiento de otras actividades conexas.
Es imperativo reconocer el contexto regional de seguridad y su vinculación con la actividad económica criminal. Ecuador es un país con una economía dolarizada, y limita con los dos países productores de droga más importantes de América del sur, Colombia y Perú. Esta coyuntura hace del país un punto atractivo para actividades económicas ilícitas relacionadas con la actividad criminal de los países vecinos. Al mismo tiempo, vale la pena advertir que no toda actividad ilícita en el Ecuador es importada de los países vecinos o tiene necesariamente una conexión con ellos.
La lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas ha puesto su atención en la delincuencia organizada y la operación de la misma en el Ecuador. Si bien no existe una definición completa y universalmente aceptada de “delincuencia organizada”; instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional proponen definiciones problemáticas, por ejemplo, al considerar como grupos organizados a aquellos
[…] de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.” (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Artículo 2).
Tal definición permite comprender como grupos de crimen organizado a una multiplicidad de organizaciones, y el tema gana mayores complejidades cuando se consideran los elementos transnacionales de las mismas.
La necesidad de generar soluciones ante este problema en particular no es nueva, y el país ya cuenta con estructuras encaminadas a brindarlas. Sin embargo, es imperativa la consideración que el fenómeno organizado tiene un importante efecto en diferentes aspectos, que incluyen la seguridad del Estado, la corrupción, y la generación de economías ilícitas, por mencionar sólo algunos de ellos. Una vez más la cooperación entre diversas instituciones, sus programas y tareas es fundamental.
La lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas ha marcado durante años las agendas de seguridad y de defensa al interior del continente, pero ha dejado una deuda pendiente al no reconocer las repercusiones e impactos reales y negativos en la vida de las personas. En consecuencia, lo que se requiere es un sistema legislativo integrado y completo, que establezca acciones destinadas a la prevención, la reinserción, la rehabilitaciones por los efectos de las drogas.
En ese sentido, corresponde al Estado, además de liderar la lucha contra la producción de estupefacientes, hacer frente a los efectos sanitarios que ésta conlleva. La salud física y mental de la población requieren acciones que impidan el acceso a sustancias estupefacientes, así como también, ante el uso y consumo debe establecer medidas que garanticen la curación y rehabilitación social de toxicómanos.
PROPUESTAS QUE SE REALIZAN AL PROYECTO DE LEY
Para esto será necesario, que se incluya:
En el artículo 17 que “Ninguna persona natural o jurídica podrá dedicarse a la siembra, cultivo y producción indicados, ni aun con fines de experimentación, sin disponer del correspondiente registro”.
En el artículo 21 que serán sancionas quienes vendan de precursores o sustancias químicas: “sin previamente comprobar de modo diligente que cuenten con la calificación correspondiente otorgada por la Secretaría Técnica de Drogas”, para lo cual, “la Secretaría Técnica de Drogas implementará las máximas medidas de seguridad para garantizar la autenticidad de las calificaciones y autorizaciones conferidas”.
En el artículo 14, que sea competencia de la Secretaría Técnica de Drogas:
10. Mantener un registro de los tratamientos extraterapéuticas a las y los adictos y farmacodependientes en proceso de deshabituación, que se encuentran en los Centros de asistencia especializados.
En materia de reinserción y rehabilitación se busca incorporar un artículo innumerado que establezca que:
“La Autoridad Nacional de Salud Pública implementará centros de asistencia especializados, para el tratamiento, atención y rehabilitación, respetando siempre la integridad y la libre decisión de las y los adictos y farmacodependientes.
La ubicación de estos centros observará el impacto de las adicciones en cada provincia del Ecuador”.1
Considerando que el problema de las drogas no solamente afecta a la persona con problema de adicción sino a toda su familia, se incorpora un artículo innumerado que diga:
“Los servicios que proporcionen los centros además de la asistencia médica, psicológica y de desintoxicación, incluirá la rehabilitación, la resocialización y la reinserción de las personas con problemas de adicción”.
El tratamiento incluirá la orientación, atención y capacitación de la familia o a terceras personas que convivan con personas con problemas de adicción”.
Con la finalidad de garantizar la implementación de esta y otras políticas públicas relativas al tratamiento integral del problema de las drogas se incluye una disposición general que diga:
“Disposición General Séptima.- Los valores que el Estado obtenidos por concepto de faltas administrativas se destinará al tratamiento integral del problema de las drogas a cargo de la Autoridad Nacional de Salud Pública”.