EN SANTA ELENA INICIÓ SEGUNDA FASE DE CONSULTA PRELEGISLATIVA DE LEY DE TIERRAS

Miércoles, 10 de junio del 2015 - 12:28 Imprimir

  

Organizaciones de segundo grado se dieron cita al auditorio de la Federación de Comunas de Santa Elena para dar sus criterios respecto de los tres temas sustantivos que podrían afectar su derechos colectivos, dentro del proceso de la consulta prelegislativa del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.

Asistieron representantes de microempresarios, comuneros Valdivia, del Recinto Icedae, Comuna Manantial de Colonche, Asociación de Ganaderos de Santa Elena, comuna Bambil Desecho, Asociación Agropecuaria Colonche, comuna Dos Monjas, quienes se interesaron en conocer el alcance del proyecto que es tramitado por la Comisión de Soberanía Alimentaria.

El vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño, recordó que la normativa que se discute a nivel nacional es el resultado de la unificación de cinco iniciativas tanto de legisladores como de la Fenocin.

Explicó que la propuesta surge de la necesidad de actualizar la Ley de Desarrollo Agrario, misma que permitió hasta 1998 fraccionar y vender tierras comunitarias, mientras que la nueva ley busca regular la titulación de las tierras y territorios en posesión ancestral, por tanto se debe establecer el Fondo Nacional de Tierra para el acceso equitativo y la redistribución de tierras a sectores campesinos. Hay que desarrollar y hacer efectiva la prohibición constitucional del latifundio y de la concentración de tierra, añadió.

Recordó que en la ley actual el incumplimiento de la función social no es causal de afectación y no se habla de la función ambiental ni de su cumplimiento, es decir no es causal de afectación.

Añadió que el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales garantiza la soberanía alimentaria en el Ecuador; el cumplimiento de la función social de la propiedad agraria; el cumplimiento de la función ambiental, es decir, que debe estar dedicada a la producción amigable con el ambiente o a la conservación de páramos, protección de bosques u otra actividad en beneficio del ambiente. En la normativa se determina que el incumplimiento de la función social y de la función ambiental será causal para afectar la propiedad de la tierra.

Indicó que el proyecto busca garantizar la redistribución de la tierra productiva, de manera que los campesinos sin tierra o con tierra de mala calidad puedan acceder a tierra y a créditos o incentivos para la producción.

Además se simplifican los trámites administrativos para que quien posea tierra productiva pueda obtener adjudicación y de manera ágil el título de propiedad sobre sus tierras. No se puede afectar ni a tierras comunitarias ni a territorios indígenas, agregó.

Añadió que para proteger la agricultura familiar y ligada al sector de la economía popular y solidaria, no se afectará por ninguna causa a propiedades que tengan menos de 25 hectáreas en la sierra, 75 hectáreas en la costa y estribaciones y 100 hectáreas en la Amazonía.

Aseguró que el proyecto regula, mediante titulación, el reconocimiento del derecho colectivo a la propiedad colectiva de las tierras y territorios en posesión ancestral y establece procedimientos y formas de resolver los conflictos; determina políticas de conservación y recuperación de suelos; generación de políticas, programas productivos y de comercialización, innovación productividad, cambio de la matriz productiva.

Subrayó que la consulta prelegislativa se realiza con la finalidad de socializar los resultados obtenidos e identificar los consensos y disensos a ser propuestos como aporte provincial en la mesa de diálogo nacional, los mismos que se harán constar en un acta a ser suscrita por las y los asistentes

Precisó que al momento la comisión recoge los puntos de vista de las organizaciones de segundo grado participantes, sobre los tres temas relevantes de los derechos colectivos que tratan sobre el reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales; el reconocimiento del uso y usufructo del suelo: y lo que es la participación social y resoluciones de conflicto, que constan en 18 artículos de la norma.

JLVN/pv

Mauricio Proaño
Asambleísta por Pichincha Otros Movimientos

Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero | Visita mi Perfil

 

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