La segunda etapa del proceso de consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales se realizó hoy en Cotopaxi. El asambleísta Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que lleva adelante esta socialización, y otros integrantes como Ramiro Vela, Rosa Elvira Muñoz y Elena Intrigag, acudieron a Latacunga.
A la cita asistieron organizaciones de indígenas, montubios y afroecuatorianos, quienes expresaron satisfacción por las iniciativas que se presentaron durante la exposición. En la misma, Miguel Carvajal dijo que se busca precautelar los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
El asambleísta mencionó que el propósito de la comisión es, en primera instancia, hacer una revisión de los principales temas del proyecto y, luego, escuchar las opiniones, sugerencias, criterios y, sobre todo, advertencias de los involucrados, sobre aspectos que puedan vulnerar sus derechos . Nuestra voluntad es que se proteja a los sectores rurales, a los pequeños y medianos agricultores, a las comunidades, enfatizó.
En lo fundamental la nueva norma busca acabar con la concentración y distribución desigual de la tierra, la misma que debe tener una función social y ambiental, para garantizar la seguridad alimentaria, la producción y la productividad del país. Precisamente, los temas sustantivos del proyecto tienen que ver con el reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales; el reconocimiento del uso y usufructo en territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; así como la participación social y la resolución de conflictos.
El proyecto precautela la agricultura familiar, mejora la productividad, limita la frontera agrícola, evita el minifundio y determina la expropiación del latifundio que no cumpla la función social y ambiental, garantiza la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra rural.
Sobre el tema de la expropiación, Carvajal explicó que los territorios que serán afectados por no cumplir la función social y ambiental son aquellos que tengan más de 25 hectáreas en la Sierra, más de 75 en la Costa y más de 100 en la Amazonía, cuyo cálculo se realizó según las condiciones y variables de producción en cada región.
El proyecto propone que el Ministerio de Agricultura y Ganadería preste todas las condiciones necesarias para producir. Por su parte, los sectores que poseen bosques o páramos tampoco serán expropiados porque están cumpliendo una función, aclaró el legislador.
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