Carchi, una de las provincias más agrícolas del país, recibió hoy a un grupo de asambleístas de la Comisión de Soberanía Alimentaria, para discutir sobre el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. En esa tertulia, Miguel Carvajal, presidente del organismo legislativo, destacó el gran acuerdo que se ha logrado en la mayoría de artículos, con las organizaciones de campesinos.
Hasta hoy han recorrido 10 provincias, como parte de la segunda fase de la consulta prelegislativa. Luego de esta etapa la comisión sistematizará los pronunciamientos receptados en las 23 ciudades a donde acudirán con la socialización. Después, la tercera etapa comprende la organización de una mesa de diálogo nacional y, por último, la elaboración final de la propuesta legal para la discusión y aprobación en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Carvajal estimó que el texto estaría listo entre agosto y septiembre.
Las audiencias provinciales continuarán mañana en Esmeraldas y la próxima semana se realizarán en Azuay, Cañar, Zamora Chinchipe, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pastaza y Morona Santiago. Los comisionados se dividieron en dos grupos, el uno liderado por Miguel Carvajal y el otro por Mauricio Proaño, vicepresidente. El proceso de esta segunda etapa concluirá el 3 de julio.
Las reuniones se realizan con los representantes de de las organizaciones de indígenas, afroecuatorianos y montubios, como sujetos de derechos colectivos colectivos.
En la audiencia del Carchi, Carvajal explicó que la normativa promueve mecanismos de redistribución de la tierra, cuando las mismas no cumplen con la función social o ambiental, en grandes extensiones. Estos territorios que tienen una vocación agrícola y no están produciendo, que tienen las condiciones para hacerlo y no lo hacen, son los que serán afectados, añadió.
Mediante una metodología dinámica, en la que los presentes interactúan, el asambleísta informó que el proyecto promueve una nueva modalidad institucional con el Ministerio de Agricultura para que se resuelvan ágilmente los conflictos de tierras. Al mismo tiempo, impulsa la titulación de tierras rurales en todo el país: hasta ahora este procedimiento solo se puede ejecutar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba, enfatizó Carvajal.
En definitiva, el cuerpo legal busca sancionar la especulación de tierras y la concentración de las mismas, sobre todo, cuando no tienen una función social y ambiental: pretende no solo garantizar los derechos de las comunidades, de los pequeños y medianos agriculores, de las familias, sino también asegurar la producción, productividad y soberanía alimentaria.
Las propuestas realizadas fueron bien recibidas por los dirigentes campesinos del Carchi, una de las mayores zonas agrícolas y ganaderas del país, por sus condiciones geográficas y climáticas, así como por sus grandes extensiones de suelos fértiles. En esa porvincia, ubicada al norte del país, se produce en su mayoría papas, habas, choclos, fréjol, maíz y cebolla.
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