La Comisión de Biodiversidad, presidida por la asambleísta Rosana Alvarado, mantuvo un conversatorio con los representantes de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria quienes insisten en ser parte del conjunto articulado de instituciones de derecho público, encargada de promover, organizar y coordinar los procesos de debate y deliberación de propuestas de políticas públicas y leyes conexas con esta materia, generadas desde la sociedad civil.
En este marco, Wilma Suárez, consideró que es necesario que esta institución tenga personalidad jurídica propia y autonomía técnica administrativa y financiera, además conformada por ocho representantes de la sociedad civil, que serán seleccionados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante un concurso público de merecimientos y oposición, en el que podrán participar los postulantes provenientes de las universidades y escuelas politécnicas, centros de investigación, asociaciones de consumidores, de pequeños y medianos productores, organizaciones campesinas, indígenas pescadores y recolectores artesanales, negros y montubios, cuya actividad tenga relación con la Soberanía Alimentaria.
En la sesión de trabajo estuvieron también Patricio Santi, vicepresidente de la Conferencia, Roberto González, conferencista del sector campesino; Flavio López, representante de los pequeños productores.
También, Jimmy Merchán, quien indicó que esta entidad tiene problemas porque se creó una institucionalidad poco clara, puesto que no se establece si pertenece al sector privado o público, lo que ha generado un grado de descoordinación.
A su criterio debe estar inmerso en el grupo de las estatales a fin de contar con los recursos necesarios para cumplir con su objetivo de elaborar las propuestas relacionadas con las leyes que regulen, entre otros temas: el uso y acceso a las tierras, territorios y comunas; agro, biodiversidad, semillas y agroecología; agroindustria y empleo agrícola; sanidad animal y vegetal e inocuidad alimentaria; comercio y abastecimiento alimentario, consumo, nutrición y salud alimentaria, pesca, acuacultura y manglares, acceso de los ciudadanos al crédito público; seguros y subsidios alimentarios, a través de un amplio proceso participativo de debate.
Explicó que para poder cumplir con esta responsabilidad es necesario que se amplíe el plazo a dos años, para que pueda entregar a los ministerios correspondientes las propuestas de ley, pues los tiempos determinados en la normativa legal vigente son insuficientes y ya expiraron sin que se haya alcanzado los objetivos para el cual fue creado este organismo.
La titular del organismo legislativo, Rosana Alvarado, indicó que las sugerencias planteadas por este sector serán analizadas a fin que el Estado garantice a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente.
JLVN
