Que la Defensoría del Pueblo tenga capacidad sancionatoria en temas de derechos de usuarios y consumidores, fue el pedido del Superintendente de Control del Poder de Mercado, Pedro Páez y de la defensora adjunta de usuarios y consumidores de la Defensoría del Pueblo, Johana Pulles.
Los dos funcionarios acudieron a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, presidida por el asambleísta Fabián Solano, para emitir sus observaciones y recomendaciones sobre el proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. El organismo legislativo se encuentra en proceso de construcción del informe para segundo debate, que podría estar listo en agosto próximo.
Pedro Páez dijo que la Ley Orgánica de Regulación, Control y Poder del Mercado no se contrapone con las iniciativas del proyecto de ley en mención. Más bien, hizo un llamado para que se reformulen los artículos 7, 24, 39, 58 y 59 a fin de que la Defensoría del Pueblo tenga capacidad sancionatoria en temas de usuarios y consumidores. Los dos últimos artículos descritos determinan sanciones por incumplimiento y ejecución, sin tipificar claramente las infracciones, lo cual produce inseguridad jurídica y disminución de poder coercitivo, explicó Páez.
El Superintendente también solicitó que en el articulo 34, referente a la gestión de soluciones a los reclamos por violación o inobservancia de los derechos de los consumidoras de bienes y usuarios de servicios privados, se incluya la palabra “público”, porque en este sector también hay abusos, mencionó.
Así mismo, el funcionario propuso que se establezca de manera específica la posibilidad de promover herramientas de participación ciudadana para el control y vigilancia de los derechos de los usuarios y consumidores, así como la simplificación de los requisitos para la conformación de asociaciones y mecanismos de participación.
Johana Pulles,por su parte, insistió en que desde la Defensoría del Pueblo se quiere hacer mucho, pero no se puede, sin una capacidad coercitiva no podemos generar una cultura del reclamo: los consumidores están en indefensión, mencionó. Solicitó que en el cuerpo legal se generen procesos administrativos sancionatorios que les permita avanzar en escala imponiendo sanciones, reparaciones a los usuarios y consumidores, así como un cambio ético, añadió.
La delegada también consideró oportuno que se geste un proceso de negligencia para las servidoras y servidores públicos. Estas propuestas no significan que la Defensoría vaya a tener superpoderes, sino que tienen el propósito de generar respeto, calidad y calidez en la prestación de servicios, concluyó.
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