Con la presencia del ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor y delegados de organizaciones inmersas en la actividad petrolera, la Comisión del Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control, profundizó la discusión del proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario, calificado como urgente en materia económica.
El presidente del organismo legislativo, Francisco Velasco, indicó que mañana los comisionados, luego del intenso proceso de socialización y recepción de aportes, votarían el articulado y el miércoles presentarían el informe para primer debate ante la Secretaría General de la Asamblea, en cumplimiento con la norma constitucional y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
La preocupación de la Comisión ha sido que el informe tenga la mayor cantidad de voces, más aún cuando el tema es de vital trascendencia para el país, sostuvo Paco Velasco, al compartir con la propuesta de que se debería crear la Superintendencia de Hidrocarburos, que permitirá ejecutar un control más fuerte y mejor respecto del negocio del crudo.
Reformas van en beneficio exclusivo del Estado ecuatoriano
El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, aseveró que el proyecto urgente va en beneficio exclusivo del país, actuando y respetando de buena fe con las compañías que inviertan en el negocio petrolero.
Explicó que las empresas que no acepten los procesos de renegociación pueden irse. Según las estimaciones que hemos hecho, creemos que con el trabajo de las entidades nacionales, en los dos años de los ingresos que tendríamos, pagaríamos la inversión de ellas, que se calcula entre 1 200 a 1 400 millones de dólares, argumentó.
Puntualizó que con dichas reformas, que son constitucionales, se incentiva el incremento de la producción, con inversión garantizada para las compañías que se queden; de no ser así, estamos en capacidad de tomar esos campos y obtener ganancias mayores para el Estado, de las que se reciben ahora.
Reiteró que se propone un procedimiento de negociación y un modelo de tarifa de pago a la contratista por la prestación de los servicios de exploración y explotación de hidrocarburos que, en base a inversiones nuevas, propicie un incremento significativo de la producción; caso contrario, se debe estimar el valor de pago por la liquidación del contrato.
Objeciones
La legisladora Magaly Orellana (PK), dijo que la propuesta gubernamental contradice lo determinado en los artículos 136 y 140 de la Constitución, así como el artículo 56 de la LOFL, por cuanto se refiere a dos materias diferentes.
Entre tanto, el presidente Ejecutivo de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE), José Ziritt, expresó que la fijación de plazos de 120 y 180 días para la migración de los contratos, es inconstitucional.
De su lado, Jorge Pareja Cucalón, representante del Foro de Opinión Petrolera Ecuatoriana (FOPEC), advirtió que al nacer una Ley que puede ser observada por cualquier ciudadano ecuatoriano, en razón de sus falencias constitucionales, se estaría fomentando un cuerpo legal que será débil por su naturaleza, lo que provocará una inestabilidad jurídica y la falta de seguridad contractual.
MG
