La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, recibió a la vicepresidenta del Parlamento Andino, Silvia Salgado, para analizar el proyecto de Ley de Movilidad Humana que busca establecer el marco jurídico que regule el ejercicio de los derechos y las obligaciones de las personas en movilidad humana, entre ellos: emigrantes, inmigrantes, retornados, víctimas de trata y tráfico, entre otros.
Existe gran expectativa en la región sobre lo que se proponga en el Ecuador, respecto a movilidad humana, incluso el resto de países han tomado como referente este proyecto de ley, tomando en cuenta que nuestro país es el único que ha constitucionalizado los derechos de movilidad humana, dijo Silvia Salgado.
Entre otras observaciones a la normativa, recomendó incluir en los considerandos los tratados internacionales, especialmente los referidos a los derechos humanos, porque en ningún de ellos se refiere a normas fundamentales que sustentan los derechos.
Además, señaló que es menester establecer los deberes primordiales del Estado en materia de derechos humanos, que desde el Parlamento han sido incluido en la propuesta de Estatuto Andino de Movilidad Humana, que se refiere al compromiso de los Estados de adoptar medidas para prevenir y erradicar la violencia, el racismo, la xenofobia, la discriminación y garantizar los derechos de acceso a la justicia.
Sugirió que se incluya el tema de la unidad familiar, porque la movilidad humana es superable en términos económicos y de las adversidades; no obstante, cuando están sin protección de sus derechos el drama humano en movilidad es evidente por lo que se debe reconocer esos derechos para garantizar su estabilidad emocional.
Así mismo, se refirió a la entrega oportuna, clara, completa y sistemática de información para el ejercicio de los derechos y la regularización de la situación migratoria; principio de ciudadanía universal; eliminación progresiva de la condición de extranjero; el plazo para optar por la residencia; la necesidad de elevar a principio la atención prioritaria a los sectores vulnerables y el retorno voluntario, digno y seguro; considerar el enfoque de género, interculturalidad y las diversidades; superar parámetros sociales y patriarcales; desarrollar procedimientos para reconocer la condición de refugiado.
También, recomendó una institucionalidad definida, una rectoría para coordinar y dar respuesta a las necesidades y garantizar los derechos a nivel del Ejecutivo y la articulación con otras instituciones.
La comisión continuará el análisis del proyecto de ley con la participación de representantes del Ejecutivo, de gobiernos autónomos descentralizados de las zonas de frontera y organizaciones sociales.
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