Ley de Fomento y Desarrollo Agrario

Ley de Fomento y Desarrollo Agrario

Históricamente el Ecuador se ha caracterizado por ser un país eminentemente
agrícola y justamente este sector ha sido el escenario en el cual se ha visualizado de
forma más clara la inequidad económica y social, producto entre otras causales, del
acaparamiento de la tierra y del agua, de la explotación laboral, de la incapacidad de
acceder a créditos de la banca, de los deficientes recursos, entre otros.
En el Ecuador la población rural tiene los más altos índices de pobreza, su
productividad agropecuaria es de las más bajas de América, existen sistemas de
comercialización injustos, los productores no tienen las facilidades para acceder al
conocimiento científico, a la tecnología y a todos los factores de la producción.
De lo señalado en el párrafo precedente se concluye que la producción agropecuaria
del Ecuador no responde a su riqueza natural.
Hay varios indicadores que demuestran la necesidad de promulgar una ley que no
solamente norme los recursos agua y suelo para la producción en el Ecuador, que
posee la más alta densidad poblacional de Latinoamérica que necesita proyectar su
alimentación, una ley que coadyuve a que la revolución agraria se vincule al cambio de
la matriz productiva, esto es de encaminarla al mejoramiento de la oferta interna y de
exportación con valor agregado y que haga realidad la democratización de los
principales medios de producción.
La ciencia y la tecnología deben estar al alcance y al servicio de los productores. La
academia debe jugar un rol importante involucrándose y apoyando los procesos de
producción, investigación y servicios de diagnóstico que no están al alcance de
laboratorios privados por sus elevados costos en la inversión. La investigación por
parte de universidades e institutos, deben resolver problemas de los productores para
cubrir las necesidades de alimentación de la población y mejorar la productividad.
Mejorar el acceso directo de los productores a los mercados y cambiar las injustas
reglas de la comercialización son necesarias para reducir los indicadores de pobreza
que ubican al poblador del sector agropecuario en situación de desventaja respecto al
poblador urbano.
Corresponde a las instituciones del Estado, adecuar y coordinar sus políticas,
programas y proyectos, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales y legales en cuanto corresponde al fomento y desarrollo agropecuario.
Por las consideraciones expuestas se hace necesaria la aprobación de la Ley de
Fomento y Desarrollo Agropecuario, la que, apegada al nuevo marco jurídico del
Estado, en el cual se han definido competencias claras para todos los niveles de
gobierno, se le ha ubicado a la planificación, a la coordinación y cooperación
interinstitucional y a la participación ciudadana como elementos sine qua non del
desarrollo sostenido, ayude a conseguir que las debilidades existentes en la
producción agropecuaria se conviertan en fortalezas.
La aprobación de los proyectos de Leyes Orgánicas de Recursos Hídricos, Uso y
Aprovechamiento del Agua así como la de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
hacen ver la preocupación de la Asamblea Nacional en pro del desarrollo de la
población campesina y promulga estas dos leyes básicas que deben ser
complementadas con la Ley de Desarrollo y Fomento Agropecuario, para lograr
cohesionar los varios factores que intervienen en la producción y productividad
agropecuarias orientadas a mejorar el nivel de vida del campesino ecuatoriano.
En esta Ley se regulan las actividades del Gobierno Central y de los Gobiernos
Autónomos y para impulsar un comercio justo y moderno. Es afán de la Ley, de la
misma manera, lograr que los consumidores no sean objeto de abusos en calidad y
precios.
En este cuerpo normativo se toman en cuenta las políticas de desarrollo agropecuario,
la planificación nacional y regional de la producción, los factores de producción dentro
de los cuales adicionalmente al agua y al suelo agrícola, se consideran los insumos, la
protección de los recursos agrarios, la protección a la producción nacional, las
inversiones, la ciencia y tecnología, su transferencia al sector productor, el acceso a la
información para la toma de decisiones, se orienta en forma general el crédito, la
producción de alimentos sanos y la comercialización.
El acceso a los insumos debe facilitarse por la vía legal y control respectivo.
La Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario orienta a formar asociaciones con
enfoque empresarial, lo cual contribuirá a mejorar la producción nacional y por ende a
contar con organizaciones campesinas fuertes que permitan mejorar las condiciones
de vida de los asociados.
Es necesario complementar la promulgación de esta Ley con un servicio crediticio ágil,
desburocratizado y eficiente que logre colocar los recursos para la inversión en la
producción y así este proyecto no quede en buenas intenciones. Un sistema de crédito
social debe ser creado para los productores de la agricultura de subsistencia con el fin
de que mejoren su economía y que así puedan vender excedentes.
La presente Ley servirá a las autoridades del Estado central como a las de los
gobiernos autónomos descentralizados, que tienen las competencias de fomento
agropecuario y productivo, para que puedan tener un fundamento legal en realizar sus
gestiones y acciones a favor de la población productora agropecuaria.