El 93,7 % de las organizaciones consultadas aceptaron y están de acuerdo con los temas sustantivos del proyecto de Ley de Tierras. Ese es el resultado que se desprende del informe que la Comisión de Soberanía Alimentaria entregó a la Presidencia de la Asamblea Nacional sobre los resultados de la consulta prelegislativa que esta mesa realizó a las comunas, comunidades, nacionalidades indígenas y pueblos montubio y afroecuatoriano, como titulares de derechos colectivos.
El documento dice también que en los representantes de las organizaciones participantes existió un criterio mayoritario sobre la urgente y necesidad de que se apruebe la iniciativa legal. Concordaron también que se requiere una normativa efectiva para la atención prioritaria de la agricultura familiar campesina, así como a pequeños y medianos productores de la economía popular y solidaria, que les provea de tierras productivas, crédito accesible, asistencia técnica, capacitación, riego, entre otros beneficios.
Los temas sustantivos que la comisión consultó se refirieron al reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; el reconocimiento del uso y usufructo en territorios ancestrales de las mismas localidades; así como la participación social y resolución de conflictos. En general, el informe indica que los consensos identifican los criterios concordantes con el texto propuesto en el proyecto y que los disensos, que suman el 6, 3%, expresan los desacuerdos con el contenido.
Durante la consulta prelegislativa participaron 879 organizaciones, 6 mil 763 ciudadanos, de 23 provincias del país. En el primer tema consultado, ellos ratificaron el mayoritario consenso sobre el ejercicio del derecho colectivo de las comunas, comunidades, nacionalidades y pueblos a la conservación imprescriptible de la propiedad de sus tierras comunitarias, así como el reconocimiento de su carácter inalienable, inembargable e indivisible, a su derecho a mantener su posesión ancestral y a la adjudicación gratuita de sus tierras.
En cambio, en el segundo tema distinguieron el derecho del uso y usufructo de una parte de la propiedad comunitaria que le ha sido asignada a cada comunero, dentro del régimen consuetudinario de la propiedad colectiva. De esta manera, bajo ciertas condiciones formales, el derecho de uso y usufructo se constituya en garantía de operaciones de financiamiento que les permita el acceso al crédito.
En el tema de participación social y resolución de conflictos también existió un amplio consenso. El documento dice que se expresó la aceptación de los mecanismos de participación social destinados a estimular el proceso de deliberación pública y el control social. Así mismo, sobre los mecanismos de resolución de conflictos existió acuerdo para ratificar la facultad de las autoridades comunitarias para conocer y aplicar sus propias normas y procedimientos. También se reconoce el empleo de métodos alternativos.
En este sentido, según el informe, los representantes de las organizaciones pidieron que incluyan en el proyecto los consensos manifestados en las diferentes instancias de la consulta prelegislativa, así como los aportes adicionales y complementarios a los temas sustantivos.
Estos últimos tienen que ver con que el proyecto de ley considere garantizar el derecho de trasmisión hereditaria del uso y usufructo de las tierras comunitarias, que fije la extensión del latifundio y que incluya la condonación de intereses a los campesinos que adquirieron tierras al Estado por compra venta directa y crédito de la banca pública, que en la actualidad se encuentran en mora.
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