La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del proyecto de Ley Orgánica de Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, Lídice Larrea, precisó que la normativa busca dinamizar la economía a través de la atracción de inversión extranjera o nacional; otorgar a las sociedades que intervienen en un proyecto público un tratamiento similar al de una empresa pública en materia tributaria e incentivar la inversión y financiamiento privado en proyectos públicos de interés social.
La propuesta armoniza intereses colectivos a través de múltiples incentivos que permitirán que la construcción, mantenimiento, rehabilitación, equipamiento y operación de proyectos se equipare en una asociación público y privada con mecanismos técnicos, económicos, financieros y legales, garantizados por el Estado, para lo cual se establece adecuadamente el reparto de responsabilidades y riegos que aseguren la eficiencia de la inversión nacional y extranjera.
Indicó que al organismo legislativo acudieron 17 actores quienes dieron sus aportes a este proyecto y aclaró que la figura jurídica de asociaciones público privadas no conlleva la privatización del patrimonio estatal; ni hay transferencia de los activos del Estado a favor del sector privado.
Manifestó que la construcción, mantenimiento u operación de un proyecto de interés general por parte de un privado es por un período determinado y precisó que al cumplirse la condición del contrato de gestión delegada el proyecto de interés general se revierte a favor de las y los ecuatorianos.
Explicó que las asociaciones público-privadas permitirán realizar proyectos en materia de vialidad; infraestructura portuaria y aeroportuaria; vivienda social y desarrollo urbano y aquellas para cuya prestación la ley le hubiese otorgado competencia al Estado sin exclusividad.
Dijo que el comité interinstitucional de asociaciones público-privadas expedirá regulaciones, aprobará proyectos, determinará políticas de ejecución; establecerá políticas de pagos diferidos; inscribirá los proyectos públicos y conformará equipos de evaluación técnica.
En la normativa se establecen incentivos tributarios para tratamiento análogo como empresa pública; temporalidad y aplicación condicionados a la ejecución del proyecto. En materia de Impuesto a la Renta: exención a rentas, exoneración del pago máximo 10 años; impuesto a la Salida de Divisas: importaciones bienes y servicios, giros al extranjero por proyecto; y tributos del Impuesto Comercio Exterior en zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDES), aseguró.
Señaló que la normativa genera estabilidad jurídica, ya que los incentivos tributarios se otorgarán durante la vigencia del contrato de gestión delegada, con independencia de las modificaciones del ordenamiento jurídico.
En materia de inversión extranjera dijo que se promueve el financiamiento productivo, procedente del extranjero que permita desarrollar, incrementar o implementar inversiones.
Los pagos de intereses originados por financiamiento están exentos del pago del Impuesto a Salida de Divisas; serán deducibles para el pago del Impuesto a la Renta, aquellas obligaciones generadas por el interés de financiamiento externo.
Los beneficios generales del proyecto son: generar un marco institucional y legal para la facilitación de la modalidad de APP, para la provisión de bienes o servicios con la participación privada; dinamizar la economía productiva; fortalecer los incentivos a las APP; aumentar la inversión extranjera; impulsar la participación del sector privado en el desarrollo económico del país; establecer reglamentación idónea a los proyectos APP; y, garantizar la ejecución de los proyectos públicos que fundamentan el Plan Nacional del Buen Vivir, concluyó Lídice Larrea.
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