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Los temas sustantivos del Código del Ambiente, que pueden afectar los derechos colectivos de las comunas, comunidades, nacionalidades indígenas, así como de pueblos afroecuatoriano y montubio, se someterán a consulta prelegislativa. Así lo decidió, por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 112 votos.
El responsable del proceso de consulta será el Legislativo, a través de la Comisión de Biodiversidad. El presidente de esta mesa, Carlos Viteri, dijo que este ente tiene cinco días para presentar los temas específicos que se discutirán en territorio, los mismos que serán aprobados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Por lo pronto, manifestó que se han contabilizado unos seis temas, entre ellos la titulación de tierras en territorios de áreas protegidas. Hay asentamientos ancestrales donde se superponen a las declaratorias de espacios de preservación, aclaró. Los otros asuntos tienen que ver con conocimientos ancestrales, acceso a recursos genéticos y biodiversidad. La Comisión está analizando a fondo las temáticas que afectan los derechos colectivos, añadió Viteri.
Según el instructivo, para la aplicación de la consulta, una vez que el CAL apruebe los temas sustantivos y el formulario que se entregará a las organizaciones de primer grado, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, en un plazo de 20 días informará, a través de los medios de comunicación social, comunitarios y de las organizaciones, el inicio de la consulta y convocará a participar e inscribirse en la misma. Para el efecto se instalarán oficinas de información y recepción de documentos en la sede del Legislativo y en las provincias.
La participación ciudadana iniciará con las organizaciones de primer grado. Estas recibirán el formulario con los temas sustantivos, el cronograma y las normas que rigen la consulta. Cuando concluya la entrega de estos documentos, las oficinas receptarán, en 20 días, los criterios de los consultados, mientras que la Comisión tendrá cinco días para la compilación de resultados.
El trabajo en territorio continuará con las y los representantes de las organizaciones de segundo grado, en audiencias públicas provinciales, que, de acuerdo con el Reglamento, deberán ejecutarse en 30 días. La finalidad de estos encuentros será socializar los resultados obtenidos con las organizaciones de primer grado e identificar los consensos disensos que se propondrán en la mesa de diálogo nacional.
Precisamente, la última fase de la participación será a través de una mesa de diálogo nacional. Ahí la Comisión junto con los delegados de las organizaciones de tercer grado discutirán los consensos y disensos identificados en las audiencias provinciales. Por último, en siete días, la Mesa elaborará el informe final de resultados y remitirá a la Presidenta de la Asamblea, quien hará la declaración oficial de cierre del proceso y presentará los resultados. Los consensos con las comunidades serán vinculantes a la normativa y los disensos discutidos en el Pleno.
LM/pv
