Priorizar la mano de obra nacional y consolidar la estabilidad jurídica en la inversión extranjera, fueron los temas de mayor debate en la segunda jornada de discusión del proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, en el marco de la sesión 352 del Pleno.
Los asambleístas también se refirieron al nuevo concepto de la inversión privada, el financiamiento; participación en temas de servicio y obra pública, como oportunidades para ir fortaleciendo las alianzas y el desarrollo del país.
La primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, aclaró que esta normativa genera condiciones suficientes para atraer la inversión extranjera directa, como complementaria a la nacional, orientada a la consecución de objetivos nacionales de desarrollo, bajo criterios de responsabilidad con el Estado, los trabajadores, la sociedad y el ambiente.
Pidió que los arbitrajes se los realice en instancias regionales e insistió en el criterio del Procurador sobre los temas que debe establecerse en el arbitraje. En la integración del Comité Interinstitucional, propone la participación con voz y voto de un delegado del Servicio de Rentas Internas, considerando que es la institución recaudadora por excelencia.
También que el Comité establezca los requisitos de desempeño para las alianzas público-privada; que la utilización de la mano de obra local o nacional sea garantizada y priorizada; difundir y desarrollar el conocimiento a través de la transferencia tecnológica.
Asimismo, que se incorpore el plazo de duración de las APP, teniendo en cuenta que el plazo marca los incentivos de los que se van a beneficiar las alianzas públicos-privadas.
En el tema de la estabilidad jurídica, pidió establecer lo concerniente al plazo y que los aspectos regulatorios sectoriales que han sido declarados como esenciales, se aclaren, para eliminar cualquier forma de discrecionalidad.
Diego Vintimilla, destacó la necesidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, en la Ley, para lo cual se debe tener presente aspectos fundamentales como el marco constitucional, hoja de ruta establecida como Estado que es el Plan Nacional del Buen vivir; y las políticas públicas como son los programas y propuestas de gobierno.
Para el legislador todas las modalidades APP deben estar ancladas al Plan de Desarrollo; también que se especifiquen las atribuciones del Comité Interinstitucional, que genere un catalogo de proyecto de los cuales se pueda invertir en modalidad APP y además definir los ámbitos de acción, porque lo menos que se quiere es la privatización.
Solicita incorporar mecanismos de control ciudadanos e institucionales (en temas de incumplimientos) procedimientos, atribuciones claras, modalidad, tipo modelo de contrato, uso de componente nacional en las construcción e infraestructura cuando se haga transferencia.
Carlos Velasco, al señalar que se debe considerar la esperanza de vida como índice de desarrollo humano, propuso considerar la notificación sanitaria obligatoria como parte del cambio; revisar los artículos que hacen referencia al Instituto Nacional de Higiene que están repetidos. Aseguró que la homologación que establece la Ley debe tener especificidad para el respectivo control.
Para Mae Montaño se necesita un trabajo conjunto de lo público con lo privado para el desarrollo económico del país. Propuso generar condiciones suficientes para atraer la inversión extranjera directa. “Para alianza público-privada es necesario configurar el clima para hacer negocios”, agregó.
“Se ha intentado hacernos creer que la única alternativa para el desarrollo se fundamenta en aporte de sector privado”, dijo Oscar Ledesma, al señalar que en la alianza público-privado debe existir compromiso y corresponsabilidad en tema ambiental.
Fanny Uribe, resaltó la importancia de la Ley para fortalecer la economía del país y que se deben fortalecer las iniciativas que presente el sector privado.
Cristian Viteri menciona que los sectores estratégicos tienen incentivos y que en el Comité Interinstitucional hay que incorporar a los representantes de los GADs con voz pero sin voto.
René Yandú manifiesta que hoy se está debatiendo un punto neurálgico para el desarrollo socioeconómico del país.
Armando Aguilar sostiene que la inversión extranjera tiene garantizada la energía eléctrica que es fundamental para el desarrollo de la industria. Lo que se quiere es que en la Ley APP haya un equilibrio entre el sector público y los derechos del pueblo, recalcó.
Lidice Larrea señala que la Ley armoniza intereses colectivos a través de incentivos. Byron Pacheco dice hay que fortalecer la economía, se recurre al sector productivo para dinamizar la economía.
René Yandú, manifiesta que hoy estamos debatiendo un punto neurálgico para el desarrollo socioeconómico del país.
Se requiere que la inversión privada venga con un nuevo concepto, a construir un nuevo país, resalta Ximena Ponce, quien coincide con la idea de incorporar a un delegado del SRI en el Comité Interinstitucional.
María Augusta Calle subraya que lo que se trata es consolidar una propuesta de modelo económico que se ha venido trabajando. Recordó que la economía popular y solidaria aporta a la economía del país y debería tener los mismos beneficios que se otorga al sector privado.
María Soledad Vela habla de mejorar la Ley para que no se preste a abusos y que la principal motivación de las misma no sea la simple acumulación del capital, sino el ser humano. Recalca que estas alianzas no son nuevas, sino que se realizan desde la década de los 50.
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