Conesup, rectores y estudiantes universitarios defienden proyecto de Ley de Educación Superior
Miércoles, 26 de agosto del 2009 - 20:24
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Elaborado por: Sala de prensa
La Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, presidida por Raúl Abad, recibió a personeros del Consejo de Educación Superior, Conesup; delegados de los rectores y dirigentes de los estudiantes universitarios, quienes expusieron los alcances del proyecto alternativo de Ley de Educación Superior, preparado con base en las propuestas de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades; el organismo rector de la educación superior y de la comunidad universitaria.
El rector de la Universidad Técnica de Ambato, Luis Amoroso Mora, quien presidió el sistema de educación superior para elaborar un proyecto alternativo en esta materia, explicó que no se trata de oponerse a la propuesta elaborada por la Senplades, sino de recoger los aspectos más sobresalientes de los tres proyectos existentes y adecuarlos a la más cara aspiración del pueblo ecuatoriano de contar con una educación superior de calidad, que desarrolle la investigación científica y que se involucre con la sociedad.
Lo que queremos, dijo, es consensuar entre las instituciones del Ejecutivo, del Legislativo, de la Universidad y la academia en torno a una normativa que garantice el mejoramiento de la calidad de la formación universitaria y que ésta responda a los requerimientos de todos los ecuatorianos.
Entre tanto, el presidente alterno del Conesup, Manuel Ávila, reiteró que la comunidad universitaria plantea una Ley de Educación Superior que satisfaga el interés del país, proceso en el cual han puesto énfasis los docentes universitarios y politécnicos, en función de que mejore el sistema educativo, tanto en su calidad, cuanto en su carácter de investigación, sobre la base del respeto a los principios de gratuidad, autonomía y cogobierno.
Destacó que no se oponen al criterio de que los docentes universitarios tengan título de cuatro nivel, porque el 60% de los profesores tiene este requisito, sin embargo discrepan con Senplades respecto del grado de PHD, porque es una exigencia académica para la administración, lo que se debería exigir es que todos acreditemos título de cuarto nivel, correspondiente a maestría. Hay que considerar los costos que esta preparación demanda, añadió.
“Abogamos por una transformación definitiva y profunda de la educación superior”, expresó el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, Marcelo Rivera, al enfatizar que son partidarios de una universidad de calidad, que se involucre con la sociedad, que permita una formación académica de gran nivel y que facilite enfrentar al mundo del trabajo.
Indicó que es importante que la ley diferencie los títulos y grados de tecnologías y de carácter profesional otorgados por las universidades y escuelas politécnicas, porque no pueden ser considerados como similares, como plantea la Senplades. “La educación superior será de calidad en tanto y en cuanto contribuya al cambio de la sociedad”, agregó.
De su lado, el presidente del Conesup, Gustavo Vega, tras apoyar los criterios expuestos en la reunión, alertó sobre las dificultades que afrontan los centros de educación superior, debido a la aplicación del principio de gratuidad, por cuanto los recursos que debe destinar el Estado por compensación de los rubros de autofinanciamiento no son desembolsados oportunamente.
Del cálculo inicial que oscilaba entre 150 y 180 millones de dólares, solo se han entregado 90 millones, mientras la población universitaria aumenta, como en el caso de la Universidad de Guayaquil, donde de 80 mil estudiantes, por la gratuidad, el número se elevó a 100 mil, por lo que se hace necesario que exista un mecanismo ágil para la entrega de recursos desde el gobierno central, concluyó.
El titular de la Comisión de Educación, Raúl Abad, aseguró que el organismo legislativo estudiará con mucho detenimiento los planteamientos de los diferentes actores del sistema universitario en torno a la Ley de Educación Superior, de manera que se cuenten con los elementos de juicio suficientes para que esa normativa responda a las demandas de la población ecuatoriana.
EG/pv