Amplias jornadas de trabajo desarrolló la Comisión de Régimen Económico para analizar las propuestas de reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria, en las que participaron distintos sectores involucrados en esta materia. Los comisionados hicieron una revisión total de la ley, a fin de determinar qué artículos requieren ser modificados para incorporar las propuestas presentadas.
El objetivo es articular la relación de las diferentes instancias del Estado con los actores de la economía popular y solidaria y que todos en su conjunto gocen de los derechos para impulsar emprendimientos a nivel nacional e internacional.
En la sesión de este día los legisladores analizaron las disposiciones generales, transitorias, derogatorias y conocieron la propuesta del Superintendente de Economía Popular y Solidaria respecto de los procesos de liquidación de las cooperativas de vivienda, tomando en cuenta que en su gran mayoría se relacionan con aquellos cuya competencia corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados.
Uno de los problemas se refiere a la entrega de áreas verdes y comunales, en lo que respecta al porcentaje para fraccionamiento del suelo a entregarse a la municipalidad, que prevé como mínimo el 15% y máximo el 25%; y, exceptúa de dicha cesión a aquellas superficies de terreno que no superen los mil metros cuadrados, en las que el porcentaje se compensará con el pago de dinero según el avalúo catastral, conforme lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), se señala en la propuesta.
Adicionalmente, precisa que la falta de cumplimiento de los porcentajes antes señalados ha impedido que los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos aprueben la división de suelo para fraccionamiento y urbanización.
En las disposiciones generales del proyecto se establece que las organizaciones creadas con anterioridad a la vigencia de esta ley, cuyo objeto cumpla los preceptos de la economía popular y solidaria, seguirán gozando plenamente de sus derechos.
Se determina que las organizaciones sujetas a esta ley incorporarán en sus informes de gestión, el balance social que acreditará el nivel de cumplimiento de los principios y sus objetivos sociales, en cuanto a la preservación de su identidad, su incidencia en el desarrollo social y comunitario, impacto ambiental, educativo y cultural.
De esta manera, concluyó el estudio del articulado de la Ley de Economía Popular y Solidaria. El presidente de la Comisión, Virgilio Hernández, indicó que la próxima semana aprobarían el informe para primer debate.
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