La Comisión de Participación Ciudadana conocerá y resolverá este miércoles, 16 de diciembre, el borrador de informe para primer debate del proyecto de Ley de Declaraciones Juramentadas, presentado por la Defensoría del Pueblo. La sesión se realizará a partir de las 10:00.
La iniciativa tiene como propósito actualizar la normativa para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales juradas, a fin de facilitar su elaboración, registro y examen. El borrador del informe argumenta que el proyecto es acorde al marco constitucional y legal vigente y facilita los procesos de control por parte de la Contraloría General del Estado.
Sin embargo, estima que los artículos 14, 15, 18 y 19 del proyecto son considerados regresivos y atentan contra expresos derechos y garantías constitucionales porque pretenden otorgar facultades discrecionales y subjetivas al Contralor para solicitar a su arbitrio nuevas declaraciones patrimoniales. De igual manera, dice que sin procedimiento previo y sin motivación alguna en “cualquier momento” podría realizar inspección física de inmuebles sin orden judicial y acceder a datos personales o solicitar “cualquier tipo de información que requiera”, incluyendo de “terceras personas vinculadas”.
El cambio fundamental de la propuesta es que el proceso de presentación de la Declaración Juramentada se lo haga en un formulario electrónico, a través de la página web de la Contraloría, sin necesidad de que sea elevada a escritura pública, como sucede en la actualidad. El texto, en su artículo 11, dice que se adoptarán todas las acciones para que la información se mantenga segura.
Con este sistema, en la normativa también se establece la participación de las Unidades de Talento Humano de las entidades. Determina que éstas en los 10 primeros días de cada mes remitirán a la CGE el detalle de los nombramientos, contratos celebrados y cese de funcionarios el mes inmediato anterior. Así mismo, en cuanto a la obligación de entregar información para la confrontación y examen de las declaraciones patrimoniales se reduce el plazo de 60 a 30 días.
La propuesta también incluye nuevos rubros que deben registrarse en el formulario, entre ellos se encuentran los derechos fiduciarios, derechos por herencia, de usufructo, depósitos en fondos complementarios previsionales. La novedad en este proyecto es que estarán obligados a declarar no solo los ciudadanos elegidos por votación popular; quienes a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan cargos en el sector público, sino también entidades de derecho privado con participación mayoritaria de recursos públicos.
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