El legislador Arcadio Bustos, representante de la provincia de Sucumbíos, puso a consideración de la Asamblea Nacional un proyecto de reforma al artículo 65 de la Ley de Minas.
Concretamente, el parlamentario sugiere que las personas naturales o jurídicas que se posesionen de áreas mineras sin la autorización legal respectiva, sean sancionadas con una multa de 25 salarios básicos unificados y la retención temporal de las herramientas, máquinas y todos los bienes que se utilicen en esta actividad, las que serán devueltas a sus propietarios siguiendo el debido proceso.
Además, es partidario que en el caso de que la Agencia de Regulación y Control Minero no proceda a su devolución, el Estado, previo el avalúo justo, indemnice con el valor de estos bienes a sus legítimos dueños.
También plantea derogar el Instructivo para el decomiso de maquinaria, vehículos, herramientas, etc., expedido por el ingeniero Pedro Merizalde, en su calidad de Presidente del Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCM), publicado en el Registro Oficial No. 245 de fecha 4 de mayo de 2014.
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