El asambleísta Arcadio Bustos considera que las sanciones por las contravenciones de tránsito no son suficientes para solucionar los problemas relacionados con la circulación vehicular. En consideración de esta premisa presentó un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para que los conductores, además de las sanciones también reciban capacitación obligatoria.
En el artículo 386 del COIP plantea que en las contravenciones de primera clase, que son, entre otras, conducir sin licencia, faltar a la autoridad, exceso de velocidad, transportar pasajeros sin permiso, la sanción sea con una multa de 75 % del salario básico unificado y una capacitación obligatoria de conducción profesional de 30 días. La ley vigente establece para estas contravenciones pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico unificado y reducción de 10 puntos en la licencia de conducir.
El asambleísta explica que se sanciona hasta tres veces por una misma infracción: prisión, multa y reducción de puntos en la licencia. Sin embargo, considera que el problema del tránsito terrestre no solo le corresponde solucionar a los conductores, sino que están involucrados todos los sectores, entre ellos peatones, escuelas de formación de choferes, autoridades y conductores.
Así mismo, argumenta que con la norma no se han obtenido resultados para reducir las contravenciones. Dice que, por ejemplo, en Quito, en cuanto a la infracción por no respetar el semáforo, en el 2015, en enero se registraron 3018 casos, en mayo 6093, en julio 2769 y en septiembre 3091. La invasión del carril exclusivo pasó de 419 en enero a 3221 en mayor y 711 en septiembre. En cambio, las cifras por las infracciones por fotorradares determinan que en junio fueron de 1931 y en septiembre de 9531.
Según Bustos con esta realidad se hace necesario que todos los conductores que cometan infracciones reciban como sanción además de la multa, cursos de capacitación en conducir, educación vial y de la ley, con el fin de hacer conciencia para que respeten la normativa.
Para las contravenciones de segunda clase propone una multa del 50 % del salario básico unificado y 25 días de capacitación; para las de tercera clase sanción del 40 % y capacitación de 20 días; para las de cuarta castigo de 30 % del salario básico del trabajador y 20 días de capacitación; para las de quinta clase multa del 30 % y 15 días de capacitación.
Para las infracciones de sexta y séptima clase el parlamentario sugiere multa del 20 % del salario básico unificado y 10 y 5 días de capacitación, respectivamente.
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