Con las barras altas llenas, por la presencia de representantes de varias organizaciones de campesinos, la Asamblea continuó el segundo debate del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Los ciudadanos, la mayoría indígenas, escucharon atentos las intervenciones de los legisladores. La mañana inició con la intervención de Liuba Cuesta. Ella resaltó la participación de las organizaciones en la elaboración del proyecto y los beneficios que contiene.
La parlamentaria recordó que en la Comisión de Soberanía Alimentaria reposa una amplia documentación que registra la participación de las organizaciones en la consulta prelegislativa y de otros sectores que participaron en el debate. Así mismo, resaltó que otros actores siempre se negaron a participar. A renglón seguido, insistió en que la norma garantiza la soberanía alimentaria y regula el cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra, para que la actividad productiva sea eficiente, respetando el medio ambiente.
Esta ley surge como un mecanismo idóneo para combatir la pobreza en zonas rurales, al amparo de principios constitucionales, sostuvo. Con este argumento coincidió la segunda vicepresidenta de la Legislatura, Marcela Aguiñaga, quien manifestó que este giro, que permite esa seguridad alimentaria, la productividad y la lucha contra la concentración de tierras, se da gracias a los mandatos de la Constitución del 2008.
Entre los otros objetivos que persigue el proyecto, Liuba Cuesta también destacó la creación del Fondo Nacional de Tierras, mediante el cual se procesa la redistribución de la tierra; la determinación para otorgar créditos e incentivos para la producción; la simplificación de trámites engorrosos para la adjudicación y titulación de tierras; así como el reconocimiento del derecho de uso y usufructo del comunero y su familia sobre la parte de la tierra comunitaria, con lo que puede acceder a créditos y el derecho hereditario. Nuestro compromiso siempre es legislar en favor del sector campesino, señaló.
En tanto, Marcela Aguiñaga se refirió a la logros desde Montecristi destinados a la prohibición de toda forma de concentración de la tierras; modernas políticas alimentarias; democratización del servicio agrario; el derecho de las comunidades a conservar la propiedad de la tierra de forma imprescriptible; y, el cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra. Explicó que con la función social se busca la protección de la biodiversidad en predios estatales y privados y que una de las cosas importantes en la regulación de la tierra es que nos permite luchar contra el fenómeno del cambio climático.
Esta iniciativa, según Carlos Bergmann, se enmarca en un cambio de la matriz productiva, junto con la Ley de Recursos Hídricos, el proyecto de Ley de Semillas y la reorganización de instituciones como el Banecuador. Este asambleísta propuso que la compraventa, arrendamiento o usufructo de tierras rurales deberá ser autorizada por la Autoridad Agraria cuando supere las 200 hectáreas en la Sierra, 500 en el páramo, 1000 en la Costa y 1500 en la Amazonía.
En cambio, los artículos 104 y 105 fueron cuestionados por Patricio Donoso. Argumentó que, de acuerdo con el artículo 104, se podría expropiar tierras aún cuando estén bien trabajadas, porque existe la posibilidad de una discrecionalidad por parte de la Autoridad Agraria. Además, dijo que estos dos artículos se contraponen a otros dos de la Constitución. En el artículo 105 comentó que se debe ejercer un legítimo derecho a la defensa a quien esté inmerso en un proceso de expropiación. Según el legislador se crea una inseguridad jurídica.
Por su parte, con respecto al artículo 103, que establece seis causales de expropiación, entre ellas cuando se mantengan relaciones precarias de trabajo, prohibidas por la Ley, Virgilio Hernández consideró que también se debe incluir a los pasivos laborales, como otra razón de embargo. Sobre las seis causales de expropiación, Luis Fernando Torres aseveró que son ambiguas, que dan lugar a la discrecionalidad de la Autoridad Agraria a la hora de afectar a predios. Así mismo, cuestionó las definiciones de la función social y ambiental.
Hernández también pidió que se aclaren otros artículos como el 32 y el 66. El primero se refiere a la Autoridad Agraria Nacional y el segundo al valor de las tierras y formas de pago. Sobre este último tema dijo que puede dar lugar a interpretaciones.
Sobre la posesión de áreas protegidas, el asambleísta Ramiro Vela contó que en el país existen 5 millones de hectáreas de esta condición, pero que 1, 5 millones han sido ocupadas por campesinos antes de ser declaradas protegidas, por lo que solicitó que no se afecten a estas personas, criterio con el que concordó Marcela Aguiñaga. De igual manera, Vela se refirió al crédito para la producción, dijo que se debe brindar todas las facilidades posibles para estos financiamientos.
Asambleísta reelecto por la Provincia de Morona Santiago, por el proyecto de la Revolución Ciudadana."Abogado con postgrado en Derecho Penal, Doctor en Jurisprudencia, Dirigente Estudiantil, Dirigente Universitario, Dirigente Gremial, hombre de teoría revolucionaria".
