María Prado Cabascango y Jorge Zambrano, en representación de la Corporación Agrícola Tumbatú, ubicada en Guayllabamba, solicitaron a la Comisión de Fiscalización y Control Político una investigación alrededor de la presunta intervención de funcionarios del Ministerio de Agricultura, en actos de perturbación a la posesión y destrucción a la propiedad de la corporación en mención.
De acuerdo con el informe de la Corporación Tumbatú, desde el 16 de mayo del año pasado los propietarios son “victimas de hechos de atropello e injusticia a causa de la desaparición de linderos, cercas, alambrado y saqueo de sus viviendas”, por parte de un grupo de personas de dudosa procedencia. Advierten que el objetivo que persiguen los presuntos implicados es despojar a sus legítimos dueños de la propiedad que, según palabras de sus representantes, constituye una posesión ancestral de más de 30 años.
Según la denuncia, “el grupo de agresores ha invadido la vía pública, con un portón metálico con paredes y columnas impidiendo el libre acceso tanto a personas naturales como jurídicas del sector” (Asociación Pro Desarrollo, Asociación Agrícola Santa Isabel y algunas familias). También se registra la pérdida de plantas frutales y la muerte de animales domésticos; la desaparición de herramientas de trabajo y de algunos objetos de valor así como del menaje del hogar de los afectados.
Dentro de este contexto, la Corporación Tumbatú solicita a la comisión una revisión minuciosa de los expedientes de reversión de las adjudicaciones otorgadas por el antiguo Instituto Nacional de Desarrollo Agrícola (INDA), a favor de 42 adjudicatarios del sector Tumbatú, a fin de respetar la legítima propiedad.
En respuesta a esta denuncia, la comisión en amparo de los artículos 75 y 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicita al MAGAP la documentación que permita tratar este caso: copias certificadas de adjudicación y copias de expedientes administrativos otorgadas a las Corporación Tumbatú. Además, copias de las resoluciones o decretos ministeriales, administrativos mediante los cuales se pueda adjudicar o revocar dicha adjudicación.
PJ/pv