La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, conjuntamente con los asambleístas Mauricio Proaño y Esthela Acero, de la Comisión de Soberanía Alimentaria, participó de un evento de socialización de las Leyes de Tierras y de Aguas con campesinos y productores del agro de la provincia de Imbabura.
El evento se realizó el viernes por la tarde en el auditorio del ex Banco Central de Ibarra, en donde la titular del Legislativo destacó el proceso de construcción colectiva de las leyes, en este caso la Ley de Aguas, aprobada en junio de 2014, permitirá democratizar y cuidar el líquido vital, impidiendo su privatización y estableciendo políticas del agua para riego y consumo humano.
La Ley de Aguas, dijo, requería complementarse con la Ley de Tierras para garantizar el pleno acceso a la tierra y al agua en el Ecuador y de este modo garantizar una verdadera revolución agraria en el país.
Al referirse a la Ley de Tierras, aprobada por la Asamblea Nacional y actualmente en manos del Ejecutivo, señaló que fue una propuesta que nació de las mismas organizaciones campesinas y agrícolas. Destacó además que esta normativa no contiene únicamente disposiciones para el acceso a la tierra, sino plantea políticas para el acceso a riego y crédito enfocado a la productividad.
“No vamos a ver extensiones y a como nos toca a cada uno”, dijo. Se refirió así a un punto esencial que propone la Ley como son las Unidades Productivas Familiares, que establecen, de acuerdo a factores como la zona geográfica donde está la tierra ubicada y acceso a riego, la cantidad de tierra que requeriría una familia campesina para subsistir. También relievó la posibilidad de que las mujeres accedan a la titulación de la tierra.
La principal del Legislativo manifestó además que este año están pendientes de tratamiento las leyes de Semillas y de Agrobiodiversidad y la Ley de Pesca, con el fin de establecer el marco legislativo que permita impulsar la producción agraria y pesquera del país.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño, hizo una exposición pormenorizada de la Ley de Tierras. Destacó la institucionalidad que se crea con la normativa, como el Fondo Nacional de Tierras, para garantizar la compra y distribución de la tierra a los campesinos (latifundios improductivos), con el fin de que ésta cumpla su fin social y ambiental.
Indicó que las reformas agrarias, especialmente la última de 1994, no protegían al pequeño y mediano productor. Precisó además que con la Ley de Aguas no solo se garantiza el acceso al líquido vital como un derecho humano, sino que se busca cuidar todo su ciclo, para lo cual se crearon las Juntas de Agua.
Proaño explicó que con la Ley de Tierras se busca incentivar la producción del agro destinando crédito, riego y semilla para el sector, manteniendo la frontera agrícola y garantizando la soberanía alimentaria.
Entre las principales inquietudes de los asistentes, recogidas por los asambleístas, estuvieron las referentes a la distribución de agua de calidad para el agro y mecanismos para garantizar la titulación de la tierra, así como acceso a medios de producción.
“Hoy no solamente hacemos las leyes sino que hacemos un seguimiento y evaluación de las mismas”, precisó Proaño.
