La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Marllely Vásconez, al referirse al proyecto de reformas al Código del Trabajo que prepara el Ejecutivo para la protección del empleo, aclaró que en ningún caso se trata de volver a prácticas donde se vulneraban los derechos de los trabajadores, sino de tomar medidas urgentes en función de un escenario económicamente complicado y adaptable a la realidad laboral que está viviendo el país.
Expresó que en este marco el Presidente de la República ha anunciado algunas propuestas, entre ellas, disminuir la jornada laboral, es decir que mediante acuerdo previo entre empleador y trabajador se pueda acortar la jornada de trabajo y pagar un salario en relación a las horas laboradas, disposición que garantiza que el trabajador no sea despedido debido a la desaceleración económica que vive el país.
Otra de las propuestas es que se pueda acordar jornadas de trabajo concentradas, por ejemplo trabajar diez horas diarias, en lugar de ocho, cuatro días a la semana, un total de cuarenta horas semanales.
Explicó que se pretende que el trabajador siga laborando con un contrato indefinido, no necesariamente las 8 horas y de lunes a viernes las 40 horas semanales de trabajo.
Sobre el seguro de desempleo indicó que se lo está considerando no solo para los servidores públicos, sino para todos los trabajadores del país que no constan dentro de la seguridad social.
Sostuvo que pese a que se ha ido incrementado el número de afiliados a la seguridad social, existen otros sectores que no están cubiertos, como es el caso de los choferes, quienes podrían aportar a un seguro de desempleo que los amparará cuando no puedan seguir trabajando.
A su criterio éste debe funcionar como el fondo de cesantía en que aportan el empleador y el trabajador y se va acumulando.
Marllely Vásconez también adelantó que quien está haciendo los estudios actuariales y el análisis de la sostenibilidad de este seguro de desempleo es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Una vez que el documento llegue a la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa lo calificará y remitirá a una de las comisiones legislativas, en donde no se descarta sea la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, la que analizará conforme a los términos y procedimientos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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