La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional solicitó al Contralor General del Estado, Carlos Pólit y al Procurador General de la Nación, Diego Garcia, información acerca de las investigaciones en torno al proceso de compra-venta de terrenos pertenecientes al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). La mesa deberá esperar que las entidades de control terminen la indagación que les corresponde hacer dentro del proceso y que inició el pasado 4 de febrero, según declaró su presidenta María José Carrión, a la cadena Telesur.
El ISSFA es la entidad que garantiza el aseguramiento y la pensión jubilar de los miembros de las Fuerzas Armadas por tanto los pronunciamientos del entonces alto mando estuvieron en el sentido de defender, según su propio criterio, lo que serían montos bien habidos a través de una transacción entre esta institución y el Ministerio de Ambiente, dijo.
En referencia a los acontecimientos que desencadenaron en el cambio anticipado de la cúpula militar ecuatoriana por parte del Presidente de la República, María José Carrión señaló que la actuación de los militares salientes obedeció a una actuación en sentido de cuerpo institucional y a una manipulación de carácter político debido a que estamos en un año preelectoral.
Recordó que el actual gobierno ha invertido durante los primeros siete años casi 2 mil millones de dólares en mejorar las condiciones salariales de este sector tendiendo siempre a la equidad de tropa y oficiales. En poco tiempo, dijo, se logró mejorar las condiciones salariales del sector militar y policial hasta en un 90 por ciento. “El más bajo rango del servicio de las Fuerzas Armadas ganaba 110 dólares cuando comenzó el gobierno, ahora están en una cifra de casi 700 y 800 dólares”, añadió.
Indicó que es la primera vez que se construyen más de 1000 viviendas para garantizar la paz emocional y la estabilidad de las familias policiales y militares que deben trabajar en otras provincias.
Hoy se entregan casi 500 millones de dólares al año para garantizar la pensión jubilar desde el Estado. Antes se entregaba muy pocos recursos para esto. No se pueden negar los avances impulsados por el Gobierno para velar por la vida de los miembros de Fuerzas Armadas y la Policía, precisó.
Recalcó que constitucionalmente las pensiones jubilares para personal militar y policial están garantizadas incluso de manera más clara debido a la enmienda al artículo 370 de la Constitución de la República aprobada el pasado 3 de diciembre por la Legislatura que establece la obligatoriedad del Estado de garantizar las pensiones jubilares de policías y militares.
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