La Comisión de Participación Ciudadana, tras elegir a su nueva presidenta, Johanna Cedeño, aprobó el Plan de Trabajo para este primer semestre. Entre sus prioridades se encuentra la resolución final sobre el proyecto de Ley de Declaraciones Patrimoniales Juramentadas, que se encuentra para sanción u objeción del Ejecutivo y el proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa.
Sobre el segundo tema, la Comisión conoció hoy la iniciativa presentada por la asambleísta Marisol Peñafiel, como un insumo para la elaboración del informe para primer debate. En los próximos días la propuesta la analizará el equipo asesor de la mesa para presentar un informe.
La propuesta de la representante de Imbabura se enmarca en la obligación legal que tiene la Asamblea para analizar el Presupuesto General del Estado (PGE). La legisladora considera que el tiempo para ejecutar este proceso es muy corto.
La actual ley establece que la Función Ejecutiva debe presentar a la Presidenta o Presidente de la Asamblea la proforma presupuestaria anual y la programación cuatrianual durante los primeros 90 días de su gestión y, en los años siguientes, 60 días antes del inicio del año fiscal respectivo. También señala que la comisión correspondiente debe presentar en 10 días un informe para consideración del Pleno, el que, en un solo debate y con mayoría absoluta, deberá aprobarla u observarla en 30 días.
Con este antecedente, Marisol Peñafiel cree que el tiempo no es suficiente para el análisis en la Asamblea, porque, además, se requiere cumplir otros mandatos de la Ley como la socialización y la participación ciudadana.
Por otra parte, plantea que la Unidad de Control de Ejecución del Presupuesto General del Estado sea parte de los órganos que tiene la Legislatura. Es necesario que este ente conste en la propia ley como lo hace, por ejemplo, la Unidad de Técnica Legislativa, dice la propuesta.
Según el proyecto, la Unidad se encargará de vigilar el cumplimiento de los diversos mandatos constitucionales y legales sobre la aprobación del PGE; proveer de información, análisis y asesoría técnica en la creación, modificación o supresión de los tributos mediante leyes; y, apoyar la construcción y aprobación de leyes evaluando técnicamente las propuestas a tratar en la Asamblea, sobre todo el impacto económico.
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