La situación de los compatriotas migrantes y sus familias centró la atención de los miembros de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Movilidad Humana. Precisamente varios grupos de retornados expusieron sus pareceres.
Marco Guerrero, de la Plataforma de Movilidad Humana, habló de la necesidad de planificar un plan de vida en el extranjero, es decir, en el sitio mismo donde residen los ecuatorianos, que garantice a los retornados una efectiva reinserción en la sociedad ecuatoriana.
Es fundamental definir reales oportunidades de empleo, cupos en el sistema educativo a favor de los niños y jóvenes, así como abrir espacios para emprendimientos productivos tanto individuales cuanto asociativos con acceso al crédito, para cuyo efecto los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) pueden cumplir un rol clave en esta materia, enfatizó.
La asambleísta Verónica Rodríguez dijo que los compatriotas pueden acudir a los consulados y verificar la página web de la Cancillería para conseguir amplia información sobre los planes y beneficios para las personas retornadas, tras precisar que los proyectos de emprendimiento productivo son de competencia de los GAD.
El parlamentario Eduardo Zambrano explicó que el Código Orgánico Monetario y Financiero determina el acceso al crédito para que los migrantes puedan desarrollar iniciativas productivas, al mencionar que el proyecto de Movilidad Humana contempla un título que consolida los derechos de los retornados (retorno asistido, voluntario, forzado, humanitario), además de la vinculación directa entre el sector y los consulados.
Buenas expectativas
De su lado, Fabián Velasco, presidente de la Cooperativa de Promoción y Servicios Migrantes de El Oro, que aglutina a más de 300 personas, destacó que la normativa ha sido acogida con buenas expectativas por parte de la comunidad migrante.
Expresó su preocupación por el contenido de la transitoria 182, que dispone que a partir de 2009 los migrantes retornados tienen un plazo de 12 meses para regularizar o que se les reconozca su condición. Oportunamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores facilitó este hecho con la entrega de un certificado, subrayó.
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