La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Marllely Vásconez, en el marco del primer debate del proyecto de Ley para la Promoción del Trabajo Juvenil, Protección del Empleo y Seguro de Desempleo, resaltó que se busca la maximización en el ingreso de estudiantes de educación superior a las pasantías, la incorporación de los jóvenes al mercado laboral estable; protección del empleo y la aplicación de un seguro de desempleo que cubra a todos los trabajadores en relación de dependencia.
Explicó que según la propuesta, la disminución de la jornada no podrá tener una duración mayor a seis meses renovables por una sola vez en otro ejercicio económico y se prohíbe el despido de los trabajadores durante el período de ajuste de la jornada laboral y de producirse no podrá volver a solicitar la autorización.
Aclaró que la norma cambió su nombre justamente por que incentiva el trabajo juvenil por sobre toda las cosas, protege el empleo y brinda un seguro de desempleo.
Con respecto a Ley de Pasantías, explicó que en el año 2015 de un universo de 100 mil 564 estudiantes, solamente el 10% pudo acceder a estas pasantías, que en función de ello y recogiendo el pedido de un colectivo de jóvenes, proponen que no sea rígido el salario básico, sino de un estipendio, mínimo de un tercio.
Sobre el contrato juvenil, indicó que los jóvenes entre 18 y 24 años que accedan a un empleo (que no implica la sustitución de trabajadores estables), deben aumentar la nómina de trabajadores estables, estar afiliados al IESS, para lo cual, el Estado da un incentivo a las empresas, asumiendo hasta dos salarios básicos unificados, por el lapso de un año, al 20% de la nómina que sea contratada establemente.
Informó que la inversión que haría el Estado sobre los dos salarios básicos unificados para la afiliación al IESS podría considerarse como gasto deducible para el empleador.
Argumentó que se está considerando el rango de edad entre 18 y 24 años, considerando que en el 2015 el nivel de desempleo fue del 12.6%, una de las mayores tasas dentro del rango de las personas que se encuentran sin empleo en el Ecuador.
Sobre las jornadas reducidas, Marllely Vásconez destacó que se busca precautelar las plazas de trabajo, defendiendo el derecho a un empleo justo. “Es una medida excepcional que debe darse cuando la empresa esté pasando una crisis económica que pueda desembocar en el despido de trabajadores”, que debe ser acordada entre trabajadores y empleadores, que podría reducirse hasta un máximo de 30 horas semanales, precautelando el empleo y con ciertas condiciones.
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