Que la licencia por maternidad sea pagada fue la propuesta de las asambleístas Ximena Ponce y María Augusta Calle durante el segundo debate del proyecto para la Optimización Laboral. Según el informe que preparó la Comisión de los Trabajadores para discusión en el Pleno esta licencia se incrementa hasta un año, sin remuneración y de manera voluntaria para la madre y el padre, a partir de los tres meses que ya establece la ley actual y que es pagada.
Sin embargo, la temporalidad y metodología de los dos planteamientos fueron diferentes. Ximena Ponce propuso que luego del tercer mes del nacimiento del niño dicha licencia sea pagada durante tres meses para la madre y padre, a medio tiempo, a fin de equilibrar el cuidado de los hijos. En tanto, que María Augusta Calle sugirió que se incremente a cinco meses, a partir de la semana 14 de la fecha del nacimiento, es decir, que la licencia se extendería a ocho meses.
La propuesta de María Augusta Calle es que la remuneración por este tipo de licencia sea cubierta con parte del seguro del desempleo, que también es parte del proyecto urgente. Explicó que la sugerencia es viable porque según datos del IESS un ecuatoriano en promedio tiene tres meses y medio de desempleo y no todos los desempleados sacan la cesantía (que cambia a seguro de desempleo). Manifestó que este seguro no va a tener un uso total.
El tema de las pasantías también recibió aportes de los legisladores, en la primera jornada del debate, en el que participaron 13 legisladores. En este asunto, Ximena Ponce planteó que las pasantías en las empresas privadas se ejecuten en coordinación con las instituciones de educación superior, para que corresponda a una planificación y la medida sea más equitativa. Por su parte, Gabriela Díaz acotó que en la aplicación de las pasantías se señale el estipendio para alimentación y transporte, a fin de que estos rubros no puedan prestarse a incumplimientos.
Sobre este tema, el proyecto plantea reformas la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial para maximizar esta actividad que realizan los estudiantes de pre grado antes de obtener su título. Según la propuesta se busca promover la inserción de los jóvenes en la actividad productiva y fomentar el acceso a su primer empleo.
Por otra parte, se insistió que la jornada reducida es para casos extremos, cuando la empresa está ante una situación de inminente quiebre o cierre. Esto lo aseguró Soledad Buendía, quien dijo que esta opción solo es de manera temporal y no se la aplicará de manera indiscrimina. Aseguró que no se debe confundir estos criterios porque en ningún momento se está afectado los derechos de los trabajadores, que son irrenunciables. En cambio, indicó que la jornada prolongada obedece a la necesidad de acoplarse a los requerimientos productivos de la empresa.
La propuesta del trabajo juvenil también generó criterios de apoyo. La asambleísta por Avanza Gabriela Díaz comentó que es un aspecto positivo, pero que los beneficiarios deben extenderse hasta los 29 años. El contrato juvenil es una opción fundamental que permite garantizar esta experiencia laboral, agregó Soledad Buendía.
De igual manera, la discusión giró alrededor de la necesidad de, con este proyecto, responder de manera inmediata ante la dificultad económica que vive el país. Nuestro gobierno ha asumido con responsabilidad para afrontar esta adversidad, dijo el asambleísta Álex Guamán.
Por parte de la oposición se insistió en que es una medida parche y que el gobierno no ha tenido una política integral para incentivar y proteger el empleo. Este fue el criterio de Cristina Reyes, mientras Patricio Donoso sostuvo que solo se genera esta actividad con inversión y Ángel Vilema señaló que el proyecto no recoge las necesidades ni del trabajador, ni del empleador.
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