Este miércoles efectuó su rendición de cuentas la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Uno a uno, los miembros de esta mesa dieron a conocer las actividades fiscalizadoras llevadas a cabo en el 2015 en diversos ámbitos.
La legisladora Vanessa Fajardo se refirió al seguimiento efectuado por la comisión dentro del caso del proyecto piloto “Nuevo Servicio de Transporte Integrado” llevado a cabo por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en la provincia de Santa Elena y que presentó fallas en las distintas fases de implementación. En este sentido, reseñó los requerimientos de información solicitados a esa entidad y al Ministerio de Obras Públicas así como la comparecencia de sus máximas autoridades: Paola Carvajal y Lorena Bravo, respectivamente.
Indicó que la mesa legislativa continuará en el seguimiento de este caso que le significó al país un perjuicio de 7 millones 200 mil dólares. “Se han elaborado nuevos requerimientos relacionados con el proceso de contratación, las acciones de contingencia llevadas a cabo y el señalamiento de los responsables del caso. Es necesario que se busque una salida y el resarcimiento integral a la provincia por los atropellos a sus derechos”, dijo.
El asambleísta Esteban Melo resaltó los esfuerzos realizados por la comisión para la resolución del denominado caso “redondeo” que desde el año de 1995 efectuaban las operadoras telefónicas móviles en perjuicio de la ciudadanía y sin ninguna vigilancia ni reglamentación y que motivó la presencia del Ministro Augusto Espín para solicitarle información acerca de las diligencias llevadas a cabo en este tema.
Recordó, además, la solicitud de comparecencia de Richard Espinosa, en representación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), debido a la existencia en esa entidad de una red de corrupción que generó el perjuicio de cerca de 1 millón de dólares y que posteriormente desencadenó en la detención de 40 personas. Asimismo, enumeró otras acciones efectuadas por la mesa legislativa en torno a la declaratoria de emergencia de la provincia de Esmeraldas por el problema de la falta de agua potable, el caso PROMAGA y el de OGC paquetería que perjudicaron principalmente a ecuatorianos migrantes.
Por su parte, la asambleísta Alexandra Ocles destacó el ejercicio de rendición de cuentas permanente que efectúa la mesa legislativa en territorio y, en el caso del “redondeo telefónico”, recalcó la presencia de los directivos de ARCOTEL y el Ministro Telecomunicaciones. “Esta fue una investigación que nació en la Comisión de Gobiernos Autónomos, a partir del tratamiento de la ley de este sector.
Lo sucedido con las tierras de la Corporación “Tumbatú”, que fue tratado directamente con el Ministerio de Agricultura, es otra de las temáticas abordadas por la comisión, según la parlamentaria. “Se ha revisado material y se busca llegar a acuerdos para resolver ese conflicto”, mencionó.
Añadió que otro tema importante analizado desde el año anterior es el referente al caso internacional “FIFAGATE”, que implicó a diversos países, inclusive el nuestro. “En este caso pedimos la presencia del Fiscal General de la Nación para hacerle llegar nuestras inquietudes”, señaló.
De su lado, la parlamentaria Marisol Peñafiel enfatizó que la comisión ha recuperado el verdadero sentido de la fiscalización y el control político, más allá de lo que anteriormente significaba solamente un “show mediático” para perseguir a quienes pensaban distinto.
Resaltó los cerca de 2 mil pedidos de información en temas de diversa índole que se recibe la mesa, de los cuales el 70 por ciento, corresponde a los propios asambleístas del movimiento Patria Altiva y Soberana (PAIS).
“Los miembros de la mesa hemos trabajado con énfasis en los temas que corresponden a las comisiones a las cuales pertenecemos. Es así que la Comisión de Justicia ha dado importancia al seguimiento a la aplicación del Código Integral Penal (COIP), al proceso de depuración, combate y lucha contra la corrupción en la administración de justicia, que desembocó en el llamado al Fiscal General de la Nación y al Presidente del Consejo de la Judicatura para conocer y evaluar cuál es el sistema de aplicación que se está implementando en esas instituciones en lo que tiene que ver con el cumplimiento de principios procesales de acceso a la justicia con inmediatez y celeridad”, agregó.
Indicó que esta investigación ha permitido conocer de cerca la implementación de un semáforo en el sistema de justicia a través de la fiscalía, el mismo que permite visualizar cuántos procesos judiciales son resueltos y solucionados en forma inmediata y cuál es el accionar frente a esa realidad.
Para finalizar, la presidenta de la comisión María José Carrión decidió admitir la intervención en 3 casos puntuales de violación de derechos, solicitados por la legisladora Marisol Peñafiel. Puntualizó que casos como los de “La Majadita” y los encontrados en 2 universidades de la ciudad de Quito están siendo analizados y de ellos se informará próximamente, pues la actual rendición de cuentas tiene enfoque a lo ocurrido durante el año 2015. “Uno de los objetivos fundamentales de la comisión es cambiar la mirada de nuestro trabajo, desde resolución de problemas de las vidas de las personas”, dijo.
EF/pv
Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
