La Comisión de Régimen Económico escuchó hoy las propuestas y observaciones de representantes del sector de la producción, de la construcción y de los empresarios en torno al proyecto de Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas.
Enrique Pita, del sector de la construcción, pidió que el plazo para pagar deudas sin intereses y multas se lo haga desde enero del 2014 y no a partir de octubre del 2015 como se establece en la disposición tercera del proyecto de Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, argumentando que esa medida permitirá a los contratistas tener un alivio.
Además, solicitó que el sector de la construcción sea tomado en cuenta en las exoneraciones de intereses por multas y recargos por la aplicación de glosas por parte de la Contraloría, ya que por situaciones que atraviesa el país con la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar no han podido pagar sus acreencias.
Los comisionados también escucharon a Christian Wahli de la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, quien señaló que la cadena de productos de bebidas y alimentos se vería afectada por el incremento del ICE en las bebidas gaseosas y azucaradas.
Dijo que la industria agroalimentaria es fundamental para la sociedad y la economía ecuatoriana, así como para garantizar la seguridad alimentaria. Dijo que es necesario medir primero el resultado del semáforo sobre la salud.
Por su parte, Miguel Pérez de la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador, señaló que el precio del azúcar entre el 2011 y el 2016 ha tenido un incremento del 5%. En estos seis años el mercado mundial cayó y lo más grave es que el peso colombiano en dos años se devaluó en el 63%, lo que hizo que este producto sea más barato y la gente compre en ese país, lo que significó un egreso de 25 millones de dólares.
Si se establece un incremento del precio en ciertas bebidas significaría que las empresas disminuyan el consumo de azúcar por tanto se reduciría su producción afectando toda la cadena: ingenios, transportistas, distribuidores, comentó.
En cambio, el presidente alterno de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Miguel Ángel González, indicó que no se puede seguir golpeando al comercio. Hay que entender que los comerciantes que constituyen el 80% de pequeños y medianos productores cada vez venden menos, por ello el enfoque debe estar dirigido a reactivar al sector privado para que inviertan en el país donde el gobierno juega un rol fundamental porque es el único que puede generar las condiciones necesarias para que la gente invierta y genere plazas de trabajo, agregó.
Vinicio Troncoso en representación de la Cervecería Nacional señaló que la clase media y baja es la principal consumidora de cerveza, producto que se expende generalmente en tiendas y lugares cercanos a la ciudadanía. Sostuvo que es necesario balancear los impactos sin promover efectos colaterales en familias, trabajadores, consumidores, tenderos, proveedores, salud pública.
En este marco planteó que las bebidas de bajo contenido alcohólico (0 grados-5 grados) paguen 8 dólares por litro de alcohol; las de medio contenido alcohólico (5 grados-20 grados) 12 dólares por litro de alcohol; las de alto contenido (20 grados–100grados) 14 dólares por litro de alcohol.
En lo relacionado con la cerveza de malta propone que no exista el incremento del impuesto porque habría una afectación a la cadena de producción.
Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, precisó que el país necesita soluciones estructurales a problemas estructurales. Dijo que se requiere un nuevo enfoque de la política pública: consultiva, ordenada y previsible, a fin de defender la producción nacional, mantener el empleo y fortalecer la dolarización.
Señaló que el uso de telefonía no es un consumo especial en las empresas, sino una herramienta para hacer negocios y que fijar el ICE a este sector limitará el acceso a las comunicaciones. El Ecuador requiere para su desarrollo mejorar los niveles de acceso y conectividad, agregó.
Al referirse a las bebidas gaseosas señaló que internacionalmente este tipo de medidas si generan ingresos para los Estados, pero no significa cambio de hábitos del consumidor; en cuanto al dinero electrónico expresó que debe estar respaldado por dólares físicos, registrados en la reserva internacional y operado por la banca privadas y su plataforma mejorada.
Asambleísta reelecto por la Provincia de Morona Santiago, por el proyecto de la Revolución Ciudadana."Abogado con postgrado en Derecho Penal, Doctor en Jurisprudencia, Dirigente Estudiantil, Dirigente Universitario, Dirigente Gremial, hombre de teoría revolucionaria".
