RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO-DICIEMBRE DE 2015

RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO-DICIEMBRE DE 2015

RENDICIÓN DE CUENTAS
Enero-Diciembre 2015

Dr. Moisés Tacle Galárraga

Asambleísta por la Provincia del Guayas

INTRODUCCIÓN


Con 122,705 votos el 17 de febrero del 2013 fui elegido como Asambleísta por el Distrito 3 del Guayas.  Cargo por el cual fui posesionado el 14 de mayo del 2013 para representarlos en la Asamblea Nacional por el periodo del 2013-2017.
En conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 de la Constitución de la Republica y artículo 110 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a continuación les presento el informe de mis labores correspondientes a los meses de enero-diciembre 2015.

Con un total de 80 sesiones en el Pleno asistí a 76 de ellas, lo cual corresponde al 95% de asistencias al pleno de la Asamblea, interviniendo en varias de las sesiones que se detallan más adelante.


En el 2015 la Asamblea Nacional aprobó las siguientes 15 Leyes:

1.  Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica
2.  Ley Orgánica de Telecomunicaciones
3.  Ley de Reconocimiento Público del Estado en las Áreas Cultural, Científica y Deportiva
4.  Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas
5.  Ley Reformatoria a la Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y Derogatoria de la Ley Especial del Sector Cafetalero
6.  Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar    
7.  Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos    
8.  Código Orgánico General de Procesos
9.  Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos    
10. Ley Reformatoria al Código Civil
11. Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural
12. Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal
13. Ley General de los Servicios Postales
14. Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización
15. Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera


Además se aprobaron en la Asamblea Nacional del 2015 los siguientes 8 Tratados e Instrumentos Internacionales:

1. Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur
2. Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco    
3. Acuerdo Constitutivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y su Estatuto
4. Convenio de Cooperación entre la República del Ecuador y la República Oriental del Uruguay para la protección, conservación, recuperación y restitución de bienes del patrimonio cultural y natural que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos
5. Acuerdo entre la República del Ecuador y la República de Singapur para evitar la doble tributación y para la prevención de la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su protocolo
6. Convenio de Seguridad Social entre la República del Ecuador y la República Dominicana
7. Convenio entre la República del Ecuador y la República de Corea para servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios
8. Acuerdo Marco de Cooperación Bilateral en Asuntos Migratorios entre la República del Ecuador y la República de El Salvador




OBSERVACIONES

A continuación encontrarán las observaciones que he hecho a varios proyectos de ley durante el período Enero-diciembre de 2015:


OBSERVACIONES PRIMER DEBATE LEY REFORMATORIA  LEY ORGÁNICA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Quito, Marzo 25 de 2015
En relación al Informe presentado para Primer Debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, me permito presentar a usted y por su intermedio al señor Presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, las siguientes observaciones y recomendaciones:
1. Me parecen pertinentes las reformas planteadas al Artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que introducen un nuevo procedimiento para determinar el precio a pagarse a los propietarios de los bienes declarados de utilidad pública o de interés social, cuando el Gobierno Central manifieste su intención de realizar proyectos de inversión de obra pública. En efecto, se pueden dar muchos ejemplos, algunos muy recientes, de propietarios que se han beneficiado de manera escandalosa de la plusvalía generada por el anuncio y posterior construcción de obras públicas, sin que el Gobierno Central se haya beneficiado de manera alguna de la indicada plusvalía. Ejemplos recientes, las denominadas Ruta Viva y Ruta de Collas al nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, construcción de la sede de la UNASUR en la Mitad del Mundo, proyectos de regeneración urbana en distintas ciudades, etc.
2. En el Artículo 2 del indicado Proyecto de Ley se agrega una sección al Artículo 56 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública que pretende legislar la contratación integral a precio fijo de obras con diseño homologado. Al respecto, conviene aclarar en el texto del Artículo 56.1 que el denominado diseño homologado de obras de infraestructura, debe necesariamente diferenciar los aspectos constructivos y de equipamiento, que son propios y únicos, dependiendo de la ubicación geográfica de las obras que se quiera contratar. Por ello es necesario que en la redacción del indicado Artículo se consideren distintas tipologías homologadas, dependiendo de las regiones, e incluso de las ciudades, donde se vayan a contratar obras de infraestructura.
3. En el Artículo del Proyecto de Ley 4 se plantea que se añada una disposición general que dice: “Séptima.- Si por la ejecución de obras públicas por parte de la Administración Pública Central e Institucional se producen revalorizaciones en los inmuebles, podrá ésta recuperar tales plusvalías. Para su implementación el organismo público responsable de la obra, previo informe vinculante de la dependencia de avalúos y catastros del respectivo gobierno autónomo municipal sobre los predios incluidos en la zona de beneficio o influencia de la obra así como la plusvalía generada en cada uno, emitirá y notificarán los títulos de crédito que podrán conceder un plazo de tres años para el pago. Sólo en el caso que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal no posea la capacidad técnica para realizar este informe, la determinación de la zona de influencia y la plusvalía la realizará el órgano rector del catastro nacional georreferenciado...”
La redacción de esta disposición es confusa y conviene ser aclarada a efectos de que se viabilice su eventual aplicación. En este sentido, debe quedar perfectamente claro que no puede haber de ninguna manera una doble tributación por parte del propietario que se ha beneficiado de la plusvalía generada por la inversión pública. En algunos casos, esta tasa le corresponderá recibir al Gobierno Central; en otros casos, al GAD donde esté localizada la inversión, dependiendo de la institución que esté realizando la inversión pública, por lo que esta disposición legal debe señalar de forma meridiana que el pago indicado es solamente a la institución pertinente y no a ambas, porque entonces estaríamos hablando de una doble tributación. Pero también hay que considerar la posibilidad de que la plusvalía sea generada por la inversión simultánea de recursos, tanto del Gobierno Central, como el del GAD correspondiente, en cuyo caso, el pago debería ser prorrateado de acuerdo a la composición de la inversión realizada.
4. Como es de conocimiento general, no siempre la inversión pública genera plusvalía en una propiedad, entendiéndose como tal el aumento del valor real de la misma. En algunos casos la inversión pública genera una plusvalía negativa también conocida como minusvalía, es decir, que la construcción de la obra pública, en lugar de aumentar el valor de las propiedades circundantes a la obra, termina afectando seriamente de manera negativa el valor de terrenos y propiedades cercanas al proyecto. Un ejemplo reciente es la construcción de un gran centro carcelario en la ciudad de Latacunga, que nunca estuvo previsto ni planificado realizarse en el sitio en el que finalmente se construyó y que ha ocasionado una evidente disminución en el valor patrimonial de los propietarios de lotes y viviendas alrededor de este centro carcelario. Por ello, así como el Gobierno Central plantea su derecho de ser partícipe de la plusvalía positiva que efectivamente se genera en muchos proyectos de inversión pública, también debería considerar la compensación correspondiente en la afectación económica negativa que en algunos casos puede generar los proyectos de inversión pública.

OBSERVACIONES AL “PROYECTO DE LEY     ORGÁNICA DE INCENTIVOS PARA ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS, Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA” EN LA COMISIÓN DE LO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y DE LA MICROEMPRESA
Sin perjuicio de que pueda posteriormente presentar observaciones adicionales en el debate al interior de la Comisión de lo Económico, productivo y de la Microempresa, solicito a usted que, por su intermedio, se ponga en conocimiento a la Asambleísta Lídice Larrea Viteri, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico,     Productivo y de la Microempresa, las siguientes observaciones al “Proyecto de Ley    Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, y la Inversión Extranjera”, que al momento se encuentra en trámite en la indicada Comisión  como proyecto económico urgente.
1.  En el Artículo 2, se indica que el proyecto público podrá consistir, entre otros:
    “4.5 En la construcción y comercialización de vivienda de interés social y en obras de     desarrollo urbano, siempre que sean calificados como prioritarios por el comité     interinstitucional;”
Sugiero el siguiente texto alternativo:
    4.5 En la construcción y comercialización de vivienda de interés social y en obras de     desarrollo urbano, siempre que  sean calificados como prioritarios por el comité inter     institucional,  a pedido de cualquier ente del sector público, incluidos los GADS, o de     cualquier actor del sector privado.
2.  En el Artículo 2, párrafo segundo del numeral 5, se señala:
    “Las leyes sectoriales establecen el régimen específico a que se sujeta la delegación o     participación privada, a través de cualquier modalidad, para la ejecución de obras,     adquisición de bienes y prestación de servicios en los sectores estratégicos, por lo que, las     disposiciones de esta ley no se aplicarán a esos casos. Las disposiciones de este capítulo     referentes a incentivos tributarios tampoco se aplicarán a estos casos”.

La exclusión  de las alianzas público-privadas en proyectos de los denominados sectores estratégicos  cerraría las posibilidades de alcanzar los incentivos previstos en el proyecto de ley  a una buena parte de potenciales inversionistas del sector privado, nacionales y extranjeros, que sin duda alguna pueden estar interesados en participar con el sector público en el financiamiento y gestión delegada  de proyectos, tales como los de generación hidroeléctrica. Por ello,  más allá de que las leyes sectoriales establezcan el régimen específico al que se sujeta la delegación o participación privada en los sectores estratégicos, bien se podrían hacer extensivos  los incentivos tributarios previstos en el proyecto de ley para este tipo de proyectos.

3.  En el Artículo 2, numeral 7, se señala:
“El proyecto público puede ser propuesto por quien tiene interés en constituirse como gestor     privado.  En tal caso, la entidad titular de la competencia no está obligada a acoger la iniciativa privada.”

Por otro lado, en el mismo Artículo 2, numeral 11,  en el segundo párrafo, se indica:
    “La selección del gestor privado ha de efectuarse mediante concurso público, salvo en los     casos específicamente previstos en el ordenamiento jurídico.”    
Al respecto, considero que conviene aclarar cuál es el procedimiento a seguir con un proyecto público propuesto por un gestor privado y que el comité interinstitucional lo considere pertinente.  Como en todo caso, la selección del gestor se debe realizar por concurso público,  convendría señalar en el literal 7  que ese es el procedimiento que se aplicaría a los proyectos que presenten gestores privados y que el gobierno quiera realizar,  pero en estos casos el gestor privado oponente debería tener  una ventaja en la valoración de su propuesta en el concurso público que se convoque para el efecto.

4. En el Artículo 3 se indica que el comité interinstitucional de asociaciones público-privadas estará conformado por los siguientes miembros:
    Miembros con voz y voto:
    1. La máxima autoridad de la autoridad coordinadora de la producción, empleo y     competitividad, o su delegado permanente, quien lo presidirá;
2.  La máxima autoridad de la entidad coordinadora de la política económica o su delegado permanente; y,
    3.  La máxima autoridad de la planificación nacional o su delegado permanente.
Participarán en las sesiones del comité interinstitucional, con voz pero sin voto, la máxima autoridad de la entidad pública promotora del proyecto  de asociación público-privada, o su delegado;  y, la máxima autoridad del Servicio de Rentas Internas o su delegado.
Del texto transcrito se desprende que no hay participación alguna del sector privado en este comité interinstitucional, por lo que considero pertinente se incluya a un representante de     los sectores productivos con voz pero sin voto.

5.  En la tercera disposición reformatoria y derogatoria que tiene que ver con las reformas a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, Artículo 1, que se refiere a las exenciones previstas en el Artículo 159, se plantea el siguiente literal:
“2.  Las transferencias realizadas al exterior de hasta un mi (1.000) dólares de los Estados Unidos de América, estarán exentas del impuesto a la salida de divisas, recayendo el gravamen sobre lo que supere tal valor.  En el caso de que el hecho generador se produzca con la utilización de tarjetas de crédito o de débito, no se aplicara esta exención”
Sugiero que en el texto se indique que las transferencias realizadas al exterior estén exentas del pago del impuesto a la salida de capitales si es que el monto mensual de esas transferencias no supera los dos mil (dos mil) dólares de los Estados Unidos de América.

6.  En el Proyecto de Ley hay una disposición general que señala lo siguiente:
    “ÚNICA.- Ratifíquese la vigencia de la codificación de la Ley del Sistema Hospitalario     docente de la Universidad de Guayaquil”
Al respecto cabe señalar que el impuesto del dos por mil al que se refiere la Ley del Sistema Hospitalario docente de la Universidad de Guayaquil, quedó expresamente derogado cuando se aprobó el denominado Código Monetario y Financiero, por lo que no cabe  de ninguna manera ratificar la vigencia del indicado impuesto. Esto sería un acto absolutamente ilegal, por lo que la disposición general indicada no tiene sentido alguno.  En cualquier caso, si el Gobierno Nacional quiere restablecer el indicado impuesto, tendría que proponerlo a la Asamblea Nacional en un proyecto legislativo específico.


OBSERVACIONES NO. 2 AL “PROYECTO DE LEY     ORGÁNICA DE INCENTIVOS PARA ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS, Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA” EN LA COMISIÓN DE LO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y DE LA MICROEMPRESA

En referencia al Proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público- Privadas, y la Inversión Extranjera, y luego de haber escuchado algunas propuestas de funcionarios y directivos del sector público, así como de representantes de los distintos gremios productivos, remito a usted observaciones adicionales a las presentadas anteriormente, a fin de que se sirva enviarlas a la señora Presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa, a fin de que sean consideradas en el debate correspondiente para la elaboración del informe para Segundo Debate.

1. Cuando se aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial - COOTAD, publicado en el Suplemento No. 166 del Registro Oficial, de 21 de enero de 2014, se incluyó el siguiente artículo:

“Art. 424.- Porcentaje de área verde, comunal y vías.- En la división de suelo para fraccionamiento y urbanización, a criterio técnico de la municipalidad se entregará por una sola vez como mínimo el quince por ciento (15%) y máximo el veinticinco por ciento (25%) calculado del área útil del terreno en calidad de áreas verdes y comunales, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, destinando exclusivamente para áreas verdes al menos el cincuenta por ciento de la superficie entregada.


Se exceptúa la entrega de áreas verdes y comunales si la superficie de terreno a dividirse no supera los mil metros cuadrados, en este caso el porcentaje se compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral; con estos recursos la municipalidad deberá crear un fondo para la adquisición de áreas verdes, comunales y/o de obras para su mejoramiento. La entrega de la sumatoria de áreas verdes, comunales y de vías no deberá exceder del treinta y cinco por ciento (35%) de la propiedad.

En las áreas consolidadas, los bienes de dominio y uso público destinados a áreas verdes y comunales, podrán ser cambiados de categoría exclusivamente a favor de instituciones públicas para consolidar equipamientos tales como seguridad, educación y salud de conformidad con los casos y porcentajes, que establezca en su normativa el Gobierno Autónomo Descentralizado. La institución pública beneficiaria tendrá la obligación de compensar el equivalente al valor del bien que recibe.

Los proyectos habitacionales realizados en función de la Ley de Propiedad Horizontal deberán aplicar los porcentajes de áreas verdes y comunales indicados en este artículo.”

El Artículo, tal como está redactado, no solamente es confuso en su aplicación, sino que además es contradictorio y abiertamente perjudicial al desarrollo de proyectos inmobiliarios en la partición de macro lotes para dichos fines, por ello, se propone una redacción alternativa al artículo mencionado que es la siguiente:

Art. 424.- Porcentaje de área verde, comunal y vías.- En la división de suelo rural y de suelo urbano con fines de urbanización se entregará por una sola vez como mínimo el quince por ciento (15%) y máximo el veinticinco por ciento (25%) del área útil del terreno, a criterio técnico de la municipalidad o distrito metropolitano, en calidad de áreas verdes y comunales, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial municipal o metropolitano, destinando exclusivamente para áreas verdes al menos el cincuenta por ciento de la superficie entregada.

No será obligatoria la entrega de dicho porcentaje si el fraccionamiento es de suelo rural para fines agrícolas.

Se exceptúa la entrega de áreas verdes y comunales si la superficie de terreno a dividirse no supera los dos mil metros cuadrados, en este caso el porcentaje se compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral. En el caso de predios con una superficie entre dos mil y cinco mil metros cuadrados, la municipalidad o distrito metropolitano, podrá optar entre exigir la entrega del porcentaje de áreas verdes y comunales del área útil del terreno o su compensación en dinero según el avalúo catastral. Con estos recursos la municipalidad deberá crear un fondo para la adquisición de áreas verdes, comunales y/o de obras para su mejoramiento.

Además se exceptúa en aquellos lotes de terreno que son parte de una urbanización en la que ya existe una superficie reservada para áreas verdes y comunales que satisfaga los porcentajes establecidos en este artículo.

La entrega de la sumatoria de áreas verdes, comunales y de vías no deberá exceder del treinta y cinco por ciento (35%) de la propiedad.

En las áreas consolidadas, los bienes de dominio y uso público destinados a áreas verdes y comunales, podrán ser cambiados de categoría exclusivamente a favor de instituciones públicas para consolidar equipamientos tales como seguridad, educación y salud de conformidad con los casos y porcentajes, que establezca en su normativa el Gobierno Autónomo Descentralizado. La institución pública beneficiaria tendrá la obligación de compensar el equivalente al valor del bien que recibe.

Se exceptúa la entrega de áreas verdes y comunales en el caso de proyectos habitacionales en el caso de proyectos habitacionales realizados en función de la Ley de Propiedad Horizontal cuando se trate de áreas menores de mil metros cuadrados. En estos casos los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos deberán vía ordenanza establecer los requerimientos para que las edificaciones garanticen las áreas verdes y comunales a sus copropietarios.

2. En su comparecencia, el señor Contralor General del Estado señaló la conveniencia de que la Contraloría General del Estado también pueda realizar, al igual que empresas privadas especializadas, auditorías financieras en las empresas de economía mixta, por lo que se sugiere el siguiente texto en la Disposición Sexta.- Reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y sus reformas, sobre régimen de empresas públicas y mixtas, literal 2:

        2.- En el Artículo 47, agréguese el siguiente párrafo:
En las empresas de economía mixta en las que empresas públicas sean accionistas, la Contraloría General realizará el Control Externo exclusivamente mediante auditoría financiera a través      de   la propia Contraloría General o de empresas especializadas en cada industria o sector, calificadas para el efecto, a través del proceso dinámico….”

3. En el Artículo 8 del Proyecto titulado “Facilitación de procesos y procedimientos”, con el fin de facilitar los procedimientos, se indica en el Literal 1 lo siguiente:

“Cualquiera sea la fuente normativa que determine el procedimiento administrativo, es potestad del Presidente de la República simplificarlos mediante decreto ejecutivo en el ámbito de la Función Ejecutiva. En ejercicio de esta competencia se puede suprimir o modificar, entre otros, permisos, licencias y en general autorizaciones administrativas, requisitos formales, actividades administrativas o medios para alcanzarlos, aun cuando estén previstos en la ley formal.”

Por todos es conocido que lo señalado por una ley no puede ser cambiado por un decreto, por lo que lo planteado en este literal es sumamente peligroso e injurídico, precisamente para garantizar al inversionista privado lo que se indica en varios artículos del Proyecto de Ley: que sus inversiones tendrán estabilidad jurídica. Por ello sugiero la siguiente redacción para el literal mencionado:

“Cualquiera sea la fuente normativa que termine el procedimiento administrativo, es potestad del Presidente de la República simplificarlos mediante decreto ejecutivo en el ámbito de la Función Ejecutiva. Ejercicio de esta competencia se puede suprimir o modificar, entre otros, permisos, licencias y en general autorizaciones administrativas, requisitos formales, actividades administrativas o medios para alcanzarlos.”



OBSERVACIONES AL TÍTULO PRELIMINAR Y AL LIBRO 1 DEL PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Me permito poner a su consideración las siguientes observaciones, que corresponden al Título    Preliminar y al Libro 1 del Proyecto de Código Orgánico de la  Economía Social  de los       Conocimientos, Creatividad e Innovación:

1.  En el Artículo 4, literal 1, se señala:
“El conocimiento constituye un bien de interés público, su acceso será libre y no tendrá más restricciones que las establecidas en este código…”

Estando de acuerdo con este principio general, convendría aclarar qué pasa con el     conocimiento generado exclusivamente con la participación privada, es decir, la producción científica y tecnológica que se produce por inversión directa de las empresas o de los     ciudadanos en estas actividades.
    
2.   En el Artículo 4, literal 10, se indica:
    “En el funcionamiento de la economía social de los conocimientos, la creatividad y la     innovación, se establecerán los mecanismos de descentralización y desconcentración     pertinentes...”

Dado que el modelo que se plantea en el proyecto de ley es extremadamente concentrador de prácticamente todo en una dependencia del Gobierno Central, creo que es conveniente profundizar en el cómo se van a desarrollar estos mecanismos de descentralización y desconcentración.

3.  En el Artículo 4, literal 19 se indica:
“Por su magnitud e impacto económico, social y político, el estado impulsará de manera prioritaria las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en sectores económicos denominados como industrias básicas.”

Al respecto sugiero se añada al final del literal indicado, lo siguiente:
    “y en aquellos sectores en donde el factor fundamental de producción es el     conocimiento científico y tecnológico y la innovación tecnológica.”

4.  En el Artículo 8, numeral 19, sugiero la siguiente redacción:
    “Emitir dictamen vinculante previa la constitución de zonas especiales de desarrollo     económico tecnológico que deben responder a una política de desarrollo nacional y de     desarrollo equitativo regional en todo el país.”

5.  En el Artículo 17 se definen los espacios para el desarrollo del conocimiento y de ecosistemas de innovación.  Al respecto conviene señalar que este artículo debe abrir la posibilidad de que los GADS, cuando cumplan con los requisitos pertinentes, pueden asumir la plena gestión de las competencias señaladas en el mencionado artículo.

6.  En el artículo 23, que define el Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología, Innovación, Conocimientos tradicionales, se señala lo siguiente:
“El Sistema de Información de Ciencia, Tecnología, Innovación, Conocimientos Tradicionales recolectará, depurará y organizará la información referente a los actores de la Economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación,...”

Al respecto considero que el señalar que el Sistema Nacional de Información podrá depurar la información no es pertinente. El conocimiento científico y tecnológico se debe reportar públicamente en la forma que su autor o autores lo publican.

7.  En el Artículo 24 se indica:
    “Los actores acreditados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y     Saberes Ancestrales, están obligados a suministrar a la Secretaría de Educación Superior,     Ciencia, Tecnología e Innovación, toda la información que les sea requerida”


Lo indicado solamente puede ser pertinente  si los actores reciben financiamiento parcial o total en sus investigaciones o emprendimientos tecnológicos, por lo que conviene aclarar este particular en el referido artículo.

8.  En el artículo 37, párrafo segundo, se indica:
“Las universidades y escuelas politécnicas deberán poner a disposición libre y gratuita de la comunidad académica conexión de internet inalámbrica en toda el área de sus sedes y extensiones.”

En la sociedad de información que vivimos es necesario que la conexión a Internet sea posible en todos los ámbitos académicos y de formación, por lo que considero que el acceso     libre y gratuito de la comunidad académica a la conexión de Internet inalámbrica también debe hacerse extensiva en todos los colegios del país.


OBSERVACIONES AL TÍTULO PRELIMINAR Y AL LIBRO IV DEL PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Me permito poner a su consideración las siguientes observaciones, que corresponden al Título Preliminar y al Libro IV del Proyecto de Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación:

1.  En el Artículo 543, que habla de la preasignación para la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación, se señala los siguientes recursos:
    1. La contribución no reembolsable del 1% del monto del pago a los contratistas por sus     servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos;
2. La contribución no reembolsable del 1% de los ingresos por los servicios prestados por las     operadoras de telecomunicaciones; y
    3. El 0.5% del 1% de las planillas de pago al IESS por parte de los empleadores de los     sectores públicos y privados.

Las dos primeras contribuciones no representan nuevas cargas impositivas, pero si el nuevo pago que se haría a las planillas del IESS.  De la lectura total del Artículo en mención se desprende que la suma de todos los recursos indicados debería ser por lo menos igual al 0.55%  del PIB del Ecuador y que de no ser así, la diferencia faltante deberá ser incluida con     cargo al gasto de inversión del Presupuesto General del Estado, a través de proyectos de inversión priorizados conforme a la Ley.


Como es ampliamente conocido, los países que han logrado un significativo desarrollo de su producción científica-tecnológica y producción de conocimientos, han asignado recursos     que varían  en el rango del 3 al 6% del PIB de cada país, con aportes que provienen tanto del     sector público, como del sector privado, por lo que para que realmente en el mediano y largo plazo se pueda producir la transformación de la economía ecuatoriana en base al conocimiento,  considero que  el objetivo a alcanzarse en los próximos años en cuanto al monto total de la inversión en el desarrollo científico-tecnológico e innovación, debería ser    por lo menos el 1% del PIB, por lo que sugiero que en este artículo se señale el     cumplimiento de este objetivo en los próximos tres años, a través de incrementos     anuales en los próximos tres años.

2.  En el Artículo 548, referente a las licencias a servidores y servidoras del sector     público que realicen actividades académicas o de capacitación, se indica que la unidad     administrativa de talento humano de cada institución determinará de forma motivada la pertinencia del programa de estudios o capacitación y si la licencia concedida gozará o no de remuneración.

La discrecionalidad que tiene la unidad administrativa de talento humano de determinar si la licencia concedida gozará o no de remuneración ha sido siempre materia de muchos conflictos en las entidades del sector público cuando a algunos servidores se les otorga     licencia con remuneración y a otros  no.  Por ello, sugiero la eliminación de la licencia con remuneración o en su defecto señalar claramente en la ley cuándo sería pertinente otorgar licencia con remuneración.

3.  En el Artículo 554, que se refiere a programas o proyectos de fomento para la     investigación, en el párrafo 3 se indica:

“La secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación podrá llevar a cabo     programas o proyectos de financiamiento destinado a investigadores e innovadores     nacionales, que desarrollen productos o procedimientos que no sean susceptibles de protección mediante el régimen de propiedad intelectual nacional.  Estos programas o proyectos de financiamiento incluirán, entre otros elementos, la protección de dichas creaciones en el extranjero”

Cuando se habla de que la entidad rectora del sistema podrá incluir recursos de financiamiento para la protección de la producción científica o tecnológica en el extranjero, se debería aclarar a qué tipo de protección se está refiriendo, porque proteger la producción intelectual bajo las múltiples modalidades que existen, generalmente es muy costoso hacerlo en el extranjero, sobre todo cuando está de por medio el registro de patentes y otros acuerdos de protección intelectual.

4. En el Artículo 555, que habla de los incentivos tributarios para la investigación     responsable, se señala en el Literal 1 lo siguiente:
“1.  Reducción porcentual de la tarifa del impuesto a la renta, cuando los sujetos pasivos reinviertan sus utilidades en proyectos o programas de investigación científica responsable o     de desarrollo tecnológico acreditados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, esto aplica únicamente sobre el monto reinvertido. En el caso de los actores que operen en una ciudad del conocimiento la reducción será del diez por ciento; para los actores que operen en otros espacios del conocimiento la reducción será del ocho por ciento; y, para el resto de actores será del seis por ciento.”

Entendemos que el objetivo central de este Proyecto de Código Orgánico de la Economía     Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, es el desarrollo homogéneo de estas actividades en todo el territorio nacional, por lo que establecer incentivos tributarios que promuevan la reinversión de utilidades de los sujetos pasivos en un determinado espacio del conocimiento no tiene sentido ni justificación alguna, por lo que sugiero que en la parte final del literal indicado se señale que la reducción será del diez por ciento para los actores que operen en cualquier espacio del conocimiento y en cualquier lugar en el Ecuador.

5.    En el Artículo 559, referente a los programas de financiamiento del capital semilla, se señala en el último párrafo lo siguiente:

“Si como resultado  del programa o proyecto para el fomento de la innovación social se obtienen productos o servicios que produjeran ganancia económica, la inversión  recibida se sujetará a devolución total o parcial al Sistema para que financie nuevos programas de innovación social velando por la sostenibilidad en el tiempo, conforme al reglamento que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dicte para el efecto”

Lo que los emprendedores tecnológicos han reclamado permanentemente en el Ecuador es la falta de recursos financieros que permitan la realización de emprendimientos tecnológicos con capitales semilla o capitales de riesgo y, obviamente, siempre han estado dispuestos a devolver esos recursos parcial o totalmente en la medida que los resultados positivos de los emprendimientos lo permitan. Pero además, en el caso de proyectos exitosos que obtengan utilidades o réditos económicos en exceso a los recursos invertidos, también los emprendedores, como no podía ser de otra manera, están dispuestos a compartir esas utilidades con la entidad que en primer lugar les facilitó los recursos financieros que les permitieron realizar su proyecto.  Por ello sugiero la siguiente redacción para el literal indicado:

“Si como resultado del programa o proyecto para el fomento de la innovación social se obtienen productos o servicios que produjeran ganancia económica, la inversión recibida se sujetará a devolución total o parcial al sistema y, de ser factible, también se compartirán las utilidades que produjeren los proyectos para que la entidad pública pueda financiar nuevos programas de innovación social, velando por la sostenibilidad en el tiempo, conforme al reglamento que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dicte para el efecto.

6.  En el Artículo 560 que habla de programas de financiamiento a través de capital de riesgo, curiosamente no se indica devolución de fondos ni parcial ni total en el caso de que el proyecto sea exitoso, por lo que sugiero la inclusión del literal propuesto para el artículo 559, como último párrafo del Artículo 560.

7.  En la Disposición General Tercera se indica:

“TERCERA.-  En los institutos públicos de investigación científica, las universidades de docencia con investigación y las empresas públicas cuya actividad principal está relacionada a la investigación científica, existirán incubadoras de emprendimientos de base tecnológica y centros  de transferencia de tecnología, acorde al reglamento que la Secretaría de     Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dicte para el efecto.  Los centros de transferencias acreditados tendrán las mismas exoneraciones y deducciones tributarias de aquellas entidades a que se encuentran adscritas.

Al respecto, sugiero que todas las universidades públicas y privadas en el Ecuador, eventualmente tengan incubadoras de emprendimientos de base tecnológica y centros de transferencia de tecnología, de conformidad a un reglamento que se dicte para el efecto.  Por lo pronto, debería ser de cumplimiento obligatorio inmediato esta disposición a todas las universidades que están en la categoría A, o que aspiren en el futuro a ingresar a ella.



INTERVENCIONES EN EL PLENO

En el tratamiento de las leyes indicadas tuve la oportunidad de intervenir 14 veces en el plenario de la Asamblea Nacional, en los temas que se indican a continuación

INTERVENCIÓN SESIÓN 309 DEL PLENO- OBJECIÓN PARCIAL AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA



En su momento, tanto en el Primer Debate, como en el Segundo Debate, manifesté claramente mi posición sobre el Proyecto de Ley del Servicio de Energía Eléctrica votamos en contra del mismo, porque incluía algunas disposiciones que a mi juicio no eran aceptables: para empezar, el Proyecto que hoy ya es Ley, no garantiza la sostenibilidad del sector en el tiempo, pues no permite a las empresas eléctricas recuperar sus inversiones ni la depreciación de sus equipos; en segundo lugar, no hay la autonomía necesaria para la supervisión y control del funcionamiento de las empresas eléctricas, al convertir a las dependencias que hoy son totalmente autónomas en simples dependencias administrativas del Ministerio de Electricidad; es decir, el Ministerio se convierte en juez y parte en el sector; e tercer lugar, aplaudíamos la iniciativa de que se permita la inversión privada en todas las actividades del sector eléctrico, pero no podíamos estar de acuerdo jamás en que, en el caso de empresas estatales públicas o subsidiarias de estas empresas, se permita la asignación de concesiones a dedo, porque esto es perjudicial para la transparencia y, sobre todo, para elegir la mejor oferta técnica y financiera en función de los intereses del Ecuador; y, finalmente, en su momento también manifestamos nuestra inquietud en el sentido de que resultaba muy curioso que se incluya una disposición que prohíbe a las empresas eléctricas el cobro en las planillas de servicio eléctrico de las tasas de recolección de basura, que cobran la mayoría de los municipios del país y, sobre todo, la tasa que corresponde al Cuerpo de Bomberos en cada localidad, que también se cobra en la planilla de servicio eléctrico.  Siempre me pregunté qué estaba detrás de este tema y, claro, la primera cosa que se me vino a la mente es que se trata de un manejo político de querer causar molestias y daño a los municipios, sin darse cuenta de que realmente a aquellos municipios que tienen en mente todo el tiempo no les va a causar ningún problema; el Municipio de Guayaquil, el de Quito, el de Cuenca y en general, los municipios de las poblaciones importantes del Ecuador, seguramente encontrarán un mecanismo alternativo que les permita seguir cobrando las tasas antes mencionadas sin ningún problema. Pero que va a pasar con los pequeños municipios que no tienen una infraestructura ni siquiera, a veces, para cobrar los impuestos prediales, menos tasas como las señaladas.


INTERVENCIÓN SESIÓN 313 DEL PLENO- LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES



En el Ecuador se paga por telefonía móvil en promedio diez centavos de dólar, cuando en el resto de América Latina se paga la mitad, es decir, cinco centavos por minuto. Siempre aspirábamos que la nueva ley corrija las distorsiones gravísimas que se cometieron cuando se renegociaron las concesiones con las dos empresas privadas que ofrecen este servicio en el Ecuador, pero desgraciadamente hasta el momento no ha ocurrido nada sobre el tema que constituye nuestra principal preocupación: el abuso de estas empresas hacia los consumidores. Ningún funcionario del Gobierno ha dicho algo sobre esta realidad en el Ecuador y se acaba de anunciar la negociación de la denominada cuatro banda G con las empresas privadas y allí tampoco vemos ninguna mejora para los 16 millones de usuarios de la telefonía móvil en el país. Esto es realmente preocupante y quiero volver a insistir que el tema de fondo de las telecomunicaciones es que en el Ecuador tengamos un servicio de calidad, pero también a precios que se compaginen con la realidad de los mercados internacionales. Esto no ocurre en el Ecuador y mantengo mi posición de reclamar a las autoridades del Estado que obliguen a las empresas que dan este servicio en el Ecuador a cobrar lo que se cobra en los demás países de América Latina.

INTERVENCIÓN SESIÓN 321 DEL PLENO - LEY ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR


Recordemos que el modelo de Seguridad Social y el modelo de pensiones que tenemos en el Ecuador es el mismo que se estableció en la mayoría de países del mundo y está basando en un modelo en el que la afiliación es universal, pero además obligatoria y además, todos los aportes de los trabajadores enrolados sirven para pagar a los jubilados. Está claro y debe ser obvio para todos que este modelo funciona en la medida en que los aportes de los trabajadores enrolados efectivamente cubran los pagos de las jubilaciones, no solamente de las personas que ya están retiradas, sino también de las que están por jubilarse en las décadas siguientes. Cuando esto no ocurre, el modelo entra en una grave crisis y eso es precisamente lo que ha ocurrido prácticamente en todos los países del mundo en donde existen estos sistemas de seguridad social que tienen fondos de jubilación. No hay país en el que no exista una crisis, en algunos casos más graves que en otros, pero siempre hay una crisis que fundamentalmente se da porque no hay la garantía suficiente de que en el largo plazo se puedan pagar las pensiones correspondientes.
Para resolver esta crisis se ha seguido un modelo que debería aplicarse en el Ecuador: debería haber un diálogo muy serio, transparente y responsable entre los tres actores de este tema: el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Esta forma de resolver el problema, obviamente no se lo quiere aplicar en el Ecuador, porque también debe ser claro para todos nosotros que habría un alto costo político si se quisiera enfrentar seriamente esta gravísima problemática social. La seguridad social y, sobre todo, el fondo de jubilación de los trabajadores, es un gran pacto social y por ello desde los inicios, cuando las condiciones más o menos permitieron avizorar la vigencia financiera de estos fondos en el largo plazo, se vio que era necesario el subsidio del estado y esto sucede en todos los países en los que está vigente el fondo de pensiones para los trabajadores. El Ecuador no fue la excepción, aquí también hace algunas décadas como nos ha recordado varios asambleístas, ya estaba vigente la participación de aporte del Estado para que, conjuntamente con los aportes de los empleadores y trabajadores, sea viable el pago de pensiones a los jubilados.

Repito: En el Ecuador no se ha querido enfrentar seriamente el tema y esto no solamente no ha querido hacerlo el actual gobierno; debo reconocer que tampoco lo hicieron los gobiernos anteriores y más bien se optado por el camino de agravar la crisis del IESS en el Ecuador; manejo político de esta entidad ha existido siempre, pero nunca como ahora.

En estos ocho años de gobierno del presidente Correa hemos visto con asombro cómo se ha hecho un manejo político para favorecer los intereses financieros del gobiernos y cuando, producto de que ya no tienen los petrodólares que les produjo la bonanza petrolera, le quieren reducir al IESS el aporte del Estado para poder seguir sosteniendo el gasto irresponsable que ha caracterizado el trabajo del actual gobierno, no se les ha ocurrido mejor idea que afectar seriamente la viabilidad financiera del fondo de jubilaciones en el largo plazo. Yo no me voy a referir a cifras que aquí ya se han dicho, pero es obvio que tenemos un problema de crisis financiera en el fondo de jubilaciones del Ecuador.

No puedo estar de ninguna manera de acuerdo en que el Gobierno Nacional, a través de este Proyecto de Ley, se le ocurra, primero, desconocer las deudas que el Estado ha tenido con la Seguridad Social; segundo, negar que de aquí en adelante se vaya a dar el subsidio del 40% que está establecido por lo menos hace cuarenta años, porque ello garantizaría le hecatombe financiera del fondo de jubilaciones en las próximas décadas; y, tercero, tampoco puedo estar de acuerdo con el despojo de las utilidades legítimas a las que tienen derecho más de 16.000 trabajadores que también esta ley pretende quitar. Por todo ello, desde ya mi pronunciamiento más enérgico en contra de la aprobación de este Proyecto de Ley, que no es otra cosa que posponer para el futuro una gravísima crisis financiera que tendrán que enfrentar los futuros gobiernos, pero sobre todo, que tendrán que pagarla los ecuatorianos, es decir, quienes en definitiva siempre vamos a ser las víctimas de los desatinos que cometen los gobiernos, como este del que estamos hablando. Siempre se nos ha recordados que el mayor daño que se le ha hecho a la sociedad en las últimas décadas fue la crisis bancaria; esto señores, representa por lo menos cuatro o cinco veces el equivalente a aquella.



INTERVENCIÓN SESIÓN 322 DEL PLENO - PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS TRIBUTARIOS SOBRE IMPUESTOS NACIONALES



En el Ecuador estamos inmersos en una grave crisis, producto del despilfarro de la bonanza petrolera,  que hoy obliga al Gobierno Nacional, a través de todos los mecanismos posibles, a recaudar recursos. En ese contexto hay que mirar este Proyecto de Ley. Es una manera de obtener recursos rápidamente, fundamentalmente favoreciendo los intereses de los grandes deudores, de los grandes evasores, de aquellos que no han honrado sus obligaciones tributarias y que son, generalmente,  los grandes empresarios. Es verdad que algunos pequeños empresarios también se van a beneficiar de esa remisión de multas e intereses y van a ser precisamente aquellos a los que nunca debió aplicárseles multas ni intereses; son aquellos ciudadanos que, en primer lugar, no tienen siquiera que pagar impuesto a la renta, pero se olvidaron de hacer las declaraciones del mismo, o en su defecto, tienen que declarar impuesto a la renta, pero lo hacen en pequeñas cantidades y por varias  razones no lo pagan a tiempo y entonces se les aplican las multas realmente usureras que están vigentes en el Ecuador, que convierten estas obligaciones en deudas muy grandes y difíciles de pagar para los ciudadanos de escasos recursos. Pero por otro lado, y esto es lo más importante, habría que ver quiénes son los grandes beneficiarios de esta remisión de multas e intereses. En la Asamblea Nacional quisiéramos conocer los nombres de los grandes empresarios que se van a beneficiar con esta amnistía fiscal. Ya escuchamos por ahí que son los grandes petroleros, las multinacionales y empresarios que siempre han estado acostumbrados a no pagar oportunamente sus impuestos. Quiero señalar que, en términos de recaudación de dinero, estas amnistías fiscales siempre han tenido éxitos muy relativos, no solamente en muchas partes del mundo, sino también en el Ecuador; de hecho la amnistía fiscal que se aprobó en el Ecuador, si no me equivoco en el año 2008, apenas produjo una recaudación extraordinaria de no más de 200 millones de dólares, es decir, la quinta parte de las deudas que estaban en litigio en ese momento, que sumaban mil millones.  De acuerdo a las estadísticas que se han presentado en los informes, se nos ha dicho que el monto de las deudas sería más o menos 3 mil millones  de dólares, obviamente si incluir las multas e intereses, que suman otros 3 mil millones. De esos 3 mil millones, según he escuchado esta mañana a la Directora del SRI, aspiran a recaudar apenas 500 millones de dólares. Ojalá sea así por el bien de todos los ecuatorianos, porque en la medida en la que este gobierno vaya cerrando la enorme brecha fiscal que tiene, evidentemente podemos dormir más tranquilos y no esperar nuevos paquetazos en las próximas semanas.

INTERVENCION SESIÓN 324 DEL PLENO: SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS TRIBUTARIOS SOBRE IMPUESTOS NACIONALES


Cuando los ciudadanos y empresas por cualquier razón no cumplen con sus obligaciones tributarias, evidentemente una de las fuentes más importantes de ingresos del Estado tienen problemas y por lo tanto no tiene los suficientes recursos para satisfacer las necesidades de todos los ecuatorianos. Por ello es importante pagar los impuestos y honrar las obligaciones tributarias.

Quiero compartir con ustedes un reciente estudio que se ha hecho sobre el perfil del contribuyente, porque aquí hay hallazgos muy notables que reflejan lo que ha ocurrido los últimos quince años en el Ecuador: Se ha establecido poco a poco una cultura tributaria que hace que la mayoría de los ecuatorianos paguen a tiempo sus obligaciones tributarias porque creen que eso es cumplir con la ley, porque creen que eso es ser ciudadanos responsables. La encuesta realizada en Guayaquil arroja lo siguiente:  23% de los ciudadanos pagan sus obligaciones tributarias porque creen que esa es su responsabilidad; 37% lo hacen porque piensan que ese dinero sirve para mejorar el país; 17% lo hacen por su propia ética y apenas un 11% lo hacen para evitar multas e intereses. Es decir, el 88% de los ciudadanos pagan a tiempo sus obligaciones tributarias porque creen que es ético, porque piensan que es parte de sus responsabilidades ciudadanas, porque saben que esto sirve a la sociedad. Por lo tanto, jamás podemos estar de acuerdo con leyes que permiten el perdón y el olvido a ese pequeño porcentaje de ciudadanos y empresas que siempre aquí y en cualquier parte hacen un gran negocio de la evasión de sus obligaciones tributarias. Los proyectos de amnistía fiscal, remisión de multas e intereses, o restauración tributaria son siempre una mala idea, han sido materia de muchos escándalos en los países donde se han aplicado, siempre terminan envueltos en actos de corrupción y en altos costos políticos para las legislaturas que los aprueban.  Este tipo de proyectos son una mala idea, en primer lugar porque siempre son intentos desesperados de los gobiernos para obtener recursos cuando tienen graves crisis fiscales y requieren  con urgencia de fondos adicionales.  Nunca recaudan lo que realmente está en litigio y, de hecho el Ecuador no ha sido la excepción.  Pero también es una mala idea porque este tipo de iniciativas inducen a los contribuyentes honestos, que son la mayoría, a eludir el pago de impuestos en el futuro y esto lo hacen por dos motivaciones fundamentales: primero, porque el contribuyente honesto se da cuenta de que la administración tributaria no tiene la suficiente capacidad administrativa o la legislación tributaria tiene vacíos que permiten la evasión de impuestos; y segundo, porque al pasar este tipo de amnistías fiscales, el ciudadano honesto se percata de que el sistema fiscal en el país en realidad trata mejor a los contribuyentes que no honran sus obligaciones que a los ciudadanos que sí pagan sus impuestos a tiempo. Este tipo de proyectos siempre terminan beneficiando a grandes evasores consuetudinarios. Se nos ha dicho que en el caso ecuatoriano y en la presente iniciativa legal se van a beneficiar más de 1.900.000 ecuatorianos. Quiero recordarles que la mayoría de personas naturales o pequeñas empresas que tienen un problema con el SRI, nunca debieron haber estado en esa situación; son, efectivamente, pequeñas empresas o ciudadanos que por desconocimiento de los plazos que señala la ley o porque simplemente consideraban que no tenían que hacer su declaración de impuesto a la renta, porque no estaban siquiera obligados a pagar impuestos, no honraron sus obligaciones a tiempo y luego vinieron los famosos intereses y multas que hicieron en un momento dado impagables estas obligaciones.

Pero el tiempo dirá quiénes son los grandes beneficiarios… Por lo tanto, si realmente queremos beneficiar a la gran mayoría de este 1.900.000 ciudadanos y empresas incluidas en este tema, pongamos un tope a los beneficios que se pueden derivar de esta amnistía fiscal, para de esa manera impedir que los evasores de siempre se aprovechen una vez más de la gravedad de la crisis fiscal que está enfrentando el actual Gobierno para nuevamente hacer el gran negocio de no pagar sus obligaciones tributarias. Por ello, desde ya, mi voto no será a favor de esta propuesta legislativa si no se pone un techo a estos beneficios, para realmente favorecer al pequeño contribuyente y a la pequeña empresa.



INTERVENCIÓN SESIÓN 347 DEL PLENO: SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL USO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN.



Debo reconocer que comparando la versión presentada para el Primer Debate con la que nos ponen a consideración el día de hoy, ha habido algunos cambios importantes que van, a mi juicio, en la dirección positiva sobre cómo atacar y resolver el problema de las drogas en el Ecuador. Comparto lo que señala la Constitución General del Estado en el sentido de que la drogadicción es un tema de salud pública y que por tanto es obligación del Gobierno Central asignar de manera prioritaria todos los recursos necesarios para atender adecuadamente a las víctimas de este terrible mal que es la drogadicción. Todo mi apoyo y mi compromiso de transitar por ese rumbo. También creo en el tema de la capacitación a todo nivel sobre los peligros de las drogas y estupefacientes; creo en la formación de personal especializado que pueda realmente dar capacitación a todo nivel sobre estos temas. Creo que la solución global  a este mal social implica varias acciones que en gran medida son competencia del Gobierno Nacional. Evidentemente, la mayor motivación que puede existir para el tráfico de drogas es la falta de empleo de muchas personas de escasos recursos económicos; entonces, parte de la solución integral, indudablemente, va por el camino de la creación de empleo, por el camino de mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, por ello es importante tener un modelo de gestión de los recursos del Estado que realmente produzca bienestar y apunte a crear empleo y produzca recursos para afrontar estos temas sociales que son prioritarios. Le deseo al Gobierno Nacional la mayor de las suertes, pues sin duda alguna van a aprobar este proyecto que sin duda alguna y que esta segunda versión tiene algunos cambios que van en la dirección correcta. No se ajusta al modelo de gestión que nosotros preconizamos y por lo tanto no lo vamos a apoyar, pero repito, sí le deseo la mejor de las suertes al Gobierno en todos los esfuerzos que se señalan en algunos artículos de este Proyecto de Ley para atacar este gravísimo mal. Ojalá que así sea por el bien de nuestros hijos y de las futuras generaciones del país.
INTERVENCION SESIÓN 348 DEL PLENO: INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE SOBERANÍA, INTEGRACIÓN, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL, RESPECTO DEL PEDIDO DE APROBACIÓN DEL "CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COREA PARA SERVICIOS AÉREOS ENTRE Y MÁS ALLÁ DE SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS"



El transporte aéreo de carga  y pasajeros entre dos países es importante, sobre todo cuando se trata de hacerlo con un país como la República de Corea, más conocido internacionalmente como Corea del Sur y en ese sentido, anticipo que obviamente vamos a estar de acuerdo en dar nuestro voto afirmativo para que este convenio se firme con Corea del Sur. Ahora bien, hay numerosos estudios que señalan que el transporte aéreo entre los países es un elemento muy importante para permitir el desarrollo económico y social entre las naciones. Por ello es que siempre será bienvenida la idea de que se puedan firmar estos convenios que además están regulados por convenios macro o marco a nivel internacional  que permiten que estas cosas se puedan hacer entre numerosos países. El hacerlo con un país como Corea del Sur tiene su importancia adicional no solamente por las ventajas que podrían eventualmente tener los pasajeros y las personas que envíen carga directamente a Corea, sino que estamos hablando de un país que, gracias al esfuerzo de su gente, gracias al sacrificio y trabajo denodado de algunas generaciones, que sufrieron enormes problemas como las guerras y otros temas políticos que asolaron este país hace algunas décadas, ha logrado convertirse en los últimos sesenta años, con el trabajo de su gente, de un país muy pobre a nivel mundial, tanto que tenía un ingreso per cápita muy inferior a la mayoría de países latinoamericanos, en una potencia económica mundial, con un gran desarrollo económico y tecnológico, que hoy representa una economía con la que todos quisieran hacer negocios. El convenio que se firmaría no va a producir réditos inmediatos, porque actualmente resulta muy oneroso tener vuelos directos a Corea del Sur, porque no tenemos ni la capacidad técnica para hacerlo y porque económicamente no es atractivo hacerlo. Existe muy poco comercio con Corea del Sur, -con quien, dicho sea de paso, tenemos un déficit en la balanza comercial de más o menos 800 millones de dólares-,  pero además, el intercambio turístico resulta ser escaso, de manera que, como ya he dicho, no vamos a ver réditos económicos en el corto plazo, pero quedarán sentadas las bases para que en el largo plazo pudiera explotarse adecuadamente un intercambio aéreo directo entre Corea del Sur y el Ecuador.
En el análisis de este convenio en la Comisión hubo algunas intervenciones que quisiera resaltar, porque es conveniente que tengamos conocimiento de algunos temas que nos pueden afectar, tanto en el transporte aéreo, como en otras actividades económicas. Muchos, entre los cuales me incluyo, sostenemos que el Ecuador, por diversas razones, se ha convertido en un país de elevados costos y precios, un país en el que son pocas las actividades competitivas a nivel internacional y el negocio del transporte aéreo no ha escapado a esa realidad. El Ecuador, si bien es cierto, tiene una ubicación geográfica estratégica, que le permitiría eventualmente se un hub importante en la cuenca del Pacífico en América Latina; sin embargo, no lo es y difícilmente lo va a ser en el corto plazo. Hay países en los que sí se han desarrollado estos hubs comerciales de aviación, como el caso de Panamá, Bogotá y Lima. ¿Por qué ocurre esto en otras partes y no en Ecuador, a pesar de que tenemos una ubicación geográfica mejor que la de Panamá? Porque simplemente en Ecuador los costos de transporte aéreo son extremadamente altos y esta es una realidad que hay que reconocerla y analizarla seriamente si queremos que en algún momento los aeropuertos internacionales de Ecuador, ya sea el de Quito, el de Guayaquil o el de Manta, pudiera competir con éxito en el tema de carga y de transporte de pasajeros con los rivales que tenemos en América Latina. En el negocio de la aviación el combustible representa el principal costo operativo de las aerolíneas.  En estudios realizados con la aviación tradicional se ha encontrado que ese costo representa entre el 30 y 35% del costo total de operación; ocurre que en el Ecuador, al precio internacional del combustible de aviación que se vende a las aerolíneas extranjeras, lo cual es correcto, hay que añadir un 5% de impuestos, que van a alimentar los ingresos de la Aviación Civil; esto, sumado a una serie de sobretasas aeroportuarias, que dicho sea de paso ni siquiera son iguales en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, ha hecho que este negocio sea muy caro en nuestro país y por lo tanto, esto se deberá reducir, a efecto de que el transporte aéreo se convierta eventualmente en una actividad  importante, que permita el desarrollo social y económico del País. Algunos dirán que es la dolarización la que nos tiene en este problema, pero les quiero recordar que Panamá es una economía dolarizada y sin embargo ha logrado tener el principal hub de transporte aéreo en América Latina. Con todas estas consideraciones quiero afirmar nuevamente el compromiso de apoyar con nuestro voto la firma de este convenio, que en el largo plazo puede traer réditos importantes para el Ecuador.







INTERVENCION SESION 352 DEL PLENO: PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE INCENTIVOS PARA ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA



¡Se acabó la bonanza petrolera! Luego de más de nueve años en los que el Gobierno Nacional ha podido utilizar más de 230.000 millones de dólares que bien invertidos pudieron haber convertido a la economía ecuatoriana en una economía sostenible, competitiva y, sobre todo en una economía que podría enfrentar cualquier contingencia que no esté bajo control de las autoridades del Gobierno. Eso no ha ocurrido y hoy frente a una situación en la que los precios bajos del petróleo, la apreciación del dólar y, fundamentalmente los altos precios y costos de la economía ecuatoriana, nos enfrentamos a un colapso económico que poco a poco se va sintiendo en todos los sectores de la economía ecuatoriana. Se acabaron los dólares y por consiguiente ya no se puede disponer de ellos para seguir con el gasto dispendioso para crear una burocracia gigantesca, a veces en entidades que ni siquiera sabemos para qué sirven. Se acabaron los petrodólares y ahora no tenemos dinero para la inversión pública, a veces sí en proyectos necesarios para el desarrollo nacional, pero también y muchas veces desgraciadamente en proyectos faraónicos de poca rentabilidad social y económica y algunos de ellos un tremendo fracaso; ejemplos hay muchísimos. SENPLADES, ese organismo omnipresente en la vida nacional, a lo largo de los años se encargó de construir un modelo de gestión autoritario, regulador, impuestero, controlador, sancionador y, sobre todo, adverso a la inversión privada. Un organismo y un modelo que permanentemente ha satanizado la inversión privada, que le ha disgustado la prosperidad y el bienestar de las empresas privadas y lo ha proclamado a los cuatro vientos. Ese el modelo que ahora se nos dice que la inversión privada siempre fue bienvenida en el Ecuador y que siempre estuvo prevista en el denominado Plan del Desarrollo del Buen Vivir.
Los resultados, luego de nueve años, muestran todo lo contrario; remitámonos a los resultados, la inversión privada en el Ecuador ha sido muy escasa en comparación con lo que ha ocurrido en los países vecinos Colombia y Perú. La inversión privada en el Ecuador ha sido insignificante. Por ello repito, una vez que se agotaron los dólares y como no queremos recortar el gasto público, como queremos seguir invirtiendo en obras innecesarias, nos acordamos de la empresa privada y planteamos una apertura tenue, tibia, leve a la inversión privada con esta iniciativa denominada Ley de Incentivos de Alianzas Público-Privadas.

INTERVENCIÓN SESIÓN 353 DEL PLENO: PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN.



La creatividad, la innovación, el emprendimiento, la generación de conocimientos, no son temas que se pueden producir por decretos o por una legislación particular; se requiere ciertas condiciones para que esto ocurra, fundamentalmente, por parte de los gobiernos, el apoyo, la decisión política, los incentivos necesarios para que realmente en una sociedad pueda haber emprendedores, innovadores, creadores de conocimiento. Hay mucha gente en todos los ámbitos del quehacer social que ha propuesto modelos para indicar cómo se genera el conocimiento y la innovación, que han dado recetas mágicas para que esto se produzca espontáneamente en los países y, obviamente, también han propuesto modelos o leyes que dicen, de la noche a la mañana, producir un desarrollo científico y tecnológico en las sociedades. En mi experiencia como educador y a lo largo de los años he descubierto que no existen las recetas mágicas ni los modelos que puedan sacarnos del subdesarrollo de la noche a la mañana. He tenido la oportunidad de ver de cerca los resultados de la aplicación de distintas políticas y modelos de desarrollo científico y tecnológico en muchas partes del mundo y lo que yo puedo transmitir de estas experiencias es que algunas de las buenas prácticas que he observado son exitosas en muchos países.
En primer lugar, empecemos por el tema de la excelencia en la educación superior, para lo que se requiere, más allá de leyes y normativas, haya un pleno ejercicio de la autonomía universitaria y financiera; que haya absoluta libertad de cátedra y absoluta libertad de investigación. Este es el sistema que en muchas partes del mundo ha ayudado a catapultar el desarrollo científico y la producción el conocimiento.
Otra práctica virtuosa que produce resultados positivos es que haya una vinculación adecuada de incentivos y ayudas económicas de parte de los gobiernos, pero también del sector privado. Los países que más desarrollo científico y tecnológico poseen, que producen más patentes y más inventos aportan al desarrollo de la humanidad, son precisamente aquellos en los que el sector privado y el sector público aportan recursos importantes para la producción y desarrollo del conocimiento. También se observa que, lamentablemente, los países que menos desarrollo científico y tecnológico poseen, son precisamente aquellos que dependen casi totalmente de los aportes del estado.
En conclusión, lo que nosotros deberíamos hacer es recoger algunas de esas buenas prácticas.


INTERVENCIÓN EN LA CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN 353 DEL PLENO: PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN.



Había manifestado en mi primera intervención sobre el tema que para el desarrollo de la investigación científica con el fin de tener realmente una sociedad basada en el conocimiento, eran necesarias algunas condiciones previas, entre ellas, la existencia de un sistema de un sistema de educación superior de excelencia, la absoluta libertad de cátedra e investigación y, por supuesto, el financiamiento adecuado, tanto del sector público como del privado, para las actividades del desarrollo científico y tecnológico; por tanto, me voy a referir a esta última parte, que considero fundamental a efectos de que en el Ecuador en un futuro cercano tengamos algún grado de desarrollo científico y tecnológico importante.

En el Libro 4, que se refiere a distintos incentivos administrativo-financieros y fiscales relacionados con la investigación, el Artículo 543 habla de la pre-asignación de recursos que servirían fundamentalmente para financiar los programas de desarrollo científico y tecnológico, y se menciona que la fuente de recursos sería el 1% no reembolsable del monto de pago a los contratistas del sector petrolero. Como ese sector está en crisis, incluso impago en buena parte de sus facturas, no tengo idea al momento de cuánto podría representar este 1%. De igual forma, la segunda fuente tiene que ver con el 1% no reembolsable de los ingresos de las operadoras en el sector de las telecomunicaciones. Esta asignación ya estaba dispuesta en la Ley de Telecomunicaciones y estaba destinada primordialmente a financiar investigaciones relativas a temas de telecomunicación. Finalmente se habla del 0.5% del pago de las planillas al Seguro Social.  Pediría aclarar a qué 0.5% se refiere, puesto que se indica a continuación que todas estas pre asignaciones ya existen y no se trata de la creación de nuevas contribuciones o impuestos. Lo que yo conozco es que existe un aporte patronal del 1%, del cual 0.5% está destinado a financiar las actividades del IECE y 0.5% a financiar las actividades del SECAP; por lo expuesto, sería importante aclarar a qué se refiere esta pre asignación. En todo caso, la suma de estas tres pre asignaciones, debería dar un aporte total de al menos 0.55% del PIB, a las actividades de ciencia y tecnología en el país, lo  cual sigue siendo insuficiente si tomamos en cuenta que los países que han logrado una importante producción científica y tecnológica destinan a estas actividades por lo menos un 3% del PIB y, por supuesto, también hay una contribución importante del sector privado.

En el Artículo 548 se habla de los permisos que se dan en el sector público para que personal de la administración pueda hacer cursos de capacitación o incursionar en cualquier tema para la obtención de un título. La Ley deja en libertad a la oficina de talento humana para conceder la licencia con o sin remuneración al servidor público; esto trae un problema de discrecionalidad que generalmente termina en serios incidentes.  Por lo tanto, mi recomendación sería que se otorgue licencias para estas actividades a todos, o no se otorguen a ninguno, pero que no se deje la discrecionalidad sujeta a lo que decida la oficina de recursos humanos de cada institución.

En el Capítulo II se habla de los incentivos financieros y el Artículo 555 establece incentivos tributarios en los que se reduce el impuesto a la renta cuando los sujetos pasivos que reinviertan sus utilidades en proyectos y programas de investigación científica o tecnológica, pueden gozar de una reversión del impuesto a la renta hasta del 10% si se trata de inversiones en ciudades del conocimiento, del 8% si se trata de otro tipo de áreas de producción del conocimiento y en el resto de los sitios del 6%.  Yo creo que este Artículo es discriminatorio y no tiene justificación alguna.



INTERVENCIÓN SESIÓN 354 DEL PLENO: SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE INCENTIVOS PARA ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS, Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA



En el debate de la semana anterior había manifestado que el modelo económico aplicado en nuestro país se agotó.  Se agotó porque la bonanza petrolera ha terminado y por tanto, ahora el Gobierno Nacional mira con urgencia lo que antes no le llamó para nada la atención: la participación de la inversión privada y extranjera en esto que se denomina alianzas público-privadas.  Es curioso que durante los días que se ha debatido este tema en los medios, en la Comisión y en la ciudadanía en general, constatar que los principales detractores de esta iniciativa –que los asambleístas de oposición sabemos perfectamente de qué se trata; nunca pensamos que ésta era una iniciativa para privatizar nada, sabíamos perfectamente qué es lo que se buscaba con este Proyecto- son los simpatizantes y algunos colaboradores del propio Gobierno, a quienes nunca agradó la idea de la participación privada.

Qué es lo que tenemos en Ecuador? Qué es lo que pueden ver los inversionistas extranjeros sobre la situación que vivimos actualmente en Ecuador? Por un lado, tenemos un modelo en el que muchos –hay que ser muy claros y no hay razón para que esto moleste a nadie-  satanizan la inversión privada, la ven como algo indeseable; no la quisieron antes, ni la quieren ahora. Pero además, esos inversionistas extranjeros van a ver que en Ecuador está plenamente vigente un modelo de gestión económica estatista, centralizador, extremadamente regulador, inquisidor, sancionador e impuestero. Esto es lo que se ve desde afuera. Pero también van a ver en los hechos cosas que nadie puede negar, pues no podemos tapar el sol con un dedo: aquí existen salvaguardias, tenemos un impuesto a la salida de capitales, cambiamos frecuentemente las reglas tributarias, no hay garantías en cuanto a la estabilidad jurídica; el propio Presidente amenaza que hará los cambios en materia tributaria cuando él estime conveniente. Hay en definitiva, un ambiente poco propicio para el desempeño empresarial; es más, se sataniza el éxito empresarial, se afirma que la gran mayoría de  empresas en el Ecuador que son de estructura familiar, al igual que en todas partes del mundo, deben desaparecer, no se incentiva ni reconoce el éxito empresarial, sino que se los amenaza con afectar seriamente el patrimonio que construimos los ecuatorianos y que, obviamente, queremos dejarlo como herencia a nuestros hijos.  En este ambiente, el resultado real que se percibe afuera sobre el Ecuador  es que el riesgo país está bordeando los mil cuatrocientos puntos; esto significa que alguien que deseara traer su capital al país va a demandar un retorno de ese capital de por lo menos  15 o 16% , tasa que es muy elevada. Esa es la realidad que vivimos en el país.

El Proyecto de Ley que estamos tratando plantea una apertura parcial y esto trae un problema, porque no es correcto, lógico ni razonable pretender traer una gran inversión extranjera, cuando la limitamos solamente a proyectos públicos que el Gobierno considere prioritarios. Los incentivos deben abrirse a cualquier inversión que sea necesaria para el desarrollo del Ecuador y esto lo hemos planteado reiteradamente, pidiendo que estos incentivos se extiendan también a proyectos que se desarrollen en las áreas estratégicas y creo que es un gran acierto de la Comisión haber recogido al menos el tema que tiene que ver con los proyectos hidroeléctricos.


INTERVENCIÓN EN LA CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN 357 DEL PLENO: INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO Y SU REGULACIÓN Y CONTROL, REFERENTE A LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016, A LA PROGRAMACIÓN CUATRIANUAL 2016-2019 Y AL LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO



El Presupuesto General del Estado es un mecanismo de los gobiernos para asignar recursos a las distintas actividades de inversión productiva y social, además del gasto corriente de un país y esté, obviamente, debe estar en concordancia con los ingresos que pudiera tener el gobierno, por ello, en todos los parlamentos mundiales la discusión de una proforma presupuestaria es una de las más importantes que se adoptan en el seno de esas asambleas legislativas. En el Ecuador, desgraciadamente, nos encontramos en una situación en la que esta Asamblea no tiene poder de decisión, prácticamente no puede hacer ningún cambio y ahora ni siquiera tiene el tiempo para analizar adecuadamente la propuesta que le envía el Ejecutivo. Por ello me sumo a los reclamos planteados por algunos asambleístas acerca de que ésta es, sin duda alguna, una de las reformas constitucionales que deberán darse en el futuro, pues no es correcto que el Presupuesto General del Estado sea discutido y aprobado en la forma en la que lo estamos haciendo hoy. El mero hecho de que el presupuesto que se ha planteado para el 2016 sea de 6.000 millones menos que el aprobado para el año 2015 ya refleja y evidencia que hay un problema muy serio y que la crisis económica en el Ecuador refleja que los ingresos que va a obtener el Estado no va a soportar el nivel de gasto al que estaba acostumbrado, por lo menos en referencia al presupuesto actual y desgraciadamente esta propuesta vuelve a presentar los mismos errores que encontramos en la del año pasado: no hay una precisión adecuada de los ingresos y se sobrevaloran los ingresos que vamos a obtener por concepto de impuestos en el 2016; tampoco existen indicios claros acerca de cómo se resolverá el problema del déficit; los asuntos del endeudamiento externo siguen siendo un gran misterio para los ciudadanos y también para los asambleístas, quienes no conocemos los términos en los que el Gobierno se ha endeudado agresivamente en estos últimos años, ni del endeudamiento adicional que se plantearía para el 2016; en el tema de los egresos, no se prioriza el gasto social y la inversión productiva en temas en los que todos podamos estar de acuerdo, porque hemos reclamado constantemente acerca del gasto, tanto en el de inversión como el corriente, de la parte improductiva, que no produce ningún rédito social, de eso hay muchísimos ejemplos. No es posible, por ejemplo que cuando se examinan los grandes proyectos que van a financiarse en el 2016, aparezca la construcción de grandes edificios a los que llaman “plataformas gubernamentales”…Ese tipo de inversiones deben posponerse en una economía de crisis. Cuando pedimos recortar el gasto burocrático innecesario no hablamos de despedir a los maestros o de dejar de contratar médicos y enfermeras para las nuevas instalaciones hospitalarias que vayan a inaugurarse en el 2016, sino que hablamos de los ministros de Estado que salen a la calle resguardados con 5 vehículos y dos motocicletas llenos de guardaespaldas, hablamos de los gastos en la atosigante publicidad, que inunda todos los medios con una propaganda totalmente innecesaria, hablamos de que se contrata a personas que perciben sueldos que están muy por encima de la escala salarial del servicio público.

No obstante todo lo señalado, hay un tema de fondo que quisiera analizar: He escuchado decir al Presidente de la República y a algunos asambleístas, es que en la Proforma Presupuestaria para el 2016 se prioriza al ser humano sobre el capital y con esto se envía el mensaje de que no va a haber despidos en el sector público para recortar el gasto corriente; todos estamos plenamente de acuerdo en esto, pero el desempleo crece cada día en Ecuador y eso sí afecta al ser humano. Por desgracia, tan pronto termine este año, el número de ecuatorianos que van a quedar desempleados en el sector privado será enorme, porque las empresas esperan liquidar este año para despedir a muchos de sus empleados. Entonces, el Presupuesto General del Estado, que no es otra cosa que la implementación de políticas que en la actual coyuntura permitan salir de una crisis que es evidente, no está sirviendo ese propósito, no hay indicios de que el Gobierno quiera recortar los onerosos gastos improductivos, no hay indicios de que el Gobierno vaya a abrir las puertas a la inversión productiva, no hay indicios de que se eliminarán los costos e impuestos que están encareciendo los precios en las actividades productivas, no hay apertura para el empresariado ecuatoriano y se sigue satanizando la riqueza y el éxito empresarial y se sigue poniendo trabas de toda índole para que las actividades productivas puedan realmente tomar vuelo, generar empleo y generar riqueza. Es lamentable que con el voto de los asambleístas del correísmo se vaya a aprobar esta Proforma Presupuestaria, que para nada responde a la crisis económica en la que estamos inmersos y se va a profundizar en el año 2016 y esto es una irresponsabilidad que de todas maneras corresponde a toda la Asamblea Nacional.

INTERVENCIÓN SESION 360 DEL PLENO: ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN



“Cuando uno quiere hacer oposición a un gobierno, se puede acudir a las calles y a las plazas del Ecuador, se puede acudir a los medios, se puede utilizar las redes sociales; pero cuando uno ha recibido votos en los diferentes distritos electorales y somos asambleístas, éste (el Pleno de la Asamblea) es el lugar que nos corresponde por mandato popular para defender los intereses de nuestros votantes y para hacer oposición, si es del caso. Por ello estamos hoy aquí todos los integrantes del bloque del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero.
Este paquete de las denominadas enmiendas electorales que se presentó hace un año a consideración del pueblo ecuatoriano y que en un momento fuera avalado por una Corte Constitucional sumisa a los intereses del gobierno, ahora nos toca discutir en segundo debate y aprobar o negar en forma definitiva.
A lo largo de más de un año, el Gobierno y sus asambleístas han tratado de venderle la idea al pueblo ecuatoriano de que estas denominadas enmiendas no afectan a la estructura y elementos constitutivos del Estado y que, por el contrario, aumentan garantías. El debate nacional que se ha producido a lo largo y ancho de todas nuestras poblaciones; el debate que se ha producido en las universidades, en distintas organizaciones sociales, en colegios profesionales, en foros de opinión, nos dice que más del 85% de la población cree que deben consultarse las denominadas encuestas, y deben consultarse porque no son enmiendas, la mayoría de ellas son reformas a la Constitución, son temas que sí afectan a las garantías y derechos de los ciudadanos.”


INTERVENCIÓN SESIÓN 361 DEL PLENO: LEY ORGÁNICA DE INCENTIVOS PARA ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA



Cuando conocimos que el Ejecutivo estaba enviando un Proyecto de Ley con carácter económico urgente, que tenía que ver con la posibilidad de que se establezcan alianzas público-privadas en el Ecuador, saludamos con mucha expectativa esta iniciativa, porque pensábamos que luego de casi nueve años de gestión del actual Gobierno, tiempo en el que se había renegado siempre de la inversión privada nacional y extranjera, ahora por fin se iba a dar la posibilidad de que la inversión privada también participe en el desarrollo nacional. Pero luego, cuando conocim006Fs ya el Proyecto de Ley y se discutía el articulado, nos dimos cuenta de que esta iniciativa no representaba una verdadera apertura a la inversión privada. Apenas es una leve apertura y está dirigida principalmente a proyectos que poco a poco estamos viendo que tuvieron siempre nombre y apellido, proyectos de alianzas público-privadas que es de todos sabido que el Gobierno estaba negociando y que por razones derivadas de la crisis económica en la que está inmerso el Ecuador, no era posible concretarlos si no existían de por medio incentivos que permitieran viabilizar estas negociaciones en algún momento. Cuando finalmente se aprueba este proyecto, se incluyen en el mismo cosas totalmente  criticables, como lo es la disposición que permitió el resurgimiento de un impuesto que había sido derogado en su momento y que tiene que ver con el dos por mil del capital pagado de las empresas asentadas en la ciudad de Guayaquil para el mantenimiento del sistema hospitalario de esa ciudad. Creíamos que ese impuesto se había derogado, pero desgraciadamente el Ejecutivo lo restableció en una disposición general de este Proyecto de Ley. Ahora que el veto tenía la oportunidad de corregir ese desacierto, esa iniciativa totalmente injusta y discriminatoria con la ciudad de Guayaquil y sus empresarios, no la ha hecho. Al mantenerse este impuesto del dos por mil,  nosotros jamás podremos estar de acuerdo con el fondo de esta Ley.  Pero aún hay más: en el veto del ejecutivo se incorpora un nuevo ataque, una nueva minimización a la Contraloría General del Estado al limitarla a que las auditorías de las empresas de economía mixta no pueda hacerlas directamente esta institución y tenga que hacerlo obligadamente a través de una empresa privada de auditoría. Quiero recordar un proceso que ha sido rápido y doloroso en el tema de la Contraloría General del Estado y que se ha producido específicamente en este Gobierno: Empezó con la aprobación de la Ley de Contratación Pública, en la cual se eliminó lo que existió por muchos años en el Ecuador, que era el informe previo de la Contraloría General del Estado a efectos de poder contratar una obra en el sector público; ahora ese examen es cuando el paciente ha fallecido, cuando no se puede hacer nada en el caso de muchas obras que han demandado una enorme inversión de recursos del Estado y  encontramos que no sirven para nada, que hay un lucro cesante enorme y una obra que en definitiva no responde a los intereses de la sociedad ecuatoriana. Luego viene el tema de la denominada enmienda constitucional, en la que se cercena uno de los roles fundamentales que le asigna la Constitución a la Contraloría; ahora este ente de control no puede hacer auditorías de la gestión de las entidades públicas y esto es muy grave, porque la verdadera auditoría de los recursos públicos no consiste solamente en verificar el buen uso de recursos en cuanto al cumplimiento de disposiciones legales y contractuales en las obras que se ejecutan, sino fundamentalmente en auditar la calidad del gasto y si el propósito de los recursos invertidos en un proyecto se está cumpliendo o no, si hay o no lucro cesante en una inversión. Esa es la verdadera función de un ente rector del control del gasto de recursos públicos. Con la denominada enmienda, que es en realidad una reforma, todo esto se produjo en detrimento de las funciones de la Contraloría General del Estado y ahora, una de las escasas funciones que todavía le quedaban a la Contraloría y que tiene que ver con la auditoría de los estados financieros de las empresas de economía mixta, que son aquellas en las que el Estado realiza una sociedad con una entidad privada para ejecutar un proyecto, asociación en la que necesariamente, por mandato de la ley, el Estado debe tener participación mayoritaria, es decir, al menos el 51%. En ese tipo de empresas, la ley determina que la auditoría de los estados financieros debe hacerla necesariamente la Contraloría General del Estado de una manera directa, y si por alguna razón no fuese esto posible, podría contratar los servicios de una empresa auditora privada. Ahora, con el veto del Ejecutivo, se elimina la posibilidad de que la Contraloría pueda hacer directamente esa auditoría

Qué es lo que persigue el actual Gobierno con respecto al control del uso de los recursos públicos. ¿No se quiere que el uso de los recursos públicos sea debidamente auditado.  Que haya la transparencia necesaria para que todos los ecuatorianos estemos seguros de la buena utilización de estos recursos? ¿Qué se persigue con estos constantes ataques a la Contraloría General del Estado? Quiero resaltar en materia del uso de los recursos públicos, siempre es necesario el control de un ente estatal. Lamento que una vez más el Ejecutivo, a través de este Proyecto de Ley, pretenda nuevamente minimizar el rol de la Contraloría General del Estado.
SESIONES DE LA COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA



Como miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa asistí  a 37 de las 38 reuniones convocadas que corresponde aproximadamente al 98% de asistencias. En todas ellas he tenido participación activa en el debate de los temas que se trataron.








El detalle de los temas tratados se adjunta en el siguiente cuadro:







ENTREVISTAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN


ENTREVISTA ECUADOR EN VIVO. TEMA: PROYECTO DE LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
En la entrevista concedida a Radio Atalaya, el día 18 de Mayo de 2013, hable sobre el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Gestión y Usos del Suelo.
“Se quiere controlar el suelo porque perdieron las elecciones del 23 de febrero (2014), así de simple, entonces ahora no han encontrado mejor forma de hostigar la labor de los Municipios, que ellos no controlan políticamente, a través de una ley en donde básicamente un comité de gestión nacional que lo presidiría una persona que sería una especie de súper alcaldesa o súper alcalde”



ENTREVISTA EN RADIO ATALAYA
En la entrevista concedida a Radio Atalaya, el día 17 de Septiembre de 2015, hable sobre la Ley de Herencias y plusvalías. “Cómo es posible que se diga que la primera conclusión importante del denominado diálogo sea el tema de la Ley de Herencias, como si el pueblo ecuatoriano no tiene ninguna preocupación sino el tema de la Ley de Herencias, el verdadero diálogo se debería dar con cada uno de los sectores del país para ver cómo se enfrenta la actual crisis económica.



ENTREVISTA EN TELERAMA. PROGRAMA ECUADOR EN VIVO. TEMA: LEY DE INCENTIVOS POR ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS
En la entrevista concedida al programa Ecuador en Vivo en Telerama, el día 1 de Octubre de 2015, hable sobre Ley de Incentivos por Asociaciones Público-Privadas. Como miembro de la Comisión de desarrollo económico de la Asamblea, mencioné que el proyecto de ley tiene el propósito de atraer inversión privada y concesionar proyectos bajo la figura de “gestión delegada”. La empresa privada pondría la inversión en obras del Estado y les concederían la gestión. Se ha mencionado entre las obras el puerto de aguas profundas en Posorja.
Además, señalé que debe abrir el abanico de exenciones a otros sectores productivos, también, y reconsiderar las leyes de herencias y plusvalía puesto que “no estamos dando el mensaje adecuado a los inversionistas extranjeros”.


ENTREVISTA EN TV LEGISLATIVA. PROGRAMA DIÁLOGO. TEMA: GUAYAQUIL Y SU ECONOMÍA
En la entrevista concedida al programa Diálogo en Vivo en la TV Legislativa, el día 7 de Octubre de 2015, hable sobre Guayaquil y su economía.
El destino de las ciudades cosmopolitas y de gran población, es recibir a muchos habitantes de otros lugares, lo cual genera grandes problemas y responsabilidades. La mayor parte de su población no ha nacido en Guayaquil y ha llegado de distintos sectores del Ecuador; todos los sectores de la Patria están representados en Guayaquil y esto ha hecho que, con el paso de los años, estas personas no solamente se hayan vinculado a la actividad comercial, industrial, política de la ciudad, sino que se han convertido en los mayores defensores de los intereses de Guayaquil. Todo esto sucede porque las oportunidades de desarrollo económico que ofrece una ciudad que es puerto son evidentes; el comercio siempre ha sido una actividad que más allá de lo que ocurra en otros sectores de la sociedad, ha sido muy importante en Guayaquil. Hoy, a pesar de que la ciudad ha sufrido un retroceso económico en los últimos años, producto del  modelo de gestión del actual Gobierno,  la ciudad sigue siendo la que más aporta al Producto Interno Bruto del Ecuador.
La responsabilidad que han tenido las alcaldías de León Febres Cordero en su momento y actualmente de Jaime Nebot ha sido en primer lugar la recuperación de la ciudad de la debacle en la que estuvo inmersa por mucho tiempo. Guayaquil era un gran basurero. A los guayaquileños nos avergonzaba mostrar nuestra ciudad a los visitantes, porque la ciudad era una debacle. El éxito del modelo que se ha implementado en la ciudad de Guayaquil, consiste en haber podido sintonizar adecuadamente las aspiraciones de la ciudad.
La frase “Guayaquil independiente” tiene una explicación primero histórica y luego política. Histórica, porque hay que entender que cuando Guayaquil se independiza en 1820, estaba más conectado al sur del continente que con Quito. En esa época, viajar de Guayaquil a Quito era sumamente difícil, mientras que era mucho más sencillo tomar un vapor en la ciudad de Guayaquil y llegar a Lima, por ejemplo. Por la ubicación geográfica y por razones de comunicación, Guayaquil se sentía con un espíritu más independentista y con el espíritu de tratar de asumir por su propia iniciativa el desarrollo de sus actividades económicas. Con el paso del tiempo esta frase pretende asumir el hecho de que siempre, no solamente en Ecuador sino en muchos otros países,  se ha centralizado todo modelo y gestión gubernamental en la capital y esto ha venido generando el desconocimiento de las realidades de todas las regiones del País. El tema principal de esta problemática es el menosprecio de una burocracia tecnificada afincada en la Capital, que mira con desdén las realidades locales.
ENTREVISTA EN RADIO REVISTA INFORMATIVA DEMOCRACIA. TEMA: LEY ORGÁNICA DE INCENTIVOS PARA ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS, Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA






En la entrevista concedida vía telefónica a la Radio Revista Informativa Democracia, el día 15 de Octubre de 2015, hable la Ley Orgánica de Incentivos para la asociación público-privada.
Es bastante extraña e incomprensible la presencia de la SENPLADES en el Comité Interinstitucional que señala el Proyecto de Ley de Alianzas Público-Privadas. Este es realmente un mal síntoma, puesto que la SENPLADES es el gran mentor ideológico del actual modelo de gestión del Gobierno, ese modelo estatista, concentrador, impuestero, regulador, sancionador. Además, en estos 9 años de Gobierno, el Presidente Correa nunca ha visto con buenos ojos la participación del sector privado en el desarrollo del Ecuador, de manera que, empecemos por allí, por la permanente exclusión de los representantes de los sectores productivos. La concepción ideológica del Movimiento Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano, coalición a al que me pertenezco, siempre va a apoyar de manera decidida cualquier iniciativa que vaya en la dirección de fortalecer la participación de la inversión privada nacional o extranjera en el desarrollo de las actividades productivas en el Ecuador. En eso siempre estaremos de acuerdo, pero hagámoslo bien, hagamos una apertura realmente a toda la inversión privada, porque lo que se plantea en el Proyecto de Ley es muy restringido, se limita exclusivamente a que se invitaría eventualmente a la inversión privada para que el Gobierno Nacional pueda seguir haciendo inversiones en su cartera de proyectos públicos que considere prioritarios. De la inmensa inversión pública que se ha hecho de los dólares que provinieron de la bonanza petrolera, vemos por doquier proyectos públicos que son un desastre, como el Aromo en Manabí, como el almacenamiento de gas en Monteverde que está totalmente subutilizado, la famosa reconversión de la refinería de Esmeraldas, que una vez reconvertida, debieron haber previsto que el crudo que iban a refinar es el que tiene actualmente el Ecuador y ahora descubren que  no sirve, porque está diseñada para otras características técnicas. Así podríamos seguir enumerando… El invitar a la empresa privada a financiar proyectos del sector público es una forma diferente de endeudamiento, pero es endeudamiento de todas maneras, porque ese proyecto de inversión, con el tiempo debe generar los recursos para repagar al inversionista, eso es obvio;  entonces, si los proyectos que escoja el Gobierno son parecidos a los ya enumerados, nos preocupa.
Por otra lado, el hecho de que no se abra la posibilidad de ofrecer los incentivos que se están planteando en este Proyecto de Ley a las demás actividades en las que la inversión privada puede ser de gran utilidad y de hecho ha permitido que los países vecinos prosperen a niveles muy superiores al Ecuador. Este proyecto crearía una competencia desleal pues existirían inversionistas de primera y de segunda categoría. Los de primera serían los que el Gobierno escoja para realizar los proyectos que le interesan, todos los demás serían de segunda… Pero además, la inversión privada en proyectos de gran envergadura que quiera realizar el Gobierno, no darán réditos económicos al inversionista ni en el corto, ni en el mediano plazo.


ENTREVISTA EN ECUAVISA. PROGRAMA CONTACTO DIRECTO. TEMA: PROYECTO LEY INCENTIVOS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En la entrevista concedida al programa Contacto Directo en Ecuavisa, el día 16 de Octubre de 2015, hable sobre Ley de Incentivos por Asociaciones Público-Privadas.
A la pregunta del periodista respecto a la suspensión de la sesión en la que se iba a tratar en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas, el Dr. Tacle responde que oficialmente no se conoce la razón por la que suspendió el debate, pero es de suponer que está relacionada con los cambios que se han dado en el Gabinete del Presidente Correa, donde hay dos personas clave en el proceso de socialización del Proyecto; por un lado, la Ministra Cely, que es quien había propuesto esta iniciativa dentro del Gobierno y estaba enfrentando las reuniones con los distintos voceros de los sectores empresariales; y el secretario de SENPLADES, que era la cabeza visible de una organización que, en este gobierno, antes y ahora, nunca ha sido amigable con la inversión privada, de tal manera que el mensaje que nos queda no es muy claro respecto a qué línea del Gobierno es la que se está imponiendo en el debate y en la eventual aprobación de la Ley.
El principal problema que enfrenta este Proyecto de Ley es que dentro del mismo gobierno hay personas que quieren torpedear esta iniciativa, puesto que piensan que se están privatizando las áreas del Estado.
Una de las críticas que ha recibido esta iniciativa del Gobierno por parte de muchos analistas económicos es que si el Gobierno va a seguir endeudándose, porque este Proyecto es un mecanismo de endeudamiento para construir más proyectos públicos, debe hacerlo solamente en aquellos que garanticen el retorno de la inversión, pues de lo contrario no tendrían en el futuro el dinero para devolverle al inversionista privado los fondos invertidos; de modo que los proyectos que el Gobierno seleccione deben ser altamente rentables en lo económico y, obviamente, de buen impacto social. Lamentablemente son muy pocos los proyectos que pueden generar un retorno adecuado. Por otra parte, el dar incentivos solamente a las instituciones privadas que participen de un proyecto en el Sector Público es, de hecho, crear una competencia desleal para la inversión privada.
Una de las cosas que más preocupan a la opinión pública respecto a este Proyecto de Ley, es la no inclusión de miembros del sector privado dentro del Comité Interinstitucional, lo que nosotros hemos propuesto es que el sector privado tenga un representante con voz pero sin voto dentro del Comité y de esa manera no habría ningún conflicto legar. Pero lo que ha propuesto el oficialismo es que tenga una participación en un denominado “comité consultivo”. Los empresarios no creen que ese sea el mecanismo adecuado y nosotros pensamos que no existe ningún problema, ni es inconstitucional que haya un delegado del sector privado en el Comité Interinstitucional.
Otro tema que preocupa sobremanera es que no se pueda acceder a tribunales de arbitraje cuando haya conflicto, puesto que el empresario privado no quiere es venir al Ecuador a invertir, entrar en un conflicto y tener que someterse a las decisiones de los organismos locales. Los incentivos que se presentan en este Proyecto de Ley son los mismos que se ofrecen en cualquier parte del mundo, por tanto, para lograr que los empresas extranjeras inviertan en Ecuador, hay que ofrecerles lo mismo que en otras partes del mundo: seguridad jurídica, cuyo punto fundamental es la solución de conflictos; cuando se dice en el proyecto que los potenciales conflictos tributarios y regulatorios no podrán solucionarse vía arbitraje a las aspiraciones del inversionista que viene al Ecuador.
En cuanto a la ratificación de la vigencia de la codificación de la Ley del Sistema Hospitalario docente de la Universidad de Guayaquil, el famoso dos por mil. En una ley de incentivos, se revive un impuesto a través de un proyecto económico urgente, esto es absolutamente injurídico. Si el Gobierno quiere revivir este impuesto, debe presentar un proyecto específico con ese propósito. A nuestro juicio, este impuesto quedó derogado, al igual que muchos otros, cuando se aprobó El Código Orgánico Monetario y Financiero, hace más de un año; de tal manera que esta propuesta es totalmente contraproducente, sobre todo cuando se quiere precisamente atraer a la inversión privada. Lo que sugerimos es que se retire del proyecto esta disposición general y que se dispute en los tribunales si este impuesto está vigente o no.
DEBATE EN ECUADOR TV. PROGRAMA PULSO POLÍTICO. TEMA: ENMIENDAS CONSTITUCIONALES





En el debate que participé en el programa Pulso Político en Ecuador TV, el día 11 de Noviembre de 2015, hable sobre las Enmiendas Constitucionales.
-Coincido con la gran mayoría de los ecuatorianos que a través de encuestas de opinión han manifestado que algunas de las propuestas que se denominan enmiendas constitucionales y que se están tratando en la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, en realidad sí cambian la estructura del Estado y sí atentan contra los derechos ciudadanos y, por lo tanto, yo me mantengo en esa línea. Lo temas importantes deben ser consultados a los ecuatorianos.
-Más allá de que esta reforma constitucional afecta o no la estructura del Estado, sí afecta a la democracia en sí. La reelección indefinida de autoridades en un sistema de elección popular no ha sido saludable en la historia de la humanidad, en Estados Unidos, para mencionar un caso, se introdujo una de las pocas enmiendas constitucionales en ese País, precisamente para evitar que el señor Roosevelt siga siendo reelecto indefinidamente, a pesar de que fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Nunca han sido buenas las elecciones indefinidas, pero además considero, al igual que muchísimos ecuatorianos –la gran mayoría- que este es un tema muy sensible y debe consultarse al pueblo ecuatoriano. Si el Gobierno ha consulta al pueblo temas de muy poca relevancia, por qué no hacerlo sobre un tema tan importante como la reelección indefinida!! En Bolivia el Presidente Evo Morales posiblemente será reelecto, pero él acude al pueblo a través de una consulta para determinar si tiene ese derecho.

ENTREVISTA EN RADIO REVISTA INFORMATIVA DEMOCRACIA. TEMA: LEY ORGÁNICA DE INCENTIVOS PARA ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS, Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA

En la entrevista concedida a la Radio Revista Informativa Democracia, el día 22 de Octubre de 2015, hablé la Ley Orgánica de Incentivos para la asociación público-privada.
Realmente llama la atención que a algunos voceros del Gobierno, a algunos asambleístas vinculados al Gobierno, les avergüence hablar de que estamos debatiendo el Proyecto de Alianzas Público-Privadas; ni siquiera quieren usar el nombre que el éste tiene.  Dicen que el Proyecto no se trata de alianzas con el sector privado, sino que en realidad este es un proyecto de “incentivos”; incluso se escucha que no se trata siquiera de incentivos, sino de reformas tributarias… Es decir, se niegan a decir de frente que éste es un tema de apertura del Gobierno, que ha sido adverso a la inversión privada desde sus inicios y ahora desean que los empresarios nacionales y extranjeros acudan al rescate del Gobierno, al que se le acabaron los dólares para seguir invirtiendo en proyectos del Sector Público. El Gobierno desea ahora que la empresa privada pueda y quiera realizar en conjunto proyectos destinados exclusivamente al Sector Público. Ese es el proyecto y no debemos olvidar cuál es la esencia del mismo: Puede haber una alianza entre el Gobierno Nacional y un grupo de empresarios a efectos de construir un proyecto público. Utilizan la frase  “gestión delegada”, que significa que el inversionista privado tendrá que poner el dinero que demande la construcción de la obra, pero además, deberá administrar la gestión de la obra; por ejemplo, en el caso de construir una carretera, la empresa privada va a manejar la administración de esa carretera cobrando un peaje que permita recuperar su inversión y generar una utilidad razonable. ¿Esta figura no es la misma a la que hemos llamado siempre concesiones? ¿Por qué ahora nos da vergüenza decir que es una concesión? No se trata de la venta de la Bandera Nacional, ni la venta de la soberanía del país, es lo que ha ocurrido siempre.
El meollo es que en este Gobierno nunca se deseó la inversión privada porque pesaron que los petrodólares serían eternos. Esta apertura va en la línea correcta, finalmente, pero es muy débil, puesto que está limitada exclusivamente a proyectos del Sector Público. ¿Y qué pasa con los demás sectores de la economía?  Lo que el Ecuador requiere es inversión privada en cualquier actividad, inversión que genere liquidez en la economía, que es un asunto urgente; inversión que genere empleo, que es urgente, porque se está perdiendo el empleo; inversión que, en definitiva, genere riqueza en el Ecuador y que sostenga la dolarización.
Una de las observaciones que he hecho a este proyecto es que se incluya en los incentivos a las áreas estratégicas, que están expresamente excluidas del mismo.










ENTREVISTA EN RADIO FOREVER
 
En la entrevista concedida a Radio Forever, el día 1 de Diciembre de 2015, hable sobre la Ley Orgánica de Incentivos para la asociación público-privada.
La Ley de Alianza Público-Provada, no está orientada incentivar cualquier proyecto sino los que le interesa al Estado, dijo el asambleísta del PSC-Madera de Guerrero, Moises Tacle. El legislador cuestionó que la normativa no permita la apertura a cualquier inversión privada, por lo que considera que esta Ley no ayudará a fomentar la inversión que necesita el país en estos momentos de crisis.
El asambleísta, afirmó que el gobierno debe reconocer que hay una crisis económica, que su modelo ya se agotó y no se puede sustentar solo en la inversión pública sin la intervención del sector privado.

ENTREVISTA EN RADIO SONORAMA
En la entrevista concedida a Radio Sonorama, el día 14 de Diciembre de 2015, hable sobre La Ley de Alianza Público-Privada, la cual no está orientada incentivar cualquier proyecto sino los que les interesan al Estado. La Ley no ayudará a fomentar la inversión que necesita el país en estos momentos de crisis ya que no permite la apertura a cualquier inversión privada.
El gobierno debe reconocer que hay una crisis económica, que su modelo ya se agotó y no se puede sustentar solo en la inversión pública sin la intervención del sector privado.
OTRAS ACTIVIDADES

INAUGURACIÓN DE OBRAS JUNTO AL ALCALDE JAIME NEBOT


El día 25 de agosto de 2015 acompañé al Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en la entrega más de más de 70 cuadras de aceras, pavimentación, bordillos, cunetas, agua potable, escalinatas y alcantarillado sanitario de Colinas de Martha Roldós y Colinas de Mapasingue Esta es una gran obra que mejora la vida de más de 40 mil habitantes de nuestro Guayaquil.

INSPECCION DE AVANCE DE OBRA JUNTO AL ALCALDE JAIME NEBOT

El día 25 de septiembre de 2015 acompañé al alcalde Jaime Nebot en una inspección a la construcción del balneario que se levanta en Sauces VI. La obra contará con una superficie de 6.440 m2.

ENTREGA FLORAL POR LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL

Junto al Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y otras autoridades, colocamos el 9 de Octubre la ofrenda floral al pie de la Columna de los Próceres, en el Plaza del Centenario.

CONVERSATORIO EN LA CANTERA 6. TEMA: ENMIENDAS CONSTITUCIONALES

El día 24 de octubre estuve hablando con los jóvenes de la Escuela de Formación Política y Liderazgo “La Cantera” sobre las enmiendas constitucionales que el Ejecutivo propuso debatir en el pleno de la Asamblea.
EXAMEN ESPECIAL PATRIMONIAL

El día 1 de Junio de 2015, la Contraloría General del Estado inició el examen especial a las Declaraciones Patrimoniales Juramentadas a los Asambleístas electos en el periodo 2013-2017. En base de la información entregada de las diferentes entidades y análisis efectuado a las fuentes y recursos percibidos, en el periodo auditado, la Contraloría General del Estado determinó que los movimientos económicos son coherentes. Por lo tanto se concluyó que no se encontraron elementos objetivos de un incremento patrimonial injustificado.



RENDICIÓN DE CUENTAS

El día 30 de enero del 2015 a las 11:00 a.m. rendí cuentas a la comunidad en el Auditorio de la Biblioteca Municipal en la ciudad de Guayaquil.





Una vez expuesto todo lo aquí incluido a la ciudadanía entregamos unos Cuestionarios de Retroalimentación que consistían de las siguientes tres preguntas:

1. Considera que el trabajo realizado por mí en el 2014 ha beneficiado a la Ciudadanía? Por qué?
2. Que leyes considera usted que son importantes desarrollar o modificar para beneficiar su entorno? Por qué?
3. Que otras sugerencias o aportes le quisiera dar al Asambleísta?

De estas preguntas obtubimos los siguientes resultados:

PRIMERA:


De la primera pregunta el 100% de las personas que contestaron el Cuestionario de Retroalimentación consideran que mi labor como Asambleísta en el 2014 ha beneficiado a la ciudadanía.


El 100% considera que las leyes que he apoyado han beneficiado a la Ciudadanía.

SEGUNDA:





El 50% de los ciudadanos que contestaron este cuestionario respondieron que les gustaría que se hagan cambios en la ley de educación, el otro 30% considera que se debe mejorar la Justicia aplicando castigos más severos a los asesinos, violadores y a su vez ladrones y el 20% restante desea que se mejore leyes relacionadas con la salud.

TERCERA:


El 40% de los participantes en este cuestionario consideran que debo apoyar aún más a los ciudadanos en la Educación.  Pero no solo a la educación escolar sino más bien ayudar a los jóvenes con campanas de Educación Sexual, educarlos como mantenerse alejado de las drogas, así hacerlos conscientes de lo que puede pasar si no hacen lo correcto y formar mejores jóvenes para el mañana.

El 35% quisiera que ayude a implementar Programas de Ayuda.  Especialmente para niños que salen a la calle a buscar trabajo.
 
Un 25% de los participantes sugirieron que siga apoyando y nos enfoquemos en cómo mejorar la seguridad de nuestra ciudad y apoye el cambio de ley que los beneficie de esta forma.  Los ciudadanos de nuestra ciudad aun quieren poder llegar a vivir en un lugar más seguro.

Debo concluir que viendo todo lo aquí expuesto mi labor como Asambleísta en el 2014 ha sido considerado por la ciudadanía como un trabajo excelente.  He tenido buenos comentarios de las personas que asistieron a mi Rendición de Cuentas, así como en mis diferentes Redes Sociales donde muy a menudo recibo palabras de apoyo y aceptación.  Seguiré esforzándome para poder cumplir con los ciudadanos en mi labor como Asambleísta por la Provincia del Guayas.


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ANEXOS







Anexo
1
Certificación de Asistencia al Pleno de la Asamblea Nacional 2015
Anexo
2
Hoja con las Asistencias a la Comisión de Desarrollo Económico,
Productivo y Microempresa entregada por la Comisión
Anexo
3
Invitación a Rendición de Cuentas

Anexo
4
Lista de Asistentes a la Rendición de Cuentas

Anexo
5
Ejemplo de Cuestionario de Retroalimentación

Anexo    
6
Nombramiento



Anexo
7
Declaración de Impuesto a la Renta del 2015



























ANEXO 1

ANEXO 2



ANEXO 3

INVITACION A RENDICION DE CUENTAS



ANEXO 4

LISTA DE ASISTENTES A RENDICION DE CUENTAS


ANEXO 5




ANEXO 6