En lo que va de la administración de la presidenta Gabriela Rivadeneira, la Asamblea Nacional ha aprobado 43 leyes, de las cuales 11 incentivan y fomentan directamente la inversión nacional y extranjera pública y privada y, lo que es más, la participación del sector de la economía popular y solidaria, con reglas claras que afianzan la seguridad jurídica.
Así, la Ley de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera se aplica a las asociaciones que tienen por objeto la provisión de bienes, obras o servicios por parte del Gobierno Central y los gobiernos autónomos descentralizados; incentiva la inversión, el financiamiento y flexibilización de créditos del exterior; promueve el financiamiento productivo y la inversión nacional o extranjera, independientemente del lugar del que provengan los recursos lícitos; concede exoneraciones del pago de impuestos nacionales y locales como elementos impulsores de la inversión.
La Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil genera el desarrollo integral del mercado de valores, permitiendo canalizar directamente el ahorro al sector productivo, sin recurrir a la intermediación bancaria, permitiendo la inclusión de nuevos emisores, pues se facilitan las condiciones de acceso para impulsar la participación de las pequeñas y medianas empresas.
Beneficio de estabilidad a los contratos de inversión, en los aspectos tributarios sobre todo en el impuesto a la renta, durante la vigencia del acuerdo, estabilidad de los compromisos contractuales que sean necesarios para la nueva inversión, son los aspectos principales de la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, que abre espacio a la inversión y la reconversión de la matriz productiva.
Con la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales se facilita que las empresas públicas extranjeras puedan comprar, arrendar o tomar en usufructo tierras rurales si cuentan con la autorización de la Autoridad Agraria Nacional. También participar en proyectos agrarios, siempre que tengan un socio ecuatoriano que sea dueño de la tierra rural. Las empresas públicas extranjeras pueden participar en proyectos agrarios de interés nacional en asocio con empresas públicas nacionales, compañías de economía mixta, personas naturales o jurídicas privadas, comunidades o empresas comunitarias, siempre y cuando mantengan la propiedad de la tierra. Las tierras dedicadas a actividades recreacionales o de turismo no sufrirán una limitación de derecho de propiedad en el marco de la redistribución de tierras rurales.
En tanto, la Ley de Minería regula, con claridad, la celebración de los contratos de prestación de servicios entre el Estado y las empresas estatales, extranjeras o consorcios en las que estas tengan participación mayoritaria y el derecho de libre comercialización. El Estado acordará con los concesionarios mineros el pago de rentas y regalías generadas por el aprovechamiento de minerales metálicos, con el producto refinado de su explotación. El Estado ecuatoriano puede delegar su participación en el sector estratégico minero, de manera excepcional a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria.
También se han dictado otras leyes que fomentan y fortalecen la inversión, como la Ley de Incentivos para el Sector Productivo; la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado; Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; Ley de Telecomunicaciones y el Código de la Producción, Comercio e Inversiones.
Asambleísta reelecto por la Provincia de Morona Santiago, por el proyecto de la Revolución Ciudadana."Abogado con postgrado en Derecho Penal, Doctor en Jurisprudencia, Dirigente Estudiantil, Dirigente Universitario, Dirigente Gremial, hombre de teoría revolucionaria".
