Conceptos de ciudad, sostenibilidad, límites urbanos y medidas para reubicar a quienes viven en zonas de riesgo, fueron puntos abordados en el segundo debate del proyecto de Ley de Uso y Gestión de Suelo, que se votará este jueves.
Después de la intervención de 20 asambleístas, la presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, anunció que la sesión se reanudará el jueves 12 de mayo, a las 08:20 para la presentación del informe final con las observaciones expuestas por los parlamentarios y la votación respectiva.
Los asambleístas centraron sus exposiciones en la creación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que tendría dentro de sus funciones el control y la sanción. Este punto aún causa discrepancias al interior del Pleno, pues mientras para unos legisladores es clara la necesidad de ese organismo, para otros, solo serviría para limitar la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Para la asambleísta Rocío Albán, en Ecuador no existe planificación urbanística y los intereses de los grupos inmobiliarios están por encima de la vida de los habitantes de las ciudades. Además dijo que la falta de planes se evidencia en las inequidades que existen entre lo urbano y rural. “El proyecto se enmarca dentro del concepto de urbanismo, donde se privilegia al ser humano y se habla de una nueva prospectiva de ciudades”, dijo.
Riesgos
La asambleísta María Soledad Vela (foto) puso como ejemplo a Manabí, en donde, según relató, hay estudios que delimitan las zonas de alto riesgo y, a pesar de ello, se permitió la construcción de edificaciones en esos lugares. “Ahora vemos los resultados, porque justo los sitios de mayor riesgo fueron los más afectados por el terremoto del pasado 16 de abril”, aseguró.
Dejó en claro que los desastres no los ocasiona la naturaleza, sino los seres humanos, porque no se respetan los ciclos naturales, ni se piensa en los riesgos. Pidió que en la Ley establezcan plazos y condiciones a los GAD para que identifiquen zonas de riesgo y apliquen medidas para reubicar a la gente que vive en esas áreas.
La propuesta de María Soledad Vela es una transitoria que explique que en 360 días a partir de la publicación de la Ley en el Registro Oficial, los GAD tengan lista una zonificación de riesgos y reasentamientos y un plan de reubicación aplicable para máximo cuatro años.
Con ese concepto coincidió la asambleísta Ximena Ponce, para quien el debate se debe centrar en la sostenibilidad de las ciudades. Aseguró que la ciudad debe ser un instrumento para la justicia social y equidad. “No solo debe ser un conjunto de redes de transporte y edificaciones de cemento, deben ser espacios que permitan la construcción social. Es necesario que se especifique el límite urbano, porque es innegable el crecimiento desmedido de la mancha urbana, que obedece a intereses mercantiles y políticos", dijo.
Uno de los asambleístas que se muestra contrario al proyecto de ley es Oswaldo Larriva, pues considera que con la creación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial se les restaría autonomía a los GAD. Pidió al presidente de la Comisión, Richard Calderón, que se analice el aspecto constitucional, para no crear un organismo que genere obstáculos a los ciudadanos.
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