La asambleísta Rocío Valarezo, en el marco del segundo debate del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, -aprobado esta mañana- propuso que se incluya una norma de regulación de construcción sismorresistente estandarizada para todo el país, de acuerdo a cada tipo de construcción y al número de pisos de cada vivienda o edificio, que obligue a los GAD municipales y metropolitanos a establecerlas en sus respectivas ordenanzas, previendo las sanciones establecidas en este mismo proyecto para quienes las incumplan.
La representante de la provincia de El Oro expresó que está de acuerdo con la creación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, argumentando que debe existir un organismo de control específicamente para esta materia, encargado de controlar que los GAD realicen las tareas que le están señaladas en la ley.
Al desestimar los criterios expuestos por algunos asambleístas de la oposición que han mostrado su desacuerdo con esta Superintendencia bajo el argumento que atenta contra la autonomía de los GAD y asigna competencias a instituciones ya existentes, afirmó que en la vigente Ley de Educación Superior, la creación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de ninguna manera han afectado la autonomía universitaria, por lo que es plenamente procedente la creación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, la cual de ninguna manera afectará la autonomía de los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales.
De la misma manera afirmó que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no existe un organismo con similares atribuciones a las que se concede a esta Superintendencia, por lo que remarcó que la descentralización de las funciones, competencias y atribuciones de los GAD no se verá mermada, pues estos continuarán ejerciendo sus actividades de conformidad con lo previsto en el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), con total independencia, pero siempre ciñéndose en materia de planificación a los planes de desarrollo regionales y nacionales previstos por el órgano planificador nacional.
Rocío Valarezo recordó que con el terremoto del pasado 16 de abril se evidenció la irresponsabilidad de algunos GAD municipales que permitieron la construcción de edificaciones sin estudios estructurales o en zonas de alto riesgo, por lo que ante la ausencia de un ente sancionador, el Estado ecuatoriano tiene dificultades legales para aplicar sanciones a los responsables de estas omisiones culposas.
