La Comisión del Derecho a la Salud, presidida por el asambleísta William Garzón, definirá en los próximos días el cronograma para el análisis y socialización del proyecto de Código Orgánico de la Salud, una vez que el Consejo de Administración Legislativa, lo calificó y dispuso que sea sustanciado por este organismo legislativo.
Este calendario de actividades tendrá un alcance nacional, en el que los legisladores se trasladarán a las diversas provincias para explicar el contenido y alcances del proyecto, así como la recepción de criterios, opiniones y observaciones de los representantes de los diferentes estamentos tanto públicos como privados que tengan relación con la salud.
Los legisladores analizarán y unificarán los proyectos que sobre la misma materia está tratando la comisión y presentarán un solo articulado para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
El proyecto de Código de Salud tiene como objeto establecer el régimen legal que permita el ejercicio y exigibilidad del derecho a la salud de todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y de las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano.
Además, regula a todas las personas naturales y jurídicas, entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias, en lo que respecta a la salud, como eje fundamental del régimen del buen vivir en todo el territorio nacional.
Contempla los principios de universalidad, equidad, gratuidad, precaución, gradualidad, igualdad, no discriminación, sostenibilidad, suficiencia, bioética, transparencia y solidaridad; así como los criterios de calidad, calidez, eficiencia, eficacia, responsabilidad y participación; con enfoque de derechos humanos, interculturalidad, género y generacional.
Uno de los principales argumentos para la presentación de esta propuesta es que la Ley del Sistema Nacional de Salud, la Ley Orgánica de Salud y sus reglamentos e instrumentos legales vigentes desde el 2002 y 2006 respectivamente, son incompatibles con las disposiciones de la Constitución de Montecristi, anacrónicos e insuficientes, frente a los nuevos desafíos que tiene el Estado para cumplir sus obligaciones constitucionales de garantizar a los ciudadanos el pleno ejercicio del derecho a la salud.
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