El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández, invitó para mañana, a las 09h30, a la viceprefecta de Tungurahua, Cecilia Chacón; Gustavo Alarcón, del Comité de Finanzas Populares; Javier Alvarado, de la Asociación de Barrios Condado y a Elsa Olmedo, representante de la Caja Eco Ahorradores, quienes darán sus aportes al proyecto de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria.
La viceprefecta en su última comparecencia en la comisión explicó las razones por las que se debe reformar la Ley de Economía Popular y Solidaria y precisó que existe insuficiente normativa regulatoria para los sectores comunitario y asociativo; lentitud en el registro, catastro y obtención de personaría de los actores del sector; dificultades para la obtención de títulos habilitantes necesarios para el desenvolvimiento económico de los actores de la economía popular y solidaria, como el Registro Único de Proveedores, Registro Sanitario, acceso al Régimen Simplificado de Tributación para organizaciones.
Los parlamentarios en esa ocasión solicitaron a la viceprefecta presente datos sobre la conformación de pequeñas y medianas empresas que se desarrollan en Tungurahua.
A las 11:00 los parlamentarios escucharán al representante del Comité de Finanzas Populares; a las 12:00, al delegado de la Asociación de Barrios Condado; y, a las 15:00, a la representante de la Caja Eco Ahorradores.
La ley busca reconocer, fomentar, fortalecer y dar trato preferente a quienes conforman la economía popular y solidaria y el sector financiero popular y solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el Estado; potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y en sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay.
También se pretende establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran este sector; establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control y acompañamiento; y, fomentar la inclusión económica de las personas en movilidad humana y de los grupos de atención prioritaria.
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