En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores estuvieron hoy los dirigentes del Parlamento Laboral, de la Central Unitaria de Trabajadores y de la Confederación de Servidores Públicos. Esto con el propósito de escuchar sus criterios en torno al proyecto de reformas a las leyes que rigen el sector público y que tiene como propósito garantizar el respeto al derecho a la huelga y a la organización de todos los servidores públicos.
La Central Unitaria de Trabajadores, a través de Liliana Durán, primera Vicepresidenta y Mario Molina, Secretario de Defensa Jurídico, ve como una oportunidad la normativa para que todos los trabajadores y servidores públicos tengan posibilidad de organizarse y fortalecer la organización sindical y la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores del país.
Mario Molina indicó que el servidor público tiene derecho a organizarse e implementar la mejora en la prestación de los servicios públicos, por lo que solicitó se considere la organización y participación en la huelga de conformidad con la Constitución y la ley.
También propuso se determine que el trabajador tenga derecho a participar en veedurías u observatorios para los procesos de selección o concursos de merecimiento.
Parlamento Laboral
El presidente del Parlamento Laboral, Jaime Arciniegas, insistió en su propuesta tendiente a permitir la constitución del contrato colectivo dentro de las organizaciones sindicales que se creen en el servicio público.
Indicó que el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo es complementario al 98 que hace referencia a los derechos de sindicación y negociación colectiva, que no se aplica en el país.
La Comisión considera que el Convenio 151 de la OIT claramente determina las diferencias que existen entre el derecho a la organización de los trabajadores en el sector público y no habla sobre el derecho a los contratos colectivos.
La legisladora Betty Carrillo aclaró que el Art. 8 del Convenio 151 de la OIT da las pautas de que la solución de conflicto puede ser la negociación, denominada en la reforma como diálogo social, a través de mecanismos o procedimientos alternativos como son el arbitraje, la mediación, como métodos alternativos de solución de conflictos.
La presidenta del organismo legislativo, Marllely Vásconez manifestó que el debate es público y abierto por lo que les invitó a ser parte del análisis y construcción de la normativa.
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