Dentro de la investigación sobre empresas offshore en paraísos fiscales, a la Comisión de Justicia acudió el presidente del Consejo de Educación Superior (CES), René Ramírez, quien anunció que el organismo prepara un conjunto de reformas legales para frenar el lucro en las universidades ecuatorianas, especialmente de las particulares, en cumplimiento del mandato constitucional.
Dijo que las reformas serán a la Ley de Educación Superior (LOES) y al proyecto de Ley para el cierre definitivo de universidades suspendidas por baja calidad. Las propuestas se orientan a prevenir y tipificar el lucro; que el CES tenga facultad para fiscalizar, investigar y sancionar prácticas irregulares, democratizar la elección de decanos y autoridades, así como atribuciones para regular aranceles, suspender entrega de recursos públicos, destitución de rectores y autoridades, entre otros aspectos.
Argumentó que es nefasto ver la vinculación, como una especie de gemelos, de la banca y la universidad, más aún cuando el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha demostrado que una parte de la riqueza y de los excedentes de la universidad particular están en paraísos fiscales o en grupos económicos nacionales o internacionales vinculados.
En promedio, continuó, los rectores ganan 62 mil dólares mensuales; en los últimos cuatro años la universidad particular movió 2 mil 800 millones de dólares y 208 millones están como excedentes, que no necesariamente van a reinversión, pues pasan a grupos económicos.
El inmobiliario es el mayor problema que se mantiene, ya que los propietarios alquilan en 70 mil dólares mensuales locales para universidades, lo que era una práctica normal de los centros cerrados, a la vez que advirtió que estas universidades hacen alianzas económicas con grupos internacionales, contratan tercerizaciones, en clara vinculación y triangulación, precisó.
Enfatizó que el cobro de aranceles y matrículas en nuestro país está entre las más altas de América Latina y lo más grave es el endeudamiento de familias, ya que los padres viven para pagar los créditos con el sistema financiero y las universidades, lo que urge corregir para evitar la privatización y elitización de la educación particular.
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