Gloria Grijalba, de la veeduría ciudadana para evaluar el cumplimiento de la inclusión de los actores y fomento de la economía popular y solidaria, aseguró que existe una arquitectura institucional orientada a mucho control y poco fomento para este sector. Ella acudió a la Comisión de Régimen Económico que se encuentra en el análisis del proyecto de Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS).
Argumentó que “no hay entidad nacional de fomento de la economía popular y solidaria con la que puedan coordinar los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales, pues la competencia del fomento productivo le corresponde a estos”. Es necesario incorporar en la estructura del Estado una entidad a tono con la realidad actual y de futuro para la economía nacional, generación de empleo y desarrollo, agregó.
Así mismo, dijo que la normativa para el registro, catastro y control “inunda” e inmoviliza al sector de la economía y las finanzas populares y solidarias. Sostuvo que estos elementos impiden que las organizaciones puedan cumplir adecuadamente lo requerido y, menos aún, enfocarse en el mejoramiento de su competitividad. En este caso pidió que se dé incentivos a la asociatividad y se fomente la integración de los actores en uniones y redes para tener vocería desde el sector.
También sugirió potenciar los circuitos económicos solidarios, las cadenas de valor y el desarrollo endógeno y que el BANECUADOR implemente un modelo de gestión orientado al sector asociativo.
Por otra parte, observó que no se ha conformado el Consejo Consultivo, por lo que no hay una vocería calificada y representativa. La implementación de acciones como el control y el financiamiento han sido hechas sin contar con información sobre el sector. También manifestó que hay definiciones como “sin ánimo de lucro”, “autogestión”, el “trabajo sobre el capital” con una visión reduccionista y distorsionada, que están ubicando a la economía popular yn solidaria (EPS) como una economía de sobrevivencia.
Sector cooperativo
A la Comisión también acudió Roberto Freire, experto en temas cooperativos. Sostuvo que uno de los problemas que impide mayor desarrollo en el gobierno cooperativo es no tener una definición legal sobre este concepto, para, a partir de ahí, armar un andamiaje, como por ejemplo el reglamento.
Propuso que se incluya un consejero independiente en el Consejo de Administración de las Cooperativas, para elevar a este ente a un nivel más técnico, es decir, que se convierta en una especie de asesor: independiente y sin voto.
Advirtió que el 90 % de la normativa sobre el gobierno cooperativo se encuentra en el reglamento y otras normas menores, por lo que planteó que “temas vitales como funciones, períodos, causales de destitución consten en la Ley Orgánica, a fin de brindar seguridad jurídica”. También se refirió a la representatividad y sugirió que se desarrolle un plan que permita incrementar los niveles de participación de los socios de las cooperativas en los procesos democráticos.
Posteriormente, la comisión continuó el análisis del articulado del proyecto, antes de elaborar el informe para segundo debate. Esta nueva ley reemplazará a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria vigente.
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