Para la asambleísta Pamela Falconí, el proyecto de Ley que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a las de Seguros que Oferten Coberturas de Seguros de Asistencia Médica, de su iniciativa, tiene enfoque biosicosocial y contempla los tres estados de atención al paciente: prevención, atención secundaria, (hospitalaria y el tratamiento) y la terciaria (que corresponde a la rehabilitación total), etapa que incluye apoyo psicológico.
Resaltó que la ley tiene un alto contenido social, para lo que se consideró la necesidad del usuario y se incluye el tratamiento de las adicciones y los problemas mentales que son frecuentes en la población ecuatoriana.
Se ha construido una ley práctica que les diga a las empresas de medicina prepagada que no se puede discriminar a una persona por tener discapacidad, por cumplir 65 años, ni por tener una preexistencia.
Explicó que el proyecto contempla atención ambulatoria completa, hospitalaria, que incluye alimentación, interconsultas, exámenes complementarios, apoyo psicológico y ayuda técnica como silla de ruedas, muletas, así como embarazos único o múltiples, complicados y atención al neonato.
Pamela Falconí argumentó que normalmente existen quejas en el sentido que la medicina prepagada solo cubre al afiliado cuando está enfermo o requiere una cirugía, pero no el estado primario de atención, cuando se requiere hacer un chequeo médico, vacunas o algún proceso de prevención en salud, como tampoco la reparación o los procesos de terapia y recuperación del paciente.
Explicó que según la norma la Autoridad Sanitaria Nacional se encargará de la revisión del prestador, esto es que las clínicas, consultorios, quirófanos y los equipos médicos cumplan los parámetros y los protocolos de atención, mientras que la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros se encargará del aspecto societario financiero, en la regulación de los precios.
Agregó que para ello la institución cuenta con técnicos que manejan datos probabilísticos, matemáticos, corridas financieras y asegurar que las empresas tengan patrimonio, reservas complementarias, técnicas y lo fundamental, un capital social mínimo que sirva de respaldo económico para que puedan funcionar de manera correcta.
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