En medio del debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Pleno recordó a los héroes del 2 de agosto de 1810, con un minuto de silencio. Esta iniciativa provino del asambleísta Víctor Hugo Jaramillo, quien asumió sus funciones en reemplazo de Zobeida Guidiño. Este legislador pidió no demorar más en la aprobación de esta norma, porque el pueblo espera por otras que son necesarias para su desarrollo.
Por su parte, Ángel Vilema afirmó que estas reformas son una deuda con el pueblo, mientras Soledad Buendía aseguró que la norma permite fortalecer la Función Legislativa. El robustecimiento de la participación ciudadana, mecanismos para regular el trabajo y asistencia de los legisladores, el papel del ponente con respecto a cambios del informe para segundo debate y el procedimiento para solicitudes de información fueron otros de los temas a los que se refirieron los parlamentarios.
Sobre la participación ciudadana Buendía propuso que se incluya la obligación de contar con la figura de la silla vacía en cada una de las sesiones de las comisiones para que un ciudadano o ciudadana tenga la posibilidad de discutir los proyectos que ahí se traten, con voz. En cambio, Vilema sugirió que se institucionalice la necesidad de contar con casas legislativas en todas la provincias del país para tener presencia en territorio y Esthela Acero pidió que los consensos que se obtengan de la consulta prelegislativa consten en la ley “tal como han sido trabajados” y los disensos procesarlos a la luz de la Constitución.
Mariangel Muñoz solicitó ir más allá de la legislación, a partir de los procesos de participación. Planteó que los legisladores deben responsabilizarse de la vigilancia del cumplimiento de las normas aprobadas, tal como se ha hecho con el Código Orgánico Integral Penal. Además, propuso que en la página web se incluya un registro de todas las leyes vigentes, así como las declaraciones juramentadas de los parlamentarios, servicios que deben ser de fácil acceso.
En cuanto al tiempo de espera para el inicio de las sesiones del Pleno y de las comisiones, Acero sostuvo que es mucho tiempo determinar 40 minutos, sugirió que sea máximo 10 y que las mismas se convoquen a las 08:00. También consideró que es muy amplio el porcentaje del 40% de inasistencias para sancionar a un legislador. Por su parte, Vilema recomendó que para corregir estos problemas se constate el quórum antes, durante y al final de cada sesión.
Tanto Rocío Valarezo, como Esthela Acero coincidieron en que las modificaciones que se realicen en el texto final de un proyecto después del segundo debate, debe ponérselas a consideración de la comisión y después del Pleno.
Sobre el pedido de información a los funcionarios, Oswaldo Larriva consideró que se lo debe hacer directamente y no a través de la Presidencia de la Asamblea, mientras que Mariangel Muñoz sostuvo que debe haber una exigencia legal para que quienes sean llamados al Legislativo asistan o al menos entreguen la información.
En otros temas, Rocío Valarezo pidió que se establezca un procedimiento sobre los proyectos de ley o de resolución que no se traten en las comisiones para que no queden en el limbo.
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