La Comisión de Gobiernos Autónomos invitará a las principales autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de las asociaciones de municipalidades y de gobiernos provinciales, así como a los gobiernos parroquiales para que expresen sus opiniones sobre el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre. Así lo anunció Richard Calderón, autor de la iniciativa y presidente de la comisión, que hoy abocó conocimiento del mismo.
La comisión elaborará una matriz en la que se compare la Ley de Caminos vigente y la nueva propuesta legal, para durante el estudio ir concretando un texto definitivo. Calderón contó que la norma actual rige desde 1964, por lo que es necesario actualizarla con los mandatos constitucionales y de acuerdo con los parámetros técnicos y modernos que exigen las innovaciones en el orden vial, que es necesario ponerlas a punto para trabajar de mejor manera en el país.
Calderón aseveró que el objetivo central del proyecto es que el Ecuador y los usuarios de la infraestructura vial puedan tener un servicio de calidad, que garantice la comunicación entre las poblaciones. Así mismo, dijo que busca que sea un instrumento para el desarrollo económico, en la medida en que a través de las vías se transportan productos y se apoya al turismo.
Además, informó que se pretende tener una institucionalidad que garantice este servicio eficiente y dé cuenta de ciertas sanciones a quienes incumplen las normas vigentes. También manifestó que se busca facilitar al Estado la construcción de nuevas vías, establecer mecanismos que permitan alianzas con el sector privado a través de la delegación y con esto garantizar el desarrollo del país en general.
El proyecto contiene 78 artículos, en los que se encuentra el objeto, el ámbito de aplicación, clasificación de vías, el desarrollo de infraestructura vial, el organismo rector, el derecho de vía, las expropiaciones e indemnizaciones, explotación de minas y uso de materiales, conservación de la infraestructura, régimen de colaboración público privada, procedimiento administrativo para la delegación de la prestación de servicios, control, infracciones, entre otros temas.
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